Acabemos con los ‘búnkeres fiscales’

Acabar con los búnkeres fiscales en Europa es una tarea urgente. La pérdida de recaudación de impuestos es más sangrante cuanto más se necesita cuadrar las cuentas públicas. El fraude fiscal es inmoral porque los contribuyentes pechan con la parte de los evasores. Perjudica al crecimiento y al empleo al hurtar recursos a la inversión pública. Y provoca o más recortes sociales o más alzas impositivas. Si el billón de euros evadidos anualmente al fisco en la UE pagasen impuestos, toda la deuda europea se fundiría en 8,8 años.

Hay tres vías para acabar con ellos. La más radical la formula el economista francés René Passet: cerrarlos. ¿Cómo? “Dejar de reconocer los actos jurídicos firmados en esos países”.

Esa bella pócima es tosca, por imposible. Y es que los búnkeres de hoy no son solo los “paraísos” isleños de ayer, jurisdicciones sin impuestos: abarcan también a los territorios casi sin impuestos o que permiten ingenierías financieras con impuestos casi cero, en las propias metrópolis. El Reino Unido jamás dejaría de reconocer los actos de la City (búnker, no paraíso), entre otras cosas porque la City manda más que la señora Windsor. Ahora bien, este mecanismo podría utilizarse como amenaza a los “paraísos” cercanos (Suiza, Liechtenstein), de forma que se aviniesen a adoptar las nuevas normas de la UE, que prometen ser más duras.

La segunda vía es el largo vía crucis de la armonización fiscal, por unanimidad, de los 27 Estados miembros de la Unión. Es la que ha acabado con el secreto bancario dentro de la Unión, salvo, de momento y por poco tiempo, en Luxemburgo y Austria. Tiene la ventaja de que muchos (27) pesan más que pocos, pero la desventaja de que hasta ahora se ha mostrado muy lenta.

En efecto, la directiva de 2003 sobre imposición al ahorro (capital) tardó 14 años y llegó con excepciones: los países mencionados, solo las personas físicas, y la especiosa condición de que se iría a remolque de los avances conseguidos en las negociaciones con los paraísos europeos externos a la UE: el más lento y generoso con la corrupción fiscal marcaba el ritmo de todos.

Esta es la vía que ha retomado el Consejo Europeo. No es obligatorio ser del todo escéptico, como el gato escaldado. Dará algunos frutos, aunque siempre algo más tarde y con menor intensidad de lo que las circunstancias requieren, pues hay que convencer / vencer a los jugadores ventajistas que van por libre. Y de lo que la opinión reclama: que tributen ya todos, evasores y multinacionales espabiladas entre ellos, y no solo los pringados de siempre. Un clamor que constituye uno de los pocos buenos frutos de la actual crisis.

Que se exija “que no tributen solo los pringados de siempre” es uno de los pocos buenos frutos de la crisis

La tercera vía ya se ha iniciado y se combinará con la anterior. Es la acción de una “vanguardia” de países. Cinco de ellos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España), a los que se han añadido otros cuatro (Polonia, Holanda, Bégica, Rumanía), están formalizando unos acuerdos tipo FATCA (Foreign Account Tax Compliance) con EE UU. Mediante ellos se intercambiarán todos los datos fiscales de clientes por encima de 50.000 dólares o bien retendrán el 30% a los intereses, dividendos y otros pagos por inversión.

Esta vía puede convertirse en la práctica en una conjura de los que quieran avanzar más, sorteando el odioso requisito de la unanimidad en las decisiones fiscales de la UE. Con solo mayoría cualificada, el artículo 116 del Tratado permite armonizar impuestos. Basta alegar que normativas bajistas como la irlandesa o la chipriota sobre el impuesto de sociedades, o el laxismo al comprobar el olor del dinero reciclado en las prácticas administrativas de otros, “distorsionan las condiciones de competencia en el mercado interior”, argumenta el profesor Agustín José Menéndez.

Es fácil demostrar que si un Estado miembro tolera impuestos cero o casi cero, su conducta equivale a la del que concede, por igual montante, ayudas públicas que falsean la competencia. Así, por la puerta de atrás, la Comisión puede impulsar la armonización fiscal tras consultar con los Estados, y en caso de desacuerdo, ir a la codecisión (con las otras instituciones). Solo se requiere voluntad política. Y parecería que, ahora, se esté desperezando.

Cuando los impuestos de los distintos países europeos estén —aunque con horquillas— armonizados, será el momento de “dotar a la Unión de un genuino poder fiscal” propio, como Menéndez, y otros, reclaman (“The Columbian journal of european law”, vol. 12, número 2, 2004). Así sea.