Renfe anima a las autonomías a asumir el coste de los trayectos a suprimir

El que quiera tren que lo pague, al menos si es muy deficitario. Esa es la postura de Renfe, que ha invitado a las comunidades autónomas a asumir el coste de las líneas de media distancia que se vayan a suprimir por no cumplir con unos mínimos de ocupación o rentabilidad y, por tanto, no estar dentro de la obligación de servicio público a financiar por el estado.

“En caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, dicha comunidad autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora, asumiendo el coste del servicio”, ha indicado Renfe en un comunicado.

El Gobierno tiene hasta el 30 de junio para decidir los servicios que cierra

De esta forma, la compañía reaccionaba a la publicación por EL PAÍS del plan contenido en un informe de Ineco, la consultora del Ministerio de Fomento, en el que se recomienda la supresión de 48 servicios de líneas de medias distancias considerados ineficientes, y la reducción de la oferta en un 32% del conjunto de 127 líneas de media distancia.

A propósito de ese informe, Fomento resaltó que se trata tan solo de un “informe de trabajo” encargado por el anterior Gobierno en el año 2010 y que fue finalizado por el departamento de Ana Pastor hace más de un año, y que se está trabajando en el plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre, según una portavoz del departamento. En la misma línea, Renfe precisó que “no está implantando” el informe del Ineco y que se trabaja en el marco de una “amplia colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales” en el plan de racionalización.

Sin embargo, el citado plan de racionalización del 28 de diciembre, al que alude Renfe, solo fija criterios generales y abstractos como “la garantía los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general” o “el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos”, pero no concreta el futuro de cada una de las líneas, sin que ni Renfe ni Fomento hayan aclarado si existe otro plan alternativo al margen del informe del Ineco. Tal y como argumentan, dicho documento lleva fecha de abril de 2012, pero entró en el registro del Congreso de los Diputados el pasado 22 de abril, hecho que Fomento justifica en la petición de un grupo parlamentario, precisamente para saber cómo se iba a aplicar el plan de racionalización. Ni Renfe ni Fomento han aclarado si han encargado un nuevo documento al margen del de Ineco que vaya servir de guía para decidir que líneas de media distancia serán cerradas. No cuentan con mucho tiempo. Antes del próximo 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros debe definir qué servicios resulta pertinente sujetar a obligación de servicio público, es decir, cuáles se subvencionan y cuáles se cierran.

Renfe señaló que en la actualidad hay servicios con importantes déficits, como que el 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo usa un 16% de los viajeros con una ocupación inferior al 15%, y que se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.

Por su parte, el Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley en el que reclama la retirada del plan de racionalización y la apertura de un proceso de negociación con interlocutores institucionales, económicos y sociales para elaborar un nuevo plan “incorporando criterios de fomento de la movilidad, de vertebración territorial y de oportunidades para el desarrollo económico y el empleo”.

Asimismo, el PSOE realizará a partir del próximo día 22 de mayo una campaña de movilización contra la supresión de servicios, y la necesidad de exigir al Gobierno una negociación en torno a un nuevo plan conforme a los criterios antes mencionados. En el mismo se realizarán iniciativas en parlamentos autonómicos y ayuntamientos, con actos públicos en las localidades afectadas.

Organizaciones de consumidores como CECU, rechazaron los planes de Fomento y su apuesta “por un sistema de movilidad poco eficiente, que opta por unir con caras líneas de Alta Velocidad a las capitales, dejando sin servicio adecuado a zonas de interior”.