La presión fiscal en España se sitúa por debajo de la de Grecia en 2011

La fiscalidad europea se recupera a cámara lenta, sin capacidad para contener el ciclón de la crisis de ingresos públicos. El peso de los ingresos sobre el PIB (presión fiscal) avanzó medio punto en 2011 respecto al año anterior, hasta alcanzar el 38,8%, según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. España escapa dramáticamente a esta tendencia, con solo un 31,4% de presión fiscal. Pese a las subidas de impuestos aprobadas, el peso de los tributos españoles en la economía está a la cola de los Veintisiete, incluso por detrás de Grecia.

Los datos presentados esta mañana revelan con claridad cómo se reparten los costes de la crisis por el lado de los ingresos. Mientras la crisis ha impuesto en casi todos los países subidas de los tipos de IRPF y del IVA, la fiscalidad sobre las empresas ha bajado durante todo el periodo, tanto en tipos medios como en recaudación. La Comisión Europea observa con alivio que esa tendencia se ha frenado en 2011 (últimos datos disponibles), pero apenas sirve para recomponer el cuadro fiscal: la mitad de la recaudación europea procede de cotizaciones sociales y otros impuestos al trabajo, aproximadamente un tercio lo aporta el consumo y solo un quinto proviene de las empresas.

Desde el año 2000, en pleno auge económico, los países europeos han reducido los tipos máximos del impuesto de sociedades casi nueve puntos porcentuales de media. La cifra supera los 12 puntos si se toma todo el periodo del que Eurostat tiene datos: 1995-2013. En el mismo periodo, también los tipos máximos aplicados a la renta de los ciudadanos han bajado, pero con menos intensidad (seis puntos desde el año 2000). Y además la llegada de la crisis ha supuesto un cambio de tendencia en esos descensos.

En España, los datos son especialmente relevantes. Con las últimas subidas fiscales aprobadas, el tipo máximo del IRPF (52%) se sitúa a la cabeza de Europa, solo superado por Suecia, Dinamarca, Bélgica y ahora también Portugal. El tipo nominal del impuesto de sociedades tampoco está entre los más bajos (30%) y el IVA ha subido cinco puntos en los últimos años, hasta el 21%. Y sin embargo los resultados de recaudación son bastante decepcionantes: mientras la media de los Veintisiete ve mejorar —modestamente— los ingresos públicos en relación con el total de la economía, España sigue retrocediendo. El 31,4% registrado en 2011 supone casi cuatro puntos menos que en el año 2000 y representa el peor dato de los países comunitarios más desarrollados. Solo Lituania, Bulgaria, Letonia, Rumanía, Eslovaquia e Irlanda arrojan datos inferiores.

A la espera de ver la evolución de las cifras en 2012 y 2013, años en que se han producido importantes subidas fiscales, el balance de Eurostat revela que la estrategia fiscal contra la crisis es bastante poco eficaz. Tres motivos principales lo explican. La maraña de deducciones que contiene el impuesto de sociedades reduce a niveles ridículos (inferiores al 10%) las cantidades que acaban pagando las empresas sobre sus beneficios. Entre los cinco países (Francia, Italia, Malta, Bélgica son los otros cuatro) con tipos teóricos superiores al 30%, España es, con diferencia, la que menos recauda (un 1,9% del PIB en 2011).

Irlanda, que ha hecho bandera de tener un impuesto de sociedades muy bajo (un 12,5% de tipo máximo) también recaudaba más que España, debido a la magnitud de las deducciones que se practicaban, que el Gobierno del PP ya limitó en 2012. El caso más llamativo era el de Chipre, que con el tipo teórico más bajo (un 10%) estaba entre los que más recaudaba (casi un 7% del PIB) en 2011, un indicio de la especialización de la economía mediterránea, ahora rescatada por la UE, en atraer capitales a toda costa.

Además de las peculiaridades del diseño del impuesto de sociedades, el deterioro del mercado de trabajo y la debilidad del consumo contienen la recaudación por estos dos conceptos aunque suban los tipos aplicados. Por últimos, el nivel de fraude fiscal en España es superior a la media comunitaria, lo que reduce la cantidad que el Estado recibe de la actividad económica generada en el país.