El Gobierno aplaza una treintena de reformas estructurales

Una de las cuestiones que más preocupan sobre España en el corazón administrativo de Europa, Bruselas, es el retraso de las reformas estructurales. Las principales instituciones internacionales (Comisión Europea, FMI, BCE) han reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que no afloje el ritmo en la aprobación de las medidas estructurales. Insisten en la advertencia, porque la mitad de las iniciativas asumidas por el Gobierno en el Consejo Europeo del verano pasado acumulan importantes retrasos [41 de las 72 medidas que debían aprobarse antes de marzo están congeladas]. Y el empujón a las medidas no llega, ni siquiera a pesar de que el viernes el Gobierno presentó su tan anunciado Plan Nacional de reformas. Porque, más que nuevas propuestas, lo que el Ejecutivo ha hecho es una reprogramación de antiguos compromisos.

El Ejecutivo, en su nueva planificación, posterga varios trimestres casi una treintena de medidas recogidas ya en el plan de 2012. Aunque los nuevos aires que llegan de Bruselas traen la esperanza de suavizar el ritmo de consolidación fiscal ante la evidencia de que la sobredosis de austeridad agrava la recesión, Europa no permitirá ni un paso atrás en materia de cambios estructurales. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, insistió la semana pasada: “España debe mantener el impulso reformista”.

De las cerca de 30 medidas que el Ejecutivo anunció en 2012 y que ahora posterga varios trimestres, media docena quedan aplazadas casi un año. Es el caso de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prevista inicialmente para el cuarto trimestre de 2012. Pero el nuevo texto precisa que la norma que regula “las obligaciones tasadas para los gestores públicos, entre otras, en materia de gestión económica y cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria” no estará aprobada hasta el último tramo de este año.

En la misma situación se encuentra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que el plan anterior preveía que estaría en marcha antes de diciembre de 2012. Pero el nuevo programa de reformas aplaza su creación hasta el último trimestre de 2013. Y eso a pesar de que ya existe un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que lleva en tramitación varios meses. Pero el organismo que unificará todos los reguladores y supervisores no termina de salir.

En la misma situación están la reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o la creación de la Agencia Estatal para investigación que se retrasan un año.

Pero uno de los aplazamientos más relevantes es la aprobación de la Autoridad Fiscal Independiente, una de las exigencias de la troika incluidas en el memorando asociado al rescate financiero de la banca de España. El Gobierno ya presentó el anteproyecto de ley y se esperaba que el organismo que supervisa las políticas fiscales y la gestión de las Administraciones públicas estuviera listo para principios de este año. Pero el nuevo documento presentado por el Ejecutivo el viernes lo retrasa a finales de 2013.

Otra de las grandes reformas es la que regula el factor de sostenibilidad, el nuevo sistema de cálculo para las pensiones, que permitirá al Gobierno ahorrar en esta partida. El compromiso era sacarlo adelante antes de final de 2012. El nuevo documento aplaza la presentación de esta iniciativa en el Pacto de Toledo antes de julio y la aprobación de un proyecto de ley antes de septiembre de este año.

Un vistazo al nuevo Plan Nacional de Reformas, un documento de 53 páginas, revela pocas novedades respecto al texto anterior. El Gobierno incluye un paquete de medidas para la reforma de las Administraciones públicas, otra de las medidas reclamadas por la Comisión Europea, que contempla la supresión de duplicidades, impulso de la simplificación burocrática, eficiencia en la gestión de servicios y ordenación la Administración institucional. El Ejecutivo se compromete a presentar un informe sobre esta reforma durante el segundo trimestre de 2013. También añade un impulso de la Administración electrónica que se aprobará en varias etapas que culmina a finales de este año.

También hay novedades en la mejora del sistema sanitario como la implantación de una historia clínica o la creación de una plataforma de compras centralizada. Además, el Ejecutivo ha incluido un paquete de medidas para la protección social para digerir las consecuencias ocasionadas por el drama del desempleo. Este apartado cuenta con un plan para la inclusión social, un plan de apoyo a la familia y una estrategia de discapacidad.