El rompecabezas de las pensiones

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) está abriendo un nuevo frente en materia de pensiones. Mantiene desde hace algunas semanas contactos con representantes de distintas instituciones de previsión social para analizar la posibilidad de implantar en España un sistema general y obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena (no autónomos ni funcionarios) de planes de pensiones de empleo. Es lo que se conoce como el segundo pilar, que está plenamente desarrollado en otros países.

Según los expertos, el endurecimiento de las condiciones para recibir pensiones públicas unido a la dificultad de los jóvenes en alcanzar el 100% de la pensión, dada la precariedad laboral, hacen prever un descenso de las mismas, entorno al 20-25%. Conscientes desde la DGSFP de las dificultades financieras que en un futuro plantea el actual sistema público de pensiones, los planes de pensiones de empleo, que ya existen en España en la actualidad aunque concebidos de manera voluntaria —son propios de grandes empresas o de colectivos sectoriales— se plantean como una de las posibles fórmulas para garantizar el cobro de pensiones de jubilación dignas.

Los planes de empleo, aquellos que se crean en el seno de las empresas y de la negociación colectiva y de los que se benefician todos los trabajadores de una empresa, se instrumentan normalmente a partir de aportaciones, en igual proporción, entre empleados y empresas. Estas se calculan habitualmente en proporción a sus bases de contingencias comunes. Según datos de la entidad de previsión social Geroa, un trabajador varón de 30 años, soltero, que hiciera una aportación inicial de 10 euros mensuales (más otros 10 euros, la empresa) tendría, teniendo en cuenta un incremento anual en la misma del 2%, una renta vitalicia de más de 200 euros mensuales, si la rentabilidad media acumulada de su fondo fuera del 6% durante su vida laboral. Si el trabajador contara con 40 años y mantuviera estas condiciones financieras, su renta vitalicia ascendería a prácticamente 100 euros.

Sin embargo, si ese mismo empleado de 40 años colocara su dinero en un plan de pensiones que se revalorizara a razón de un 4% anual cobraría únicamente 73 euros de pensión complementaria vitalicia; al 3%, poco más de 63 euros mensuales. El objetivo de este tipo de aportaciones no es enriquecer u obtener un ahorro a largo plazo en favor del trabajador, sino cubrir una necesidad que tendrá en el momento de su jubilación, invalidez o fallecimiento. En general, el patrimonio acumulado no está disponible hasta que se produce dicho momento y la tendencia es que todos los trabajadores perciban sus prestaciones en forma de renta vitalicia.

En España, la previsión social complementaria se asienta básicamente sobre los planes de pensiones individuales, que gestionan a 31 de marzo, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), algo más de 53.440 millones y contaban con 8,01 millones de cuentas de partícipes. A pesar de que, en términos interanuales, de media, los planes de pensiones privados arrojaron al cierre del primer trimestre del año una rentabilidad media del 4,98% en el plazo de 12 meses (del 1,14% en tres años; del 0,96% en cinco años y del 2,35%, en diez años); desde la Dirección General de Seguros son conscientes de que una buena parte de ellos están ofreciendo a sus partícipes, especialmente en plazos largos, rendimientos en muchos casos insuficientes para garantizarles en el futuro una adecuada pensión complementaria.

Si se toma como referencia el plazo de 10 años, se puede observar las grandes diferencias que existen entre unos y otros planes de pensiones en lo que a rendimientos se refiere. Plan Caixa Privado Bolsa Emergente, de Vida Caixa; Bestinver Ahorro, de Bestinver o Santander Inverplan Renta Variable Internacional se han revalorizado anualmente y en promedio durante esa década en un 11,71%, un 10,37% y un 8,39%. En el otro extremo: plan de pensiones Variable 75; Variable 30 o Previsión Variable 30, todos ellos de Mapfre, han obtenido pérdidas del -2,87%, -1,82% y -1,16%.

Si en ese periodo se analiza el conjunto de datos ofrecidos por Inverco se observa que de los prácticamente 550 incluidos en la muestra (no se consideran los garantizados) no llegan a 80 los planes de pensiones que, en términos anuales, han generado a sus partícipes rentabilidades por encima del 4%. Es más; son pocos más de cien los que ofrecen entre un 3% y un 4%, mientras que entre el 2% y el 3% se pueden encontrar hasta 178 planes de pensiones.

Si, continuando con el estudio, se calcula el patrimonio total gestionado por los exactamente 12 planes de pensiones que en 10 años han ofrecido una revalorización anual por encima del 6%, este suma unos 675 millones de euros, repartidos entre menos de 48.200 partícipes.

Menos afortunados han sido los casi 130.000 partícipes que han registrado rentabilidades negativas o los más de 2.670.000 que han ganado menos de un 2% anual, lo que supone, si se tiene en cuenta la inflación registrada a lo largo de esta última década, que realmente sus rendimientos reales han sido también negativos.

De los datos ofrecidos por Inverco también se desprende que el tamaño del fondo no es siempre relevante, ni mucho menos para bien. Los 20 fondos de pensiones del sistema individual con mayor número de partícipes (suman un total de 1.944.793) obtuvieron de media en los últimos 10 años una rentabilidad anual por debajo del 1,5%.

Según la actual legislación tributaria, las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible en el impuesto sobre la renta con, en general, un máximo de 10.000 euros o el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas para personas de menos de 50 años. Estos límites suben, si se ha superado esa edad, a 12.500 euros anuales y al 50%, respectivamente. Dado los actuales tipos impositivos en el IRPF, por cada 1.000 euros de aportación, el contribuyente se puede ahorrar entre 247,5 euros y hasta 520 euros (que pueden ser 560 euros en alguna Comunidad Autónoma, con tipos marginales máximos en el 56%). Este ahorro de impuestos para el contribuyente se traduce efectivamente en unos menores ingresos fiscales para las arcas públicas. En los Presupuestos Generales del Estado, para 2013 suman un total de 1.112 millones de euros frente a los poco más de 962 millones del año anterior.