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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La subida de impuestos

Joaquín Estefanía

El problema de la economía española no es fundamentalmente de exceso de gasto público —que es cinco puntos inferior a la media europea—, sino de bajos ingresos, de escasa recaudación. No es que el Estado gaste mucho, es que muchos ciudadanos y empresas no pagan impuestos o no pagan lo que deberían y les corresponde. Los impuestos en nuestro país los pagan fundamentalmente las clases medias y no las altas.

El argumento anterior está contenido en el documento Bases para la reforma fiscal, que el PSOE ha presentado y que se incorpora, lo quiera o no el Gobierno, al debate sobre los impuestos en España después de las contradictorias declaraciones hechas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y que son previas al paquete de reformas que va a presentar el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del próximo día 26. Con este pretenden convencer a Bruselas para que relaje el ritmo de reducción del déficit de nuestro país (al menos un año y medio más para obtener un déficit del 3% del PIB, lo que nos llevaría al ejercicio 2016).

El 10% de los ricos acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre

Mientras Jiménez Latorre, en una intervención muy balbuceante, decía que habría cambios en el diseño de la estructura fiscal para atenerse a las recomendaciones de la UE (subida de impuestos, en el neolenguaje que ha inventado el Gobierno del PP desde que llegó a La Moncloa), Montoro era tajante: no va a haber subida de impuestos en España, aunque se está en fase de reestructuración de nuestra carga tributaria (otra versión de la subida de impuestos en el mismo neolenguaje, dado los precedentes conocidos).

Si al PP le falta credibilidad cuando habla de impuestos (los sube cuando promete bajarlos), al PSOE le ocurre algo parecido cuando presenta unas bases para el cambio de la estructura impositiva tan rotundas como estas últimas, pendientes de concretar, pero bien elaboradas y argumentadas. ¿Por qué no lo hizo en la larga etapa de su Gobierno, cuando una reforma fiscal para que el sistema español sea más eficaz y justo hubiera tenido prioridad respecto a otras de las llamadas reformas estructurales? ¿Por qué coquetearon con las tesis, tan poco socialdemócratas, de quienes defendían el tipo único o afirmaban que la distribución solo se consigue vía gastos y no vía ingresos? ¿Por qué movieron la cabeza de arriba abajo frente a aquella tontería que tanto daño les ha hecho de que bajar impuestos también es de izquierdas en una sociedad con tantas necesidades como la española, que pretendía llegar a la convergencia real con los países de nuestro entorno? Y también, ¿por qué no se la exige Bruselas al Gobierno con la misma vehemencia que la reforma laboral, la energética, la de las pensiones, la financiera…?

Los datos son apabullantes: la presión fiscal es ocho puntos inferior a la media europea (del 32,4% al 40,1%); de todo lo que se recauda en España el 90% procede de las rentas del trabajo medias y bajas (9 de cada 10 euros recaudados vienen de este tipo de rentas, vía IRPF, cotizaciones sociales, IVA e impuestos especiales), siendo el 10% restante (uno de cada 10 euros recaudados) lo que aportan los contribuyentes más ricos, las rentas de capital y las empresas. En España, el 10% de los ciudadanos más ricos acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la sociedad española.

Hay dos formas de defraudar y no cumplir con Hacienda: una legal, no pagando impuestos gracias a los mecanismos de ingeniería fiscal que existen; y otra ilegal, no pagando, haciendo fraude fiscal. Según el PSOE, para aumentar los ingresos en España no es necesario subir los impuestos a las rentas de trabajo, sino tapar los agujeros del sistema fiscal por los que se escapan sin pagar, o pagando menos de lo que deben, ese 10% de contribuyentes que acumulan la mayor riqueza del país. La propuesta socialista sobre un sistema fiscal más eficaz y justo, dedicando (al revés de lo que se ha hecho en los últimos Presupuestos Generales) más recursos a la administración fiscal, es una idea fuerza que no debe abandonar la plaza pública.

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