Telefónica debe perder su pugna contra la UE por las ayudas a la expansión exterior

Telefónica debe perder el recurso de casación que interpuso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reclamar por su derecho a recurrir en los tribunales europeos una decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegales las deducciones fiscales que la Hacienda española permitía a las empresas que comprasen sociedades en el extranjero. Así lo indica un informe firmado por Julianne Kokott, una de las ocho abogadas generales del tribunal con sede en Luxemburgo, que confirma que Telefónica no ha sido "directamente afectada" por la decisión, y, en consecuencia, no tiene derecho a recurrir. Aunque la opinión de Kokott no es vinculante, los jueces del tribunal adoptan, en la mayoría de los casos, los informes de los abogados generales para dictar sus propias sentencias.

Si el Tribunal de Justicia sigue la opinión de su abogada general, se dará finalmente carpetazo a un caso que lleva pendiente desde 2007, cuando la Comisión abrió una investigación contra España por las deducciones al fondo de comercio. Este fondo es la diferencia entre el valor contable de una empresa y la cantidad por la que efectivamente se vendía, e incluye múltiples conceptos difíciles de cuantificar, como el potencial de crecimiento y el valor de la marca. A partir de 2002, la Hacienda española autorizó a las empresas a amortizar ese fondo durante 20 años a partir de la compra, lo que efectivamente era una deducción fiscal. Un número de empresas extranjeras consideró que esas ayudas incumplían las reglas europeas y llevaron esa reclamación a Bruselas, que en 2009 les dio la razón.

Pero las empresas españolas habían aprovechado las ayudas para salir de compras en el extranjero. Y algunas de ellas, como Telefónica (que en 2005 adquirió a su rival británica O2 por 26.000 millones de euros) e Iberdrola (que se hizo con la también británica ScottishPower en 2006 por 17.200 millones) se consideraron perjudicadas con el cambio en las reglas del juego y recurrieron la decisión de Bruselas. En 2011, el Tribunal General de la Unión Europea (una sala del propio Tribunal de Justicia) declaró inadmisibles los recursos presentados por cuatro grandes empresas españolas (Telefónica, BBVA, la alimentaria Ebro Foods y la cadena de hipermercados Continente) argumentando que no habían sido "individualmente afectadas" por la medida de la Comisión. Esa es la decisión recurrida por Telefónica y sobre la que el Tribunal de Justicia aún ha de decidir.