Bruselas investiga a España por favorecer compras en el exterior

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre la legislación fiscal española por si concede un trato privilegiado y excepcional a las empresas españolas para que adquieran compañías extranjeras. Desde el pasado 1 de enero de 2002, las compañías españolas que tomen más del 5% de una empresa extranjera pueden amortizar el fondo de comercio resultante de la operación durante los siguientes 20 años. Bruselas considera que puede tratarse de una ayuda estatal ilegal y que, en tal caso, debería ser recuperada por el Estado.

El fondo de comercio es la diferencia entre el valor efectivamente pagado por el comprador y el valor contable de la empresa. Es una partida difícil de cuantificar al incluir conceptos tan genéricos como la marca, la situación geográfica, la clientela, el equipo humano o los proyectos de investigación. Pero permite incrementar el valor de una empresa de una manera significativa. Los grupos españoles pueden recuperar este sobreprecio, pagado en forma de fondo de comercio, por la vía fiscal al incluirlo en sus amortizaciones y reducir así la carga tributaria.

Fuentes de Competencia sostienen que al tratarse sólo de "una deducción concedida con carácter excepcional a las compras exteriores y no a las demás adquisiciones dentro del país puede ser una distorsión de la competencia". La Comisión "teme que este régimen fiscal pueda atraer la actividad de holdings internacionales en España, mientras que la creación de grupos domésticos parece excluido de este ámbito".

La investigación se abrió tras las preguntas de varios miembros del Parlamento Europeo y las quejas de varias empresas afectadas. Las investigaciones afectan a tres operaciones exteriores puestas en marcha por varios grupos españoles. Se trata de la compra de O2 por Telefónica (operador telefónico); Scottish Power por Iberdrola (energía) y las ofertas de Sacyr, Abertis y Cintra por la concesión de las autopistas de Francia.

Cuestión del fondo

La comisaria de Competencia Neelie Kroes, ha afirmado que "muchos creen que este sistema concede ventajas a las empresas españolas para la compra de compañías extranjeras. La apertura de esta investigación permitirá conocer si las ayudas son justificadas".

La cuestión de fondo es saber si esta excepción constituye en la práctica "una ayuda de Estado a las empresas españolas que compran al exterior", señalan fuentes comunitarias.

La investigación fue notificada el pasado mes de enero a las autoridades españolas, que contestaron al mes siguiente. Después se sucedieron más misivas por ambas partes, hasta que en agosto se formalizó la queja oficial.

Las autoridades comunitarias subrayan el hecho de que España no notificó a la Comisión Europea sus cambios en la legislación fiscal antes de ponerlos en práctica. En cualquier caso Bruselas invita a las partes interesadas a pronunciarse sobre el caso con vistas a una posible recuperación de estas ayudas.

La norma analizada por las autoridades comunitarias es el impuesto de sociedades, que en su artículo 12 permite a las empresas españolas amortizar el fondo de comercio financiero que resulte de las adquisiciones de participaciones de empresas extranjeras superiores al 5%. Ello permite a las empresas aplicar deducciones en su base imponible del fondo de comercio financiero y declarar así menos beneficios.