Bolivia expropia la filial de Abertis y Aena que gestiona tres aeropuertos en el país
Morales acusa a la compañía de no realizar las inversiones necesarias Se trata de la tercera nacionalización de una empresa española en 10 meses
El presidente boliviano, Evo Morales, ha promulgado y ha leído personalmente el decreto de nacionalización de las acciones que las españolas Abertis y Aena poseían hasta este lunes en la empresa de Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), encargada de la administración de los aeropuertos internacionales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Desde España, el Gobierno ha advertido de que revisará sus relaciones bilaterales con Bolivia ante la sucesión de intervenciones "con ocupación por la fuerza pública" que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos días.
Se trata de la tercera nacionalización que tiene como objetivo una empresa española en menos de diez meses en Bolivia. En diciembre pasado, Morales decretó la expropiación de las cuatro filiales con las que opera Iberdrola en el país latinoamericano —dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones— alegando que cobraban más del doble a los consumidores de las zonas rurales. En mayo pasado, Morales expropió la firma Transportadora de Electricidad, de Red Eléctrica. Estas compañías todavía no han sido compensadas por las nacionalizaciones.
Morales ha nacionalizado este lunes el paquete accionarial “que posee la compañía TDI Overseas Bolivia, perteneciente a la sociedad Airport Services encabezada por Abertis SA” y los títulos que puedan poseer terceros, durante un acto celebrado en esta ciudad, en el centro del país. Abertis tiene el 90% de la firma, mientras Aena el 10% restante.
El Gobierno boliviano ha informado de que el incumplimiento de contrato ha sido la principal causa de la nacionalización. Morales ha explicado que el programa de inversiones entre 2006 y 2022 significaba un monto de 53,4 millones de dólares. Hasta 2009 la inversión ejecutada debía de alcanzar a los 26,9 millones de dólares y, la realidad muestra que no alcanzó a los seis millones de dólares. Los beneficios de Sabsa entre 1997 y 2011 representaron 20,6 millones de dólares.
El 31 de enero la Fiscalía de La Paz registró las oficinas de Sabsa
La reversión de acciones al Estado boliviano repite el mismo esquema de nacionalizaciones de otras empresas españolas en el pasado reciente: se contratará a una firma independiente para que se encargue de tasar el patrimonio de la empresa en un plazo de 180 días y, luego, se entablarán negociaciones para acordar el monto que el Gobierno pagará a Abertis y Aena.
Los ejecutivos de Sabsa en La Paz anunciaron a la prensa local que dejarán de inmediato la administración de los servicios aeroportuarios y esperarán a que el contrato de concesión del servicio se resuelva de forma oficial. Las autoridades de Trabajo, Justicia y del Ministerio Público asumieron el control de Sabsa en los aeropuertos de las tres ciudades bolivianas. En el caso concreto de Cochabamba y de La Paz no se registró presencia militar, a diferencia de Santa Cruz, donde se desplazó una unidad militar que controla la actividad en la terminal de Viru Viru, de acuerdo a informes de radios locales.
La reversión de acciones era de esperar. El pasado 31 de enero la Fiscalía de La Paz registró las oficinas de Sabsa para retirar una copia magnética de toda la documentación de respaldo al programa de inversiones para la ampliación de las terminales aéreas, la revisión del cumplimiento de contratos y la situación de seguridad tanto en los equipos como de los trabajadores de la empresa.
La medida del Ministerio Pública obedeció entonces a una denuncia de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea sobre un supuesto incumplimiento de inversiones desde 2009 especialmente en equipamiento, maquinaria y seguridad para los trabajadores. El fiscal Aldo Ortiz explicó que la falta de respuesta a los reiterados pedidos de documentación, formulados a los ejecutivos de Sabsa, obligó a la intervención de sus oficinas para retirar información magnética.
El sindicato se ha quejado de los elevados salarios de sus ejecutivos
Las empresas españolas plantearon al Gobierno de Evo Morales invertir 36 millones de dólares (24,4 millones de euros) en su filial en Bolivia para permanecer en ese país. El gerente de Sabsa, Anthony Alicastro, señaló que la cifra fue propuesta en negociaciones que se desarrollan desde 2012 con el Ejecutivo para "reencaminar" la concesión para la administración de las tres principales terminales aéreas de este país. Ese dinero sería invertido en la modernización de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los próximos nueve años, plazo que restaba a la concesión de 25 años.
Los trabajadores de Sabsa han recibido con beneplácito este lunes la expropiación de acciones, pues existía descontento con la administración de los servicios y habían advertido que los aeropuertos internacionales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz afrontaban problemas debido al incumplimiento de contrato de ampliación de las terminales y la renovación de equipos.
El sindicato de trabajadores se ha quejado públicamente de los elevados salarios que perciben sus ejecutivos. Junto a las autoridades del ministerio de Trabajo exhibieron planillas en las que se apunta, por ejemplo, el sueldo del gerente Anthony Alicastro Pucinelli que cobró en marzo de 2012 la suma aproximada a 12.700 euros, unas ocho veces más que el presidente Evo Morales, en tanto que la empresa tenía deudas por unos diez millones de dólares a los trabajadores, que le ganaron juicios en los tribunales bolivianos.
Abertis se adjudicó la administración de los tres aeropuertos a mediados de la década de los noventa, durante el período de capitalización, es decir, la privatización parcial de buen número de empresas estatales que Morales está recuperando desde 2006.
Morales ha hecho este anuncio en un acto en la ciudad central de Cochabamba, donde está la sede de Sabsa, acompañado del vicepresidente del país, Alvaro García Linera, y del ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
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