La reforma laboral naufraga

El tiempo no pasa en balde, y aquellos propósitos con que nacía la reforma laboral hace un año parecen ahora ciencia ficción. “La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”, dice el texto aprobado por el Gobierno del PP en febrero de 2012.

El resultado: la tasa de paro ha aumentado un 13,2%, el número de ocupados se ha reducido en 850.000 personas, el despido por causas objetivas (indemnizado con 20 días por año) se ha incrementado un 49%, los expedientes de regulación de empleo han aumentado un 66%, y los sueldos han perdido poder adquisitivo a medida que pasaban los meses y los descuelgues salariales promovidos por las empresas hacían acto de presencia. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha habido 30.000 trabajadores afectados por la inaplicación de los convenios.

A la vista de estos efectos, hasta quienes apoyaban la nueva legislación ahora se muestran mucho más cautos que hace un año. E incluso se plantean repetir la frase que incluye la exposición de motivos de la ley, eso sí, referida a anteriores reformas del PSOE: aunque bienintencionada, ha sido fallida.

“El balance del primer año de la reforma es que ha sido desequilibrada e incompleta. Por el lado positivo, ha facilitado la flexibilidad interna y, en consecuencia, ha permitido que en muchos casos en lugar de recurrir a despidos se hayan ajustado las condiciones (horas, salarios) para evitarlos y hacer frente a la situación adversa. Sin embargo, dado el momento de crisis en que estamos, también ha facilitado mucho la flexibilidad externa (despido por causa objetiva) y se ha producido una verdadera sangría de puestos de trabajo. Esta medida no debiera haberse tomado en situación de crisis económica, sino más tarde. Tampoco ha evitado de ningún modo la dualidad contractual. Se siguen haciendo contratos temporales a pesar de las reformas introducidas, y por tanto para esto tampoco ha servido”, sostiene Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea.

El paro aumenta un 13% en el último año y los despidos baratos un 49%

Para los sindicatos mayoritarios, los efectos del primer año de la ley no han podido ser más adversos. “La reforma laboral impuesta por el PP ha confirmado nuestros peores presagios. Ha incumplido sus objetivos, puesto que no ha creado empleo ni reducido el paro. La contratación ha caído con carácter general un 3,6%, la ocupación ha bajado el 5% y el paro ha aumentado el 13%. Lo que demuestra el fracaso de las políticas basadas en los recortes y en la reducción de los derechos de los trabajadores”, afirma Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT.

“La legislación no ha servido para generar trabajo, sino para duplicar el ritmo de destrucción de empleo y para que los salarios bajen en términos nominales. Ha desequilibrado la posición de los trabajadores en relación con los empresarios, que han abusado de ella para destruir puestos de trabajo”, afirma el responsable del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García. En 2009, por cada punto de descenso PIB (que bajó un 3,6%) se destruyeron 470.000 empleos en el sector privado, en tanto que en 2012 se han destruido 500.000 por cada punto de caída, a pesar de que el retroceso de la riqueza nacional haya sido del 1,3% en vez del 3,6%, añade.

Claro que el Gobierno no está de acuerdo. Xabier Thibault, director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hace “una valoración positiva de la reforma. Como también acaba de comunicarnos el Fondo Monetario Internacional. Pretendíamos sustituir flexibilidad externa por flexibilidad interna para evitar una mayor destrucción de empleo y así ha sido. Las empresas están reduciendo las condiciones de trabajo de sus plantillas en vez recortar el empleo”. En su opinión, si no se hubiera puesto en marcha, la pérdida de puestos de trabajo hubiera sido muy superior a la actual. Aunque el ministerio no ofrece datos sobre la aplicación de las medidas alternativas al despido, Thibault asegura que las congelaciones y rebajas de sueldos han permitido salvar los 30.000 empleos que se han visto afectados por los acuerdos de descuelgue.

La flexibilidad interna empieza a dar frutos en algunas empresas, como así corrobora el responsable de recursos humanos de Logista, Ramón Cuellas, que ha utilizado la reducción de la jornada para esquivar los despidos. Según Cuellas, la reforma laboral ha facilitado el ajuste de la economía que no se podía hacer devaluando la moneda y que en el futuro sí contribuirá a que se cree empleo.

Las medidas de flexibilidad evitan 30.000 extinciones, según Empleo

Aunque esta estrategia no es precisamente la más extendida, según aseguran algunos de los directores de recursos humanos que se han encargado de implementar las medidas que incorpora la nueva regulación. “Las empresas nos hemos lanzado a prescindir de personal de mucha antigüedad en este primer año y no hemos aprovechado las medidas de flexibilidad interna que reclamábamos”, indica la responsable de personal de una multinacional que pide anonimato y que “ha aplicado la reforma laboral para abaratar costes de despido, gracias a indemnizaciones de 33 días en vez de 45”.

“Sabíamos que el primer efecto de la reforma iba a ser la destrucción de empleo, pues muchas compañías estaban esperando la regulación para despedir, que es lo que han hecho. Y ello, junto a la contención de los salarios, ha permitido que la productividad de las empresas aumente. Si se hubiera aprobado la legislación en otro escenario económico menos adverso, no se habría destruido empleo”, sostiene la profesora de IE Business School Gayle Allard, quien confía en que, una vez que crezca la economía a finales de este año, esta normativa ayude a generar puestos de trabajo. Algo que también comparte David Díaz, socio del despacho de abogados Baker & McKenzie, quien cree que a la recuperación le queda más tiempo.

“Pensar que con una legislación se puede arreglar la situación del mercado laboral español es engañarnos. Y en todo caso, hasta que no se produzca la expansión económica, la ley no podrá mostrar sus efectos positivos”, mantiene Miguel Ángel Malo, profesor de economía de la Universidad de Salamanca. En su opinión, es difícil valorar qué parte del deterioro del mercado de trabajo se debe a la reforma y qué parte al empeoramiento económico, agudizado tras el verano.

Malo considera que en lo que más se aprecia la introducción de la ley es en la redistribución de los tipos de despido, ya que ha eliminado el despido exprés y llevado las indemnizaciones de 45 días por año trabajado hacia 20 días; y en el deterioro de la calidad del empleo.

Rebaja salarial y cambios de jornada y turnos, las medidas más usadas

El magistrado José Ángel Folguera lo tiene claro. En los juzgados madrileños ahora entran unas 18.000 demandas de despidos al mes, en vez de las 12.000 mensuales del año pasado. Y las cantidades que reciben los afectados tras la conciliación han pasado de 33 días por año trabajado a unos 25. “La reforma ha reducido el coste del despido y no ha generado puestos de trabajo alternativos”, sostiene. El juez aprecia que las empresas empiezan a usar la movilidad geográfica y funcional, “pero sin comparación con el despido, que es por donde han tirado los empresarios, aunque acarree mayores gastos públicos en prestaciones por desempleo”.

Entre las medidas de flexibilidad interna, Malo apunta al ajuste salarial y de horas de trabajo como las más utilizadas por las empresas. No hay datos para avalar esa percepción. Solo se exhiben en el caso de las regulaciones de empleo, donde la estadística oficial indica que las suspensiones temporales de empleo o de reducción de jornada son el 80% de los despidos colectivos.

El contrato estrella de la reforma se salda con 83.400 beneficiados

Entre los beneficiarios de las prestaciones por desempleo las resoluciones de contratos con motivo de la aplicación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo han aumentado un 93% y las provocadas por movilidad geográfica lo han hecho un 54%. Aunque, sin duda, han sido mucho más numerosas las resoluciones de contratos voluntarias que, en opinión de los sindicatos mayoritarios, responden a la presión de los empresarios por modificar las condiciones de trabajo de sus empleados unilateralmente y, en caso de no aceptar, desprenderse de ellos.

Thibault aprecia movimientos en la negociación colectiva. “Los negociadores por fin interiorizan que es mejor reducir condiciones laborales para salvar el empleo. Y si en los primeros meses de aplicación de la reforma laboral se recurría al descuelgue en algo más de 30 convenios colectivos al mes, en enero ya ha ocurrido en más de un centenar. Y esa es la flexibilidad interna que persigue la ley”.

Una ley cuyos mayores defensores, además del Gobierno, son los trabajadores autónomos, a falta del balance de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha rechazado pronunciarse. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) asegura que la reforma laboral ha servido para que 42.000 autónomos más se conviertan en empleadores y generar 74.000 empleos netos. El ministerio señala que el contrato estrella de la reforma, el denominado contrato de apoyo a emprendedores, ha funcionado, con unos 77.000 trabajadores dados de alta entre febrero y diciembre, lo que para UGT apenas representa un 7,6% del total de los contratos indefinidos. Hasta enero, Empleo asegura que se han sellado 83.371 contratos.

Si hay una crítica generalizada que se le hace a la aplicación de la reforma laboral, esa es que no haya avanzado nada en el terreno de las políticas activas de empleo. “Clama la ausencia de desarrollo de las políticas activas. A la ley le ha fallado esta pata y está desequilibrada”, sostiene Miguel Ángel Malo. “Falta que se agilicen los convenios entre las agencias de colocación privadas y los servicios públicos de empleo para que de verdad ambos funcionen como agencias de colocación. Y tomarse muy en serio la reforma de los cursos de formación de desempleados, que no funcionan”, apoya Sara de la Rica.

El ministerio dice que lo tiene previsto a corto plazo, igual que hace un año. “Estábamos y estamos expectantes de que se firmen los convenios de colaboración público-privados para trabajar en la reducción del desempleo y, por tanto, el coste para las arcas públicas de las prestaciones, pero no se ha hecho nada”, mantiene Enrique Sánchez, presidente de Adecco, quien también considera que con la intervención de las empresas de trabajo temporal se reduciría la dualidad laboral, tal y como propugna la reforma y no ha hecho.

Desde el despacho de abogados Uría Menéndez se destaca como positivo el hecho de que la ley aprobada por el PP haya rebajado considerablemente el absentismo laboral, sobre todo en el sector público. Otra pequeña mejoras es que se ha incrementado la contratación a tiempo parcial.

Si hay algo destacable en medio de un año de crisis y en el que la conflictividad ha aumentado mucho con motivo de la reforma, tal y como señala la consejera delegada de ING en España, Carina Spzilka —que se apresta a señalar que su empresa no ha aplicado la ley porque no ha despedido trabajadores, sino al contrario—, es que en el exterior se aprecia que España ha ganado competitividad.