La cacicada del gobernador

La norma escrita favorece el imperio de la ley. La instrucción verbal es fuente de arbitrariedad. Hubo un tiempo en que los déspotas, si eran ilustrados, resultaban eficaces. Sucedió cuando la gran crisis bancaria de los ochenta. Las presiones telefónicas del subgobernador Mariano Rubio disciplinaron a los banqueros y orquestaron fusiones. Hasta que un Rubio tardío se hizo trampas al solitario como gobernador y tuvo que dimitir, por tristes tráficos de influencias verbales.

Es, ahora, otro tiempo. Miren cómo quiere reformar el Banco de España su sistema de inspección: con informes escritos a tutiplén. El Análisis de los procedimientos supervisores (www.bde.es, 16 de octubre de 2012) reclama una y otra vez en sus 35 páginas la necesidad del formalismo escrito (páginas 4, 5, 8, 17, 23, 30).

Los topes en los depósitos atentan a la competencia, discriminan al modesto y suponen un fraude de ley

Otros bancos centrales sostienen que la toma de decisiones sustentada exclusivamente en ese método es perentoria para evitar el relajo y la captura del regulador por los regulados (EL PAIS, 13 de enero). Algunos practican ese binomio documento / transparencia: la Reserva Federal publica resúmenes de las discusiones de su ejecutiva, a las tres semanas; y de las intervenciones íntegras, a los tres años.

Por eso es más lastimoso que el Banco de España no se aplique esa doctrina ¡siempre! Y que la Comisión de la Competencia haya mirado a otro lado ante su reciente cacicada, por la que impone límites a la remuneración de los depósitos a plazo, del 1,75% a un año; del 2,25% a dos años y del 2,75% a tres años: salvo para un 15% del pasivo total. Bajo amenaza a los bancos de obligarles a aumentar su capital hasta una horquilla del 9,75%-10,25%. Una docena de bancos ya aplican esa instrucción verbal de Luis Linde, que igual sortea la persecución porque no deja trazas escritas, ese atentado contra la transparencia.

Es verdad que esos límites le sientan bien a los balances de los bancos, porque aumentarán sus márgenes, aunque apostemos a que no ayudarán a incrementar el crédito. Y es verdad que algo similar intentó la anterior vicepresidenta, Elena Salgado, bajo pena al banco díscolo de aumentar su cuota al Fondo de Garantías. No sirvió, los banqueros buscaron productos alternativos para compensar a los clientes y siguió la guerra del pasivo.

La cacicada, si no trágica, es al menos irritante. Por su alevosía procesal, pues se ha impuesto clandestinamente para burlar controles, en claro fraude de ley. Porque favorecerá la solvencia de la banca, pero no la de la clientela, sometida a una restricción de la competencia cierta y real (compruébenlo en su sucursal y pidan “extratipos”, ¡yuju!, como en la época del todo atado), en detrimento de las clases medias que aún ahorraban. Porque discrimina entre clientes grandes y chicos: este año se renuevan 289.000 millones de depósitos a plazo: el 15% logrará mejores condiciones que las estándar. Lo que favorece a los fondos de inversión, que tienen más capacidad de negociación que usted, querido lector.

Y lo más inquietante. Aunque la banca reorientará buena parte de ese dinero hacia fondos de inversión garantizada de renta fija, existe el riesgo de que recomiende a sus clientes resituarlo en renta variable, Bolsa pura y dura. Riesgo puro y duro para un cliente de perfil modesto, popular y poco ducho en finanzas. Como el de las preferentes. Si llega el drama, Linde, como Pilatos, podrá lavarse las manos: él no escribió ni una mísera circular.