El Gobierno creará una ‘lista negra’ de inquilinos condenados por morosos

El Gobierno quiere amedrentar a golpe de listas negras. Si Hacienda propuso hace meses la creación de un listado de grandes defraudadores, ahora es Fomento quien pretende lanzar un registro para los inquilinos condenados por morosos. Los propietarios podrán consultar esa lista antes de formalizar el contrato de alquiler. La idea, incluida entre las enmiendas del Partido Popular al Proyecto de Ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, tiene como objetivo “dar garantías” a los propietarios para que saquen su vivienda al mercado.

No es la primera vez que la intención del Gobierno de lanzar una lista negra acaba chocando con la ley de protección de datos. De momento, según consta en la enmienda, en el registro acabarían todos aquellos inquilinos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, al no haber cumplido sus obligaciones de pago. “Podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el citado registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la finalización de dicho plazo”, señala el texto del PP. Una portavoz de la Agencia Española de Protección de Datos señaló que era pronto para hacer una valoración de la norma, pero aseguró que velarán para garantizar que no vulnera la ley actual.

Según consta en la enmienda presentada en el Congreso, el objetivo es “evitar que los propietarios de inmuebles que los ponen en el mercado arrendaticio contraten con aquellos que ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral, para recuperar la posesión”. Para consultar el registro, los propietarios deberán acudir al mismo con “una propuesta de contrato de arrendamiento” en la que se incluya la identidad del posible inquilino. Para crear este registro, el Gobierno procederá a la elaboración de un real decreto que regule su funcionamiento.

Recuperar la vivienda para uso personal

No es la única enmienda de este grupo al proyecto del Gobierno para impulsar el alquiler. Entre las 18 propuestas, que tienen muchas posibilidades de acabar incorporadas al texto gracias a la mayoría absoluta de la que goza este partido, también hay otras que hacen referencia a la agilización de los desahucios en los casos de impagos. Así pues, pide la modificación de un artículo permitiendo que el desalojo o el cierre del expediente tras un juicio por desahucio lo autorice un secretario judicial, y no sólo un juez, como en la redacción del proyecto original. Aseguran que se trata de adecuar las funciones de secretarios judiciales y jueces en función del reparto competencial recogido en la Ley de Reforma de la Legislación Procesal par la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Según otra de las propuestas del PP, el propietario que quiera recuperar su vivienda para uso personal o familiar, podrá hacerlo si avisa con dos meses de antelación al inquilino, y, según la nueva enmienda, solo tras un año de contrato, y no un año y diez meses como se señalaba en el proyecto original.

Asimismo, ha decidido suprimir los tres artículos del proyecto de ley que hacían referencia, respectivamente, a la flexibilización del régimen fiscal del Impuesto de Sociedades aplicable a los arrendatarios, a la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) y al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. La justificación para esta decisión se encuentra en que estas previsiones están ya contenidas en la Ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas aprobada el año pasado.

Avisar al inquilino de una venta

También hay algunas enmiendas con las que el PP asegura que se pretende dar más seguridad a los inquilinos. Incluye una modificación que exige al dueño de la vivienda comunicar a su inquilino su intención de venderla “con una antelación mínima de 30 días a la fecha de formalización del contrato de compraventa”, aunque ese inquilino hubiera aceptado en el contrato renunciar al derecho a ser el primero en hacer una oferta por la casa. En el texto se alega que, de este modo, se evitará que quien alquile una casa se entere de que la tiene que desalojar “sin un plazo mínimo para buscar una nueva”.

Para Leire Iglesias, diputada del PSOE, que presentó 38 enmiendas a la ley, el proyecto “desequilibra el mercado del alquiler” y solo favorece a los propietarios. En cuanto al registro de morosos, considera que impedirá a las personas desahuciadas volver a tener una casa, y al no existir un parque público de viviendas, “se las condena a la indigencia”.