La gran industria denuncia ventajas competitivas en Alemania por el CO2

La gran industria española denuncia que el sistema europeo de lucha contra el cambio climático se ha vuelto en contra de las plantas del sur de Europa. La Comisión Europea ha autorizado ayudas de Estado para la industria pesada (químicas, siderúrgicas, papeleras...) en riesgo de deslocalización por el alto precio de la electricidad derivado de coste del dióxido de carbono. Alemania ha sido el primer país que ha anunciado que compensará a sus productores con hasta 500 millones de euros al año. España, inmersa en una dura política de austeridad, solo ha habilitado un millón los presupuestos para la industria local.

Desde el año 2008, el CO2 ha sido un gran negocio para la industria pesada. Cementeras, azulejeras, acerías... recibieron gratis unos derechos de emisión que no usaron debido a la caída de la actividad industrial por la crisis. Así que hicieron caja vendiéndolos. Solo en España, la industria ha ingresado ya 1.300 millones. Para acabar con eso, Bruselas cambió el sistema. Desde el 1 de enero, las eléctricas ya no reciben gratis el CO2<. Tienen que adquirirlos en una subasta y previsiblemente lo cargaran en el recibo. Eso castiga indirectamente a plantas que consumen mucha electricidad —aunque no emitan CO2— como la del cloro o la papelera.

El año pasado, y en contra del criterio del Gobierno español, la Comisión Europea autorizó a los países a dar ayudas de Estado para evitar la deslocalización de estas industrias con un alto consumo eléctrico. Europa ve como la brecha del precio de la electricidad se agranda no solo con los emergentes sino con EE UU, debido a su auge del gas no convencional. El primer país en anunciar que dará ayudas de Estado ha sido Alemania, en una cuantía que puede llegar a 500 millones al año, según estimaciones citadas por la agencia especializada Point Carbon. Reino Unido podría destinar otra partida.

Luis Serrano, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE y de la patronal química (Feique), es muy duro con el modelo: “Da una ventaja competitiva a la industria alemana frente a la del sur de Europa, cuyos países no pueden dar esas ayuda”. Las directrices aprobadas por Bruselas “rezuman alemán”, en palabras de un industrial español.

En España, los Presupuestos han habilitado una partida de un millón de euros para el “programa de compensación costes indirectos del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. “Es testimonial, pero al menos el Gobierno admite que el problema existe”, valora Serrano.

Fuentes comunitarias admiten que la queja española tiene base, aunque señalan que es pronto para culpar al CO2. Señalan que con el precio de la tonelada hundido —ronda los cinco euros cuando el sistema se diseñó para 20— no se puede culpar a la política de cambio climático de afectar a la competitividad. Sin embargo, Bruselas es consciente de que si no afecta en España tampoco lo hace en Alemania y que la ayuda de hasta 500 millones, de aplicarse, sería una compensación excesiva que beneficiaría a su industria.

Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, patronal del cemento, coincide en la crítica: “Aumenta la distorsión en Europa y empeora la situación de la industria del sur, donde más dura está siendo la crisis”.

Además, el sistema aprobado por Bruselas establece un factor de ayuda por países en el que una planta en España podría recibir menos que en Francia o Alemania. “La política de cambio climático hasta ahora era europea, pero se ha fragmentado”, lamenta Zaragoza, cuyo sector no puede recibir ayudas.