Condena a UPS por fraude al vender un centro laboral

Temeridad y mala fe. Eso es lo que aprecia José Ángel Folguera, titular del Juzgado de lo Social número 30 de Madrid, en la actuación de la multinacional United Parcel Service (UPS) en España. Desde que la compañía de transporte urgente abriese un centro logístico en Coslada (Madrid), ha tratado de cerrar el que ya tenía en Vallecas y de desprenderse de sus 190 empleados, según sus representantes sindicales y apoya la sentencia.

Primero presentó tres expedientes de regulación de empleo en 2008, 2009 y 2010. Los dos primeros fueron rechazados por las autoridades laborales por no existir causas económicas ni organizativas para los despidos. El tercero fue retirado por la propia empresa para acogerse al despido objetivo indemnizado con 20 días de salario por año que facilitaba la reforma laboral del PSOE. Ahora, UPS ha recurrido a otra estratagema: la venta del centro de trabajo a un tercero, Integración Logística Complementaria (ILC). Y es este nuevo entramado el que el juez declara nulo por ilegal y fraudulento.

UPS vendió a ILC el centro de trabajo de Vallecas por un euro, cuando solo el inmueble en que desarrolla su actividad está valorado en 1,5 millones de euros, según reconoce la multinacional. Y no solo eso: UPS pagó 10,5 millones de euros al comprador en concepto de indemnización. Una operación que Folguera califica de “práctica que estaría incardinada en el fraude de ley o elusión de norma imperativa”.

Tráfico prohibido

“El único elemento con aptitud para generar obligaciones tales como para justificar un desequilibrio patrimonial de tal magnitud que deba evaluarse en más de 15 millones de euros es la plantilla laboral”, reza la sentencia, que ha sido recurrida. Y prosigue: “La compraventa de plantilla laboral, tanto en conjunto, como la de los trabajadores individualmente considerados, es un negocio jurídico ilícito, cuya causa es contraria a las leyes y a la moral”. “Un tráfico prohibido de mano de obra”.

El magistrado condena a UPS a readmitir a los trabajadores despedidos y a pagar una sanción de 3.000 euros, la misma que habrá de abonar ILC, “un testaferro”, según los representantes sindicales del centro. “En flagrante temeridad (...), se ha constatado que la actuación empresarial culmina toda una estrategia iniciada en 2011 para cerrar el centro de Vallecas y prescindir del personal en la plantilla de UPS en ese centro”, zanja.