Freno a las comunidades

Todas las semanas los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas pasan por el confesionario. Así se conoce a la teleconferencia que mantienen con los principales responsables del Ministerio de Hacienda para hacer un seguimiento de las cuentas públicas regionales. El maestro de ceremonias de esos encuentros es el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, encargado de enfriar los excesos de las autonomías. Exconsejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid, Beteta conoce bien los entresijos de las cuentas autonómicas y sabe hasta dónde puede apretar. Él ha sido el responsable de aplicar la Ley de Estabilidad —la norma que consagra la reducción del déficit y la deuda— y de amenazar a las autonomías con intervenirlas si no cerraban el grifo del gasto.

En las últimas semanas se han multiplicado los encuentros virtuales entre Hacienda y las comunidades. A los responsables del ministerio les preocupa el comportamiento que puedan tener los responsables de las cuentas regionales en el último trimestre del año, un periodo en el que tradicionalmente el gasto público autonómico se descontrola. Hacienda aprieta las tuercas a las comunidades más relajadas con el objetivo del déficit de este año, que el Gobierno ha fijado en el 1,5% del PIB para las autonomías. El último dato oficial publicado hace dos semanas sitúa el desequilibrio de las cuentas regionales en el 1,14% y ha desatado cierta euforia en los vetustos pasillos de la Real Casa de Aduanas en la calle de Alcalá de Madrid, sede del Ministerio de Hacienda.

Aun así, el Gobierno estrecha el cerco a las comunidades. El propio ministro, Cristóbal Montoro, llamó la atención a sus dirigentes en público la semana pasada. Cataluña ha reconocido que se alejará de la meta. El consejero de Hacienda de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell (CiU), admite que cerrará con un desequilibrio entre gastos e ingresos del 2,5% del PIB. Y eso que en las últimas semanas lo ha reducido en más de un punto con la privatización de Aigües del Ter-Llobregat, Tabasa y el túnel del Cadí, que le han reportado unos 1.500 millones. Montoro negocia ahora nuevos ajustes con Cataluña para embridar el déficit.

Las autonomías tienen vencimientos por 46.000 millones en 2013

La Comunidad Valenciana también ha sido apercibida porque no está cumpliendo su Plan de Equilibrio Financiero (PEF), que contiene los ajustes comprometidos por el descontrol del déficit del año pasado. El Gobierno del presidente Alberto Fabra (PP) había previsto obtener cientos de millones de euros de ingresos con la venta de inmuebles y privatizaciones, pero el mercado está seco y no ha logrado su objetivo. Hacienda le ha puesto nuevos deberes y Fabra tendrá que apretarse aún más el cinturón. Andalucía, gobernada por el PSOE, y que se ha mostrado más crítica ante las presiones de Montoro, también ha recibido un ultimátum porque no hace los ajustes al ritmo previsto.

“Estamos muy cerca del cumplimiento del déficit público en las comunidades”, asegura Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales.

Algunas comunidades cerrarán el año sin déficit o con superávit, algo impensable hace un año, cuando se culpaba a las autonomías de ser las principales responsables de la desviación del déficit público. “Si hay dudas es por culpa de las comunidades autónomas”, dijo Montoro en el Congreso. Entonces, el desfase presupuestario regional ascendía al 3,3% del PIB [unos 34.000 millones de euros].

La mayoría de analistas consultados consideran que el déficit de las comunidades cerrará con una ligera desviación, cercana al 2%, pero coinciden en resaltar el esfuerzo de consolidación que han realizado. El propio ministro sugiere que quizá haya una desviación. “La cuestión no es ese guarismo mágico del 6,3% [el objetivo de déficit público para 2012], sino la importancia de la reducción del déficit estructural de forma rápida sin ahondar en la recesión económica”, indicó Montoro hace unas semanas. El Gobierno cree que si logra contener el déficit de las autonomías por debajo del 2% será un éxito.

“Se está forzando la máquina. Se están difiriendo pagos para 2013. Es una práctica habitual que se ha hecho antes. A partir de principios de diciembre se congelaba el sistema de pagos, pero este año se ha adelantado a principios de noviembre”, explica el catedrático de Hacienda de Castilla-La Mancha. Muchos Gobiernos regionales han aprobado normas en sus boletines oficiales para posponer la contabilidad de pagos no previstos en los presupuestos y no aprobados por la intervención antes de noviembre.

Hacienda teme las desviaciones del último trimestre, el más difícil

“Este año ha sido un punto de inflexión para las comunidades autónomas”, asegura César Cantalapiedra, responsable de Asesores Financieros Internacionales (AFI) y experto en Administraciones públicas. “Hasta ahora las medidas que se habían adoptado eran insuficientes o no habían sido efectivas”.

En Bruselas inquieta la dificultad para controlar el gasto de las autonomías. Desde las instituciones europeas se presionó al Gobierno para atajar el problema. Por eso, una de las grandes preocupaciones del Gabinete de Rajoy a principios de año era contener el desbarajuste de las cuentas públicas regionales.

Nada más llegar a La Moncloa, el presidente se encontró con que la Comunidad Valenciana estaba desbordada y no tenía dinero ni para pagar las nóminas de enero. El Gobierno avaló a la Generalitat para que pudiera pagar una deuda de 123 millones con Deutsche Bank. Esa situación descubrió el gran problema que han tenido las comunidades este año: la liquidez.

“Los problemas de liquidez tienen sus causas en la falta de coincidencia entre la recurrencia de ingresos y la necesidad de gastos”, explica Luis Carames, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Y prosigue: “Esto conduce a las comunidades a elevar el endeudamiento a corto plazo por las necesidades transitorias de liquidez. Además, otros problemas como la necesidad de financiar deudas, sobre todo con proveedores, empeoran el problema”.

El equipo de Montoro ha aprovechado esa debilidad para jugar al palo y la zanahoria con las autonomías. Mientras les exigía recortes y subidas de impuestos les facilitaba financiación y amenazaba a las más díscolas con cerrarles el grifo. Bajo la atenta mirada de Bruselas, Montoro aprobó la Ley de Estabilidad Financiera, que obliga a las Administraciones a reducir el déficit y la deuda, y habilita al Gobierno a sancionarlas e, incluso, intervenirlas.

Por un lado, Beteta amenazaba durante la primera mitad del año con intervenir o enviar a los “hombres de negro” a poner orden en las cuentas de las comunidades más remolonas. Y por el otro, el Gobierno ponía en marcha el plan de pago a proveedores, dotado con 18.000 millones, para que afloraran y pagaran las facturas que tenían en los cajones. También adelantó dinero, otros 10.000 millones, a través de una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pudieran afrontar los vencimientos de deuda. A cambio de aliviar los problemas de liquidez les exigió aprobar unos Planes de Equilibrio Financiero (PEF) con ajustes por valor de 18.000 millones de euros.

Las tensiones entre el Departamento que dirige Montoro y los consejeros de Economía y Hacienda han sido notables a lo largo del año. En verano, Extremadura (PP), Castilla y León (PP), Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE) y Canarias (CC) votaron en contra del ministro, que pretendía endurecer el objetivo de déficit y deuda para 2013.

Al final, todas las comunidades han sacado la tijera. Los ajustes ha llegado por el lado de los gastos, porque apenas han subido impuestos.

Los recortes han afectado, sobre todo, al empleo público. Las autonomías han despedido a cerca de 130.000 trabajadores públicos durante los nueve primeros meses del año, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE. “La destrucción de empleo en el sector público va a seguir produciéndose”, advierte César Cantalapiedra, de AFI.

Los Gobiernos han cerrado solo 198 empresas públicas de las 675 previstas

Una de las medidas exigidas por Hacienda pasa por reducir el sector público empresarial de las comunidades. De los 2.404 entes, empresas, consorcios y fundaciones de las comunidades deberán eliminarse 675, según los planes que ha acordado con los Ejecutivos territoriales. Hasta julio solo se habían suprimido 198, según el último dato disponible publicado hace una semana. Es decir, las comunidades aún deberán eliminar 477 empresas públicas, lo que aumentará el despido de trabajadores.

A mediados del año, la situación financiera de España empeoraba por una combinación entre las dudas sobre el futuro del euro y la capacidad del país para pagar sus deudas. “El mercado financiero se ha cerrado para las autonomías”, aseguraba en agosto el ministro de Economía, Luis de Guindos, al tiempo que Hacienda preparaba el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el fondo de rescate para ayudar a las autonomías que no podían acceder a los mercados para pagar los vencimientos de deuda y financiar su déficit.

Las nueve comunidades con más problemas de liquidez se sumaron al FLA: Asturias (solicitó 261 millones), Baleares (355 millones), Cantabria (137 millones), Cataluña (5.433 millones), Andalucía (2.133 millones), Comunidad Valenciana (2.540 millones), Castilla-La Mancha (548 millones), Murcia (527 millones) y Canarias (756 millones). En total reclamaron 12.600 millones. Pero Hacienda les exigió firmar un memorando de condiciones para acelerar los recortes, aplicando el mismo método de Bruselas para los países rescatados.

Gracias a estos mecanismos de liquidez ha mejorado la financiación de las regiones, que han podido frenar el aumento de su deuda pública en el tercer trimestre por primera vez desde 2008, según los datos divulgados el pasado viernes por el Banco de España. Hasta octubre la deuda regional ascendió a 167.460 millones de euros, un 0,48% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El Ejecutivo de Rajoy ha anunciado un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2013. Este nuevo fondo de rescate tendrá unos 23.000 millones, aunque es ampliable. Finalmente, puede crecer hasta cerca de los 40.000 millones para hacer frente a las necesidades de financiación de las Administraciones territoriales. Estas tienen vencimientos por unos 46.000 millones en 2013: 27.415 millones en vencimiento de deuda financiera y nuevo endeudamiento para financiar el déficit; y otros 15.000 millones para cubrir los créditos a corto plazo.

Mañana lunes concluye el plazo para que las comunidades se sumen al nuevo fondo de rescate. La mayoría de las que se sumaron al FLA en 2012 ya ha confirmado que recurrirá también a la ayuda estatal el próximo año. No obstante, lamentan que haya que confirmarlo con tanta premura porque aún desconocen las condiciones del mercado, que puede cambiar sensiblemente si al final España pide el segundo rescate a Bruselas. “El mercado está difícil y las condiciones son muy caras”, ilustra Cantalapiedra, que precisa: “El mercado está estrecho y caro, pero existe porque hace tres meses parecía que no era posible acceder a él”. Esto permitirá a algunas comunidades como Madrid o Galicia seguir financiándose en los mercados y no tener que recurrir a las ayudas estatales.

Pero las autonomías que requieran el apoyo del Gobierno tendrán que aumentar el ritmo de recortes. El objetivo de déficit del próximo año es del 0,7% del PIB, la mitad que este año. Cada vez queda menos grasa donde recortar y los consejeros de Hacienda empiezan a ver hueso. “Los ingresos apenas cambiarán el próximo año. El ajuste tendrá que venir por el lado del gasto”, reflexiona Cantalapiedra.

El próximo año habrá más despidos de trabajadores públicos

Durante 2012 las comunidades han visto aumentar las transferencias estatales por la liquidación del sistema de financiación de 2010 [se liquida con dos años de retraso]. El año que viene apenas cambiarán los pagos del Estado, pues se reducen un 0,15%. Además, aunque hay recortes en las transferencias finalistas (las que reciben del Estado para inversiones concretas, no para la financiación), las autonomías tendrán más ingresos por la subida fiscal del IVA de este año. “Salvo Madrid y Baleares, el resto va a recibir más o menos lo mismo que en 2012”, asegura el directivo de AFI. Por eso, la Comunidad de Madrid se ha quejado amargamente de que dispondrá de unos mil millones de euros menos el año que viene y ha afilado la tijera para poder cuadrar sus cuentas.

Si los ingresos se mantienen constantes para el resto, el recorte tendrá que venir del lado de los costes. Dos terceras partes del gasto autonómico corresponde a sanidad, educación y servicios sociales. Hasta ahora los Gobiernos regionales han evitado tocar drásticamente estas partidas. Pero poco a poco se les acaba el margen. La reducción media del gasto corriente para el próximo año es del 7%, según los presupuestos que ya han aprobado las comunidades. “La parte más dura de ajuste se ha hecho”, defiende Rubio Guerrero. El Gobierno aprobó en abril recortes en sanidad y educación. Aunque muchas comunidades han aplicado recortes en estas áreas se notará más en 2013. El Gobierno valoró el impacto de estas medidas en 2013 en unos 6.300 millones de euros.

Muchos de estos recortes están provocando fuertes protestas, pero Hacienda no afloja. Considera que si el Gobierno asume el coste político de medidas tan impopulares como la congelación de las pensiones, las comunidades deben responsabilizarse de los recortes que apliquen.

Las exigencias de Montoro están abriendo poco a poco el debate sobre el sistema de financiación autonómico. Muchas comunidades, varias del PP, consideran que el actual sistema no funciona y piden una reforma. “El sistema debe ser revisado. No se le puede pedir que resuelva problemas que son de calado político y que han empeorado en los últimos años”, manifiesta Caramés. No obstante, Rajoy ha aplazado este debate.

Los presidentes regionales sueñan con mejorar las condiciones de financiación con el Estado, pero aunque se muestren remolones, están logrando reducir el déficit público. “Las comunidades están dejando de estar bajo el foco de los principales organismos internacionales. La preocupación ahora se está trasladando a la Seguridad Social”, advierte a modo de conclusión Cantalapiedra.