México, ante su gran oportunidad

Hace un año, Humberto Moreira, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la vida de México durante 70 años en el siglo XX, presentaba su dimisión tras verse envuelto en un escándalo de créditos bancarios falsos durante su mandato como gobernador del Estado de Coahuila (2005-2010), una región carbonífera y lechera al norte del país. Había recibido un Estado prácticamente con superávit y lo dejaba con una deuda de 34.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de euros). Y hace dos meses, su primogénito, José Eduardo, era asesinado a tiros. La investigación del crimen llevó a la detención de tres policías municipales por secuestrar y entregar a su hijo al sanguinario cartel de los Zetas. El afligido padre acusó días después a empresarios de Coahuila —“¡cerdos, pónganse a temblar!”— de comprar carbón al crimen organizado, y a su hermano Rubén, que le sucedió al frente del Estado, de gestión ineficaz.

El caso ilustra el lado oscuro de México —corrupción, violencia, inseguridad jurídica, debilidad institucional, endogamia política…—, que ha dominado en los últimos años las primeras páginas de la prensa mundial, pero es solo una cara de la moneda. Hay otra imagen muy distinta, la del país que ha sorteado la crisis global de 2008 con una envidiable estabilidad macroeconómica; produce más ingenieros al año que Alemania; exporta manufacturas por un valor equivalente a la suma de toda América Latina; no depende del precio de las materias primas como Chile, Colombia, Perú y Brasil, y ha crecido más en los dos últimos años que el gigante sudamericano.

Entre el abismo del Estado fallido, del que funcionarios de Washington llegaron a hablar no hace mucho, y la posibilidad de dar un gran salto adelante, aprovechando la coyuntura internacional, que sitúe a México a la cabeza de los países emergentes convirtiéndose en la nueva novia de los mercados mundiales, su clase política ha elegido la última opción al consensuar una agenda de reformas —el Pacto por México, firmado hace una semana— para impulsar el crecimiento y la competitividad. El acuerdo da la primera señal en mucho tiempo de que existe algo más que el diagnóstico común sobre los problemas: una voluntad política de resolverlos. Una atmósfera de última oportunidad flota en el ambiente.

El presidente Enrique Peña Nieto, al mando de un nuevo Gobierno del PRI, después de 12 años fuera del poder, no esperó ni un minuto para anunciar su intención de transformar el país y llevar a cabo las reformas estructurales —fiscal, energética, laboral y educativa— prometidas durante la campaña de las elecciones del pasado 1 de julio. En su primer mensaje a la nación afirmó que “es tiempo de mover a México” y manifestó su decisión de “romper con los mitos y paradigmas que han impedido el crecimiento” de la segunda economía de América Latina, promoviendo la competencia, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones.

El país ha sorteado la crisis global con una envidiable estabilidad

Sus palabras tuvieron un efecto balsámico al sugerir una nueva etapa que deja atrás un sexenio de crecimiento mediocre, del 1,9% de promedio anual; incremento de la pobreza, que afecta al 51% de los 113 millones de mexicanos, y aumento de la influencia de los poderes fácticos. El alivio se transformó en esperanza cuando, 24 horas después, el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN, conservador) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), o al menos su dirección, firmaban el Pacto por México, un total de 95 medidas de muy distinto rango con el objetivo de lograr un crecimiento “por encima del 5%”, fortalecer al Estado frente a los monopolios y “culminar la transición democrática” construyendo “una sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares”.

El investigador Carlos Elizondo Mayer-Serra, autor del libro Por eso estamos como estamos (Debate, 2011) sobre el círculo vicioso de estancamiento en el que ha vivido México durante décadas, reconoce ser menos optimista que la mayoría de los analistas. “Hemos tenido otros pactos parecidos en el pasado que no se cumplieron. En México nos gusta construir supermayorías que luego hacen difícil aterrizar en la práctica las medidas”. Tampoco cree oportuna la comparación con los Pactos de la Moncloa de la transición española: “Allí sí constaban compromisos de gasto y una reforma fiscal concretos”.

Elizondo teme que, en aras de sumar a la izquierda al acuerdo, se haya sacrificado la reforma energética, clave junto con la reforma fiscal del despegue económico mexicano. Peña Nieto prometió en campaña abrir el monopolio de petróleo, Pemex, que representa la tercera parte de los ingresos del Estado, a la inversión extranjera. El sector fue nacionalizado en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas y esa medida requiere una reforma constitucional y, por tanto, una mayoría de dos tercios en el Congreso. El pacto ahora suscrito subraya que “los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación” y promete “crear un entorno de competencia en los procesos de refino, petroquímica y transporte de hidrocarburos sin privatizar las instalaciones de Pemex”.

“Esa redacción ambigua”, dice el investigador, “deja fuera al gas y prefigura una reforma energética menos ambiciosa de lo previsto. Daremos un salto adelante, pero saltaremos poco”.

El nuevo presidente promete reformas fiscales, energéticas, laborales y educativas

El PRI ha dejado ver su atracción por Petrobras como modelo para Pemex y su intención de no permitir una deriva de la empresa pública hacia la venezolana PDVSA. Pero las dificultades a salvar son grandes. Fuentes del partido reconocen que la gestión de la compañía ha sido pésima, la producción ha caído en los últimos años —de 3,4 millones de barriles al día a 2,5 millones—, los accidentes en sus instalaciones son frecuentes y existen un sindicato y un conjunto de contratistas y comisionistas corruptos que son un verdadero obstáculo para su modernización.

Más optimista es el analista financiero Jorge Suárez Vélez, fundador de SP Family Office y autor de La próxima gran caída de la economía mundial (Debate, 2011), para quien en estos momentos “las estrellas se están alineando de manera muy positiva para México”, aunque no se sepa aún “ni la profundidad ni la rapidez de las reformas”. En su opinión, “la gran oportunidad de México está en lo que pase en Estados Unidos”. “EE UU está sentado sobre enormes reservas de hidrocarburos. Si quiere recuperar su tasa de crecimiento de los últimos 60 años (3,3%) debe desarrollarlas con nuevas inversiones. Si lo hace, podría exportar gas a una quinta parte del precio que paga Europa a Rusia actualmente. Esa energía limpia y barata, combinada con la apertura a la inversión extranjera del sector en México, tendría un enorme impacto en sus manufacturas”.

Desde la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio con EE UU y Canadá, México ha firmado acuerdos similares con 44 países y ha ido integrándose progresivamente en la economía de EE UU. El 80% de las exportaciones mexicanas tiene por destino al gigante del Norte y el 40% de lo que exporta este está hecho en México. El país se ha convertido así en el cuarto exportador mundial de automóviles.

“Si el nuevo Gobierno se concentra en mejorar las relaciones económicas con EE UU y no en la agenda monotemática del narcotráfico y la reforma migratoria, como hasta ahora, en tres años México superará a Canadá y China como principal socio comercial de EE UU”, vaticina Suárez Vélez, que recuerda que la desaceleración de la economía china y el incremento de sus costes laborales también benefician a México.

El PRI ha dejado ver su atracción por Petrobras como modelo para Pemex

Pero esa misma interdependencia entraña riesgos, ya que un constipado en Washington puede ser una pulmonía al sur del río Bravo. Así lo señala en su último informe sobre México el Fondo Monetario Internacional (FMI), que suma a este factor un agravamiento de la crisis europea —cita en este sentido “la gran presencia de bancos españoles”— como alertas a corto plazo para la economía mexicana. El FMI recomienda llevar a cabo las reformas previstas para prevenir “un descenso de los beneficios petroleros y el incremento de los gastos en salud y pensiones”, si bien subraya la fortaleza del sistema financiero mexicano.

Desde la Crisis del Tequila de finales de 1994 hasta la actual —la economía se redujo un 6% en 2009—, México ha aprendido la lección y creado una serie de mecanismos para sortear las incertidumbres. Una gestión prudente de la macroeconomía ha permitido mantener la inflación bajo control (4,6%) en un contexto de flexibilidad de la tasa de intercambio, diversificar la deuda y acumular unas reservas de 163.000 millones de dólares. El Banco Central (Banxico), que dirige Agustín Carstens, ha sido eficaz también en la supervisión del sistema bancario, impidiendo operaciones especulativas al tiempo que ha estimulado el crédito. Como el propio FMI señala, “existe un fuerte consenso nacional en la estabilidad macroeconómica” lograda, y el nuevo Gobierno está decidido a mantenerla.

La reforma energética va de la mano de la reforma fiscal. Si el PRI quiere reinvertir parte de los beneficios de Pemex en la propia empresa en exploración y tecnología hasta convertirla en un jugador de categoría global y desarrollar una política social, garantizando las pensiones a los mayores de 65 años como ha anunciado, necesita aumentar los recursos del Estado ampliando su capacidad recaudatoria con una gestión eficaz. La presión fiscal en México es actualmente la más baja de la OCDE y no soporta la comparación con Brasil —38% frente a 12%—, según Suárez Vélez, quien pronostica una subida del IVA y su extensión a más bienes a corto plazo.

Recaudar más significará también reducir el sector informal de la economía, que ocupa casi al 40% de la población activa —es frecuente trabajar sin contrato de ninguna clase incluso en empresas del sector formal—; eliminar la generalización de subsidios que benefician a los más ricos —pese a que México importa buena parte de la gasolina por falta de capacidad de refino, se subvenciona por igual al margen de la cilindrada del vehículo—, y eliminar los privilegios fiscales de particulares y empresas.

En el primer caso, la extensión de los beneficios sociales que pretende el nuevo Gobierno con la puesta en marcha de un sistema universal de Seguridad Social actuará como zanahoria para integrarse en la economía formal, y en el segundo bastará una decisión administrativa. Más problemática parece la tercera medida.

El Pacto por México anuncia que “se simplificará el cobro de impuestos, se incrementará la base de contribuyentes, se combatirá la evasión y se eliminarán los privilegios, en particular el régimen de consolidación fiscal”, eufemismo para indicar los trucos contables legales que ciudadanos y compañías utilizan para no pagar más impuestos.

El presidente de la Comisión de Competitividad de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Juan de Dios Barba, aplaude la voluntad de hacer “normas más sencillas y homologadas” para el cobro de impuestos, pero exige también un control de “cómo se ejerce el gasto público”. El representante de la patronal también reclama más facilidades en los créditos a las pymes. “Hasta ahora se han privilegiado los créditos al consumo, pero no a la inversión en bienes de capital o a la producción industrial, cuyas tasas de interés oscilan entre el 12% y el 25%, mucho más altas que las de nuestros competidores en el exterior como EE UU (entre el 4% y el 6%) o Brasil (del 8% al 10%)”, afirma.

El acuerdo también compromete al nuevo Gobierno a reducir la influencia de los poderes fácticos que “obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza que está en el origen de nuestra desigualdad”, y otorga a la Comisión Federal de Competencia “la facultad para la partición de monopolios”.

La presión fiscal es la más baja de los países miembros de la OCDE

La existencia de estos, públicos y privados, es una experiencia cotidiana en la vida de los mexicanos desde la telefonía —las compañías del magnate Carlos Slim controlan el 80% de las líneas fijas y el 70% del mercado de móviles— hasta la televisión —entre Televisa y Azteca TV se reparten más del 90% de la cuota de pantalla.

Para conseguirlo, el PRI tendrá que fortalecer las instituciones del Estado y predicar con el ejemplo, poniendo coto a la corrupción de una clase política engolfada desde hace mucho tiempo, como escriben Daron Acemoglu y James A. Robinson en Why the Nations Fail. The origins of power, prosperity and poverty (Profile Books, 2012), en la “extracción de rentas” a sus ciudadanos. El país de la mordida, del soborno a las autoridades y de los mil trámites de una burocracia kafkiana ocupa el lugar 105º en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 que establece Transparencia Internacional, muy por detrás de Brasil (69º) o Chile y Uruguay (20º).

También tendrá que atajar la creciente deuda de los Estados, que en 2011 creció un 24% —390.000 millones de pesos (22.500 millones de euros)—, hasta representar el 2,9% del PIB. Peña Nieto ha anunciado una ley para meterlos en cintura, pero cuatro de los cinco Estados más endeudados están gobernados por su partido.

Otro desafío para el salto adelante del país más poblado de habla hispana es la reforma educativa. México invierte en este capítulo el 6,2% del PIB, la media de la OCDE, pero obtiene los peores resultados de las naciones que integran ese organismo en el Informe Pisa. En el fracaso tiene bastante que ver que el sector esté dominado desde hace más de dos décadas por la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, apodada La Maestra.

El nuevo Gobierno parece decidido a dar esta batalla reorganizando la carrera docente y reduciendo el poder del sindicato, el más grande de América Latina, con 1,3 millones de miembros. El enfrentamiento con La Maestra será un termómetro de la voluntad de cambio del PRI, que tendrá que lidiar también con otros aliados del partido, como el líder del sindicato petrolero desde 1993, Carlos Romero Deschamps, herederos del viejo Estado corporativo mexicano.

Hay además más de siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan que exigen en las calles un futuro que no puede esperar más, ni el país puede permitirse que miles de adolescentes sean reclutados cada año como sicarios por los carteles de la droga.

Pese a que el narcotráfico y las 60.000 muertes asociadas a él han monopolizado en los últimos años la imagen internacional de México, y algunos estudios recientes del BBVA o JP Morgan hayan cuantificado el coste de la violencia desde 2008 entre un 1% o 1,5% del PIB anual, la economía mexicana ha demostrado ser a prueba de balas. La inversión exterior se ha mantenido estable gracias a que la violencia afecta más a unos Estados que a otros, la depreciación del peso y los bajos salarios.

Hace poco más de un año, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el gran villano de la política mexicana y al que se le atribuye estar detrás de Peña Nieto, declaraba a EL PAÍS: “Es verdad que en los BRIC no está la M de México. En general, sí se siente una presencia exterior disminuida de México, en parte porque para ir afuera, primero hay que arreglar dentro”. El PRI y las principales fuerzas políticas se han comprometido de una vez por todas a “arreglar dentro” y situar al país en el lugar que le corresponde en el escenario global. El proyecto se ha frustrado en el pasado por el cálculo partidista y los intereses creados, pero la oportunidad de lograrlo parece hoy más cercana que nunca.