¿Quién se creía los 2.500 millones?

La noticia de que Hacienda no ha recaudado ni la mitad de lo previsto por la amnistía fiscal aprobada hace unos meses no es sorprendente. Lo llamativo hubiese sido lo contrario. Las investigaciones sobre los efectos de las amnistías en diferentes países muestran, con un consenso notable, que los efectos recaudatorios en el corto plazo suelen ser pequeños. Sobre todo, cuando el anuncio de la amnistía no es percibido como parte de un paquete de medidas que conllevan el inicio de una etapa nueva y más eficaz en la lucha contra el fraude. Solo cuando los que defraudan asumen que el escenario va a cambiar, que va a ser mucho más difícil y costoso seguir engañando e incumpliendo la ley, cogen el tren del perdón fletado por el gobierno. Para el caso español en concreto, más de lo mismo; como nos muestran, entre otros, los estudios de los profesores de la Universidad de Zaragoza López Laborda y Rodrigo Sauco.

Por eso, lo más interesante y preocupante del anuncio del ministro Montoro son otras cuestiones. En primer lugar y relacionado con lo anterior: no parece que los defraudadores se tomen muy en serio las promesas e intenciones del gobierno sobre la lucha contra el fraude fiscal. Hacienda debería tomar buena nota y pensar en estrategias y compromisos que generen más credibilidad. Nos va mucho en ello. Algunas ideas interesantes al respecto se discutirán hoy mismo en el Foro Fiscal del Institut d'Economía de Barcelona.

En segundo lugar, lo ocurrido debería hacer reflexionar al ministro sobre la necesidad de ser más prudentes a la hora de presupuestar medidas de resultado incierto. Desde finales del año pasado en España acumulamos continuos fracasos en el cumplimiento de objetivos presupuestarios, con la consiguiente pérdida de reputación internacional. Si la desviación a la baja en una partida de ingresos que aparecía en el plan de ajuste de antes del verano supera el 50% ¿Van a creerse los inversores extranjeros y nuestros socios comunitarios el resto del plan? ¿Con qué partidas vamos a compensarla?

Tercero y final, sabemos que el cumplimiento tributario obedece a un cálculo racional de los contribuyentes, teniendo en cuenta la probabilidad percibida de que los detecten y del castigo correspondiente. Pero también de la "moral fiscal"; es decir, de la predisposición al pago voluntario de impuestos como deber de ciudadanía ¿Alguien ha hecho un cálculo de qué efectos va a tener la amnistía sobre esta dimensión? La realidad es que el porcentaje de ciudadanos que piensa que el fraude está aumentando ha alcanzado cotas máximas durante las crisis y que esta percepción alimenta, sin duda, el desánimo fiscal. Ver que los que antes defraudaron ahora disfrutan de amnistías a tipos impositivos muy reducidos y que, además, muchos ni siquiera temen que Hacienda los descubra, va a minar esa moral.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo