Bruselas aprueba un recorte del 60% en los activos de las cajas nacionalizadas

Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y, ahora sí, España: ahí estaba la cuádruple madre de todas las burbujas inmobiliarias del Atlántico Norte. Los norteamericanos y los británicos barrieron bajo la alfombra todo lo que pudieron, el huracán se llevó por delante a Irlanda hace dos años, y la crisis, que a cámara lenta se ha convertido en una tremenda bola de nieve, ha acabado zarandeando al sistema financiero español. Bruselas aprobó ayudas públicas de 37.000 millones para las cuatro entidades ya nacionalizadas: la madrileño-valenciana BFA-Bankia, la gallega NCG Banco, Catalunya Banc y el Banco de Valencia, esta última ya en manos de La Caixa.

A cambio de la lluvia de dinero europeo —que se suma a los recursos públicos españoles ya inyectados—, la obligada penitencia: durísimos planes de reestructuración en los próximos cinco años, miles de despidos, vuelta a la banca aburrida, venta de filiales y participadas, prohibición del crédito a promotores, regreso a las regiones de origen. Y punto final a las aventuras de las gigantescas mesas de tesorería, al negocio al por mayor y a otros sueños de grandeza.

Bruselas devuelve a la tierra a la banca española. En particular a cuatro entidades que deberán adelgazar su balance en al menos un 60%, cifras similares a las aplicadas en Alemania o Reino Unido. La duda es si no será demasiado, si con la nueva ronda de despidos y la jibarización no se agudizará la restricción de crédito y por tanto la recesión.

El recorte de plantilla es de 6.000 personas en Bankia y 2.500 en NCG

Además de todo esto, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, dejó un par de recados directos al mentón. ¿Culpables? “Los que gestionaron mal las entidades. Nos saldría una lista relativamente larga”, dijo solo un día después de que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, presumiera en el Congreso de haber multiplicado por seis el balance. ¿Por qué se les prohíben algunos negocios? ¿Por qué la reestructuración es tan dura? “La historia ha demostrado que no son capaces de operar de manera eficiente en actividades de riesgo. Hay que impedirles regresar a prácticas insostenibles”, respondió.

Se trata de una primera oleada: cuatro entidades más (Ceiss, BMN, Caja3 y Liberbank) pueden requerir unos 5.000 millones en un mes, según las últimas estimaciones aún por cerrar, lo que elevaría hasta 45.000 millones la factura completa, algo por encima de las últimas previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos. La factura completa la pagarán, básicamente, los empleados (un recorte de plantilla de 10.000 personas, 6.000 de ellas en Bankia y hasta 2.500 en NCG), los directivos (con limites de salarios), y los accionistas, preferentistas y poseedores de deuda subordinada, que asumirán pérdidas de 10.000 millones. Pero los principales paganos son, de momento, los contribuyentes europeos y en particular los españoles (las ayudas no son sino préstamos a un bajísimo interés, inferior al 1%). Se escribe así otro capítulo de esa política basada en la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios que ha caracterizado a una parte de la banca española, europea e internacional.

“Los responsables son los gestores. La lista es larga”, acusa Joaquín Almunia

Guindos trató de responsabilizar el martes a Bruselas de los despidos. “A Guindos lo que es de Guindos”, devolvían la pelota fuentes europeas: las entidades son las que presentaron planes de reestructuración validados por el Banco de España, y este los elevó a la Comisión, que los aprobó tras exigir ajustes adicionales “proporcionales a los de entidades de otros países”. Fuentes de Bruselas ponen como ejemplo la banca alemana, recapitalizada con dinero exclusivamente de Berlín: se cerró el West LB y se recortó un 80% el balance del Hypo.

“Era lo esperado. Lo bueno es que se puede dar por neutralizada la amenaza de una crisis sistémica en la banca española”, dice Emilio Ontiveros, presidente de AFI. “Lo malo es que el crédito tardará en recuperarse. Y que en esa retroalimentación de crisis bancaria, crisis de deuda y recesión, sigue habiendo dudas por despejar”, añade el analista Juan Ignacio Crespo.

Las cajas nacionalizadas recibirán el dinero en diciembre. De los 37.000 millones, 17.960 irán a BFA-Bankia, la única que puede seguir en solitario y se convierte en el segundo banco de Europa con más ayudas públicas. Catalunya Banc recibirá otros 9.080 millones, y NCG, 5.425 millones: ambas deberán ser vendidas, con lo que la operación adquiere tintes políticos, con efectos en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo y en Cataluña, con las elecciones aún frescas. Banco de Valencia, ya en la órbita de La Caixa, recibirá 4.500 millones. Almunia argumentó que esa opción era “mucho menos costosa” que liquidar un banco a todas luces inviable.

Las entidades deberán vender sus participaciones industriales y destinar los fondos a rebajar la factura pública. El objetivo es que la relación entre préstamos y depósitos sea del 100%, con excepción de Novagalicia, que deberá cumplir requisitos aún más exigentes. Esas medidas persiguen reducir la dependencia de la financiación mayorista y del BCE. En cuanto a la reducción de activos, las entidades nacionalizadas traspasarán 45.000 millones de activos al banco malo con un descuento medio del 63% para los inmuebles que las entidades han canjeado a los constructores e inmobiliarias a cambio de sus créditos impagados; y de entre el 46% y el 54% para los préstamos a promotores. La rebaja general es algo mayor del 50%.

Los inversores con preferentes y otros títulos de deuda subordinada tendrán que hacer frente a “fuertes pérdidas”, que Almunia se negó a cuantificar. El comisario se limitó a explicar la metodología usada para determinar el menoscabo que sufrirán miles de pequeños ahorradores: tras calcular el valor actual de los títulos, se aplicará una quita parcial (que será distinta en cada caso); y a partir de ahí se establecerá un canje por acciones de las entidades afectadas. Están por ver las quitas definitivas, que Bankia cuantifica en el 39% para las preferentes.