Trabajo envenenado en el sur de Italia

Se trata de un duelo con la salud y el trabajo como testigos. De un lado, la fiscalía de Taranto, una ciudad de 195.000 habitantes en la región de Puglia (sur de Italia). Del otro, los directivos de Ilva, uno de los grupos siderúrgicos más grandes de Europa, acusados de sobornar a técnicos y políticos para evitar los controles ambientales que responsabilizan a la planta —con una producción de 28.000 toneladas de acero al año— de los vertidos tóxicos que causan enfermedades y muertes en la zona. Tras el arresto de siete directivos, la siderurgia ha enviado a casa a los 5.000 empleados de Taranto y amenaza con hacer lo mismo con otros 12.000 en toda Italia. Los trabajadores han ocupado la acería.

La situación amenazaba con explotar desde hace cuatro meses justos, cuando la fiscalía ordenó las primeras detenciones, entre ellas la del patriarca del grupo, Emilio Riva, de 86 años, en arresto domiciliario desde entonces. Entre los ahora detenidos se encuentra Girolamo Archinà, exresponsable de las relaciones externas de la planta, quien fue sorprendido hace dos años en una gasolinera mientras entregaba un sobre con 10.000 euros a Lorenzo Liberti, por aquel entonces perito de la fiscalía, para que hiciera la vista gorda (según la empresa, aquel dinero era una inocente donación para la diócesis). Se trata, según los investigadores, de apenas un detalle.

La poderosa familia Riva –dueña de Ilva desde 1995-- y sus directivos de confianza están acusados de asociación para delinquir y de corrupción. No solo se les acusa de provocar el desastre ambiental por el vertido de toneladas de sustancias cancerígenas (entre ellas, dioxina y benzopireno). También de contaminar con dinero sucio las voluntades de técnicos y políticos de todos los partidos, incluido —según la fiscalía— el presidente regional de Puglia, Nichi Vendola, quien el pasado domingo salió derrotado de la primera vuelta de las primarias que celebró el centro-izquierda. Vendola, destacado defensor de los derechos civiles, niega de plano las acusaciones, si bien en este caso su postura —como la de tantos otros políticos y vecinos de Taranto— se encuentra atrapada en un dilema mortal: salud o trabajo. De ahí el lema acuñado por los operarios: “El paro también mata”.

El lema de los operarios es “El paro también mata”

Aunque no se sabe si tanto. Un informe de la fiscalía sostiene que la contaminación provocada en tierra, agua y aire por la planta siderúrgica está relacionada con 11.000 muertes en los últimos siete años. A pesar de las numerosas denuncias, y de un plan de saneamiento presentado por el Gobierno para intentar compaginar trabajo y salud, las chimeneas siguieron funcionando como si tal cosa. Según las acusaciones de los fiscales, la familia Riva decidió que era más fácil y más barato reciclar los informes y sobornar a las autoridades que acometer las reformas aconsejadas por el plan Aia (autorización integrada ambiental).

Ahora, ante la acción de la fiscalía, que además de la detención ha paralizado parte de la planta e incautado la producción, y la dura reacción de la empresa —que ha convertido a los trabajadores en moneda de cambio—, el Gobierno no ha tenido más remedio que reaccionar. El primer ministro Mario Monti ha convocado una reunión el jueves en el Palacio Chigi, y su ministro de Medio Ambiente, Corrado Clini, ha asegurado que para entonces estará listo un decreto de urgencia que desbloquee la situación. Entre tanto, los trabajadores de Taranto siguen encerrados en la planta y sus compañeros del resto del país están empezando a bloquear carreteras y a tomar las calles. La ministra del Interior, Annamaria Cancellieri, ha vuelto a decir por segunda vez en pocas jornadas que teme por el orden público. Los 12.000 trabajadores de Ilva, por su trabajo y la salud de sus familias.