Los acreedores que aceptaron la quita de Argentina recurren el fallo de EE UU
Los bonistas advierten de que la decisión del juez pone en peligro el pago del próximo vencimiento
Los tenedores de bonos argentinos que aceptaron reestructurar su deuda soberana tras la quiebra del país sudamericano, en 2001, han anunciado que recurrirán el fallo de la Corte Federal de Nueva York que permitirá a los bonistas que no aceptaron la reestructuración cobrar el importe total en un solo plazo.
El abogado de un grupo de acreedores que posee cerca de 1.000 millones de dólares (unos 770 millones de euros) en bonos argentinos, David Boies, ha informado de que ha presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para que suspenda el pago a los bonistas que rehusaron la reestructuración.
Boies ha explicado que el fallo de la Corte Federal de Nueva York pone en peligro el pago del próximo vencimiento, tanto de la deuda principal como de los intereses, que suman 3.000 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros) a los acreedores que aceptaron la reestructuración.
El pasado jueves el tribunal neoyorquino impuso al Gobierno argentino la obligación de abonar los 1.330 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros) que debe a los fondos de inversión que rehusaron reestructurar su deuda soberana.
El fallo obliga a Argentina a hacer los primeros pagos a los bonistas que rechazaron la reestructuración en una cuenta de garantía el 15 de diciembre, justo cuando el país tiene previsto cancelar 3.000 millones de dólares a los bonistas que participaron en la reestructuración.
En el caso de que el Gobierno argentino no abonara la cantidad adeudada a los inversores que rechazaron la reestructuración, no se le permitiría desembolsar los pagos a los acreedores que sí aceptaron la reestructuración, incrementando el riesgo de incurrir en una nueva suspensión de pagos.
El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner ya ha presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, alegando que la Corte Federal de Nueva York carece de competencia para conocer este caso, así como un trato desigual a los acreedores de un mismo deudor por una misma deuda.
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