La Fiscalía pedirá que se analicen los sueldos de los exconsejeros de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción solicitará al Banco de España que analice las retribuciones que percibieron los exconsejeros de Bankia en el marco de la causa judicial que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre las actividades de la entidad antes de que fuera nacionalizada en mayo pasado, informaron fuentes jurídicas. Las remuneraciones que recibieron los exconsejeros de la entidad constituyen una de las cuatro líneas sobre las que la Fiscalía quiere que se pronuncien los miembros del Cuerpo de Inspectores de Entidades de Crédito que el gobernador del Banco de España, Luis Linde, debe designar como peritos judiciales para analizar la documentación que obra en la causa.

Además, la acusación pública quiere que la investigación se centre en las condiciones en que se produjo la fusión de las siete cajas de ahorro que conformaron Bankia, las circunstancias de su salida a Bolsa y el análisis de las cuentas de la entidad que, tras ser reformuladas en mayo pasado por la auditora Deloitte, pasaron de un balance de beneficios de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979.

La primera semana de comparecencias ha dejado las declaraciones de ocho exconsejeros, que han coincidido decir que desconocían el agujero de la entidad

El juez Andreu dictó una providencia el pasado 24 de octubre en la que ordenaba la designación de los peritos y solicitaba a la Fiscalía y al resto de partes personadas que en el plazo de diez días expusieran "aquellos extremos en que consideren necesario practicar la prueba pericial". Según las citadas fuentes, a partir de estas diligencias y el resto de las que se realicen en el procedimiento el juez instructor deberá estudiar qué responsabilidad penal se puede atribuir a los responsables de la entidad.

Por el momento a los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

La primera semana de comparecencias ha dejado las declaraciones de ocho exconsejeros, que han coincidido en asegurar que los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría desconocían que el Banco de España hubiera realizado alguna advertencia sobre la solvencia de la entidad. También han apuntado que no fueron conscientes del agujero contable hasta mayo pasado, cuando se enteraron por la prensa de la crisis que acabó con la salida de Rodrigo Rato y la nacionalización de la entidad, que obligó a la entidad a pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ayudas públicas por valor de 19.000 millones de euros.

De igual modo, dos de los exconsejeros citados por el juez Andreu —el consejero de Bancaja a propuesta del PSOE, Remigio Pellicer, y la asesora de Esperanza Aguirre, Mercedes Rojo— admitieron que fueron incluidos en la Comisión de Auditoría del grupo a pesar de no tener ningún tipo de conocimiento sobre contabilidad o finanzas. La ronda de declaraciones judiciales continuará el próximo 19 de noviembre, cuando tendrá lugar el interrogatorio de otros dos políticos del PP: la exteniente de alcalde de Madrid Mercedes de la Merced y el expresidente de Caja Ávila y presidente de la Diputación, Agustín González.

Rato deja Caja Madrid

Rodrigo Rato dejará de ser presidente de Caja Madrid a final de mes, fecha en la que se producirá la desaparición de la entidad como tal, dado que a partir del 28 de noviembre se convertirá en una fundación de carácter especial. Fuentes relacionadas con este proceso apuntan que es probable que no se celebre una asamblea general en Caja Madrid antes de la extinción, por lo que Rato no tendría que dar explicaciones de lo que ha sido su gestión.

Una vez que Caja Madrid deje de existir como tal se convertirá en una fundación especial que se fusionará con la fundación que es hoy día. En cuanto a la obra social, lo más probable es que siga funcionando, dado que tiene recursos suficientes para continuar con su actividad, señalan fuentes del sector. Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid, que ejerce la tutela sobre Caja Madrid, han indicado a Europa Press que el Gobierno regional no puede impulsar los procesos de transformación de la entidad, ya que esa tarea le corresponde a la propia caja. "Nosotros velamos por qué ese trámite sea ajustado a la ley. No podemos convocar su asamblea ni impulsar el patronato", han precisado.

Conversión en fundaciones

De acuerdo con el MoU, las cajas deben rebajar del 50% su participación en los bancos resultantes de las fusiones, con el fin de evitar su control. Si finalmente las cajas se ven obligadas a rebajar su posición de control en los bancos a los que traspasaron sus negocios, se produciría una nueva vuelta de tuerca en el sector, pues podría llevar aparejada su conversión en fundaciones. La pérdida de control se distribuiría durante varios años.

El MoU establece que el Gobierno debería tener preparada una normapara el próximo mes de noviembre que permita "aclarar" la función de las cajas en su calidad de accionistas de bancos. Y explica que "en último término" se debería reducir su participación hasta una cota "no mayoritaria". Rodrigo Rato, todavía presidente de Caja Madrid, asumió la presidencia de Bankia en diciembre de 2010. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le ha citado a declarar como imputado en la causa en la que investiga la salida a Bolsa de Bankia el próximo 20 de diciembre, informaron fuentes jurídicas.