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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Centralismo, nunca jamás

El caballo recentralizador cabalga, estimula al secesionismo y arriesga la unidad de mercado

Xavier Vidal-Folch

España debe acabar con “la falta de coordinación” entre los tres niveles de Administración, que genera una “proliferación de regulaciones, a veces superpuestas”. Así lo recomienda el Ecofin en su sesión del pasado junio (11023/1/12, REV 1). Y urge a que las autonomías cumplan sus objetivos de déficit. Para ello, España debe “establecer una institución fiscal independiente que suministre análisis, asesore y controle la política fiscal”.

Subrayemos: Europa recomienda que el controlador sea in-de-pen-dien-te. Que no sea, o no solo, parte interesada.

Esa institución fiscal está en el limbo. Y la coordinación anti-duplicidades tampoco se inspira en el principio de independencia. El Gobierno acaba de anunciar la creación de una comisión propia para la reforma administrativa.

Como este es un asunto muy político, muy poco administrativo, aún puede y debe corregir el tiro: para acabar bien con el “caos” y el “despilfarro” hay que incorporar a todos los implicados a la mesa decisoria, no solo a las consultivas. Si no, la inercia propia del dueño de la comisión hará que la reforma sea no “de” las autonomías y “de” la Administración central, sino “contra” las autonomías.

La inspiración del recelo autonómico en el PP, alas blanda y dura, proviene del informe de la FAES Por un Estado autonómico racional y viable

¿Qué Estado queremos? Contra la creencia general, el Estado español no es un mamut. La presión fiscal alcanza el 31,9% del PIB (2010), frente a una media del 38,4% en la UE, con puntas en Dinamarca (47,6%) y Suecia (45,8%). El gasto en los 2,68 millones de empleados públicos equivale al 11,9% del PIB, algo más que la media europea (11,1%) y menos que Dinamarca (19%) o Francia (13,4%). No tenemos un problema de tamaño excesivo, sino en todo caso de eficaz reparto de tareas y eficiencia global.

La inspiración del recelo autonómico en el PP, alas blanda y dura, proviene del informe de la FAES Por un Estado autonómico racional y viable (2010, www.fundacionfaes.org), cuyas dos primeros autores auspician la recentralización. Para ellos, el cogollo del problema está en la “pérdida de poder del Gobierno central” en lo financiero y la “falta de capacidad para imponer [¡ay!] una coordinación en la implementación” de ciertas “políticas de gasto”. Les inquieta el aumento de funcionarios en las autonomías y no en la Administración central... recién vaciada de competencias.

Una visión más sugestiva la sostuvo en solitario Manuel Fraga en su Administración única: una propuesta desde Galicia (Planeta, 1993). El fundador postulaba que todas las competencias, todas (salvo Hacienda, Seguridad Social, Interior, Justicia, Defensa y Exteriores) pasaran a depender de las comunidades autónomas, al menos de las históricas.

Un estudio potente, a la espera de que se publique el realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas en época de Manuel Chaves, es el recentísimo Informe sobre les duplicitats funcionals i organitzatives...” del Institut d'Estudis autonòmics catalán (www.gencat.cat/iea). Es el envés de la visión del PP. En 323 páginas ofrece casos concretos de invasiones de competencias regulatorias y ejecutivas. Una perla: la Constitución “no atribuye de forma explícita competencia alguna al Estado” en turismo; pero se explaya en esa actividad con 5.084 funcionarios y empleados (Secretaría de Estado, Instituto de Turismo, Paradores...).

Entre la lectura de tanto informe y la discusión de sus detalles, a lo mejor Saulo cae del caballo recentralizador: ese que tanto estimula al secesionismo y pone así en peligro la unidad de mercado.

Porque el caballo recentralizador, cabalgar, cabalga. Solo unos pocos ejemplos de los últimos 10 meses: el organismo regulador unificado detraerá la sede barcelonesa de la Comisión de Telecomunicaciones; el plan de privatizar aeropuertos (como el del Prat), paralizado; la publicación de las balanzas fiscales iniciadas por Pedro Solbes, suspendida; las inversiones comprometidas en algunos Estatutos, evaporadas; el corredor ferroviario litoral que apoya la UE, infradotado, en favor del corredor central desechado por Bruselas; la organización de las disciplinas educativas por las comunidades, desbaratada. Y luego algunos se extrañan de que los más sentimentales se apresten a romper la baraja.

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