La verosimilitud cotiza

La política presupuestaria, la formulación de los presupuestos públicos, constituye la principal herramienta de política económica de los Gobiernos. A través de los mismos intentan influir en la actividad económica, fortaleciendo las dotaciones de capital o concretando aquellos objetivos de distribución del Gobierno que los formula. Idealmente, esa incidencia en la economía trata de actuar de forma anticíclica, compensando la actividad privada: atenuando los excesos de demanda, cuando la economía crece por encima de su potencial, o estimulándola cuando ocurre lo contrario y aumentan los riesgos de recesión y aumento del desempleo.

Los presupuestos que han llegado a las Cortes no podrán cumplir ninguna de esas funciones. En realidad, tampoco el Gobierno podía aspirar a ello. Su objetivo fundamental es reducir el déficit público: la diferencia entre los gastos e ingresos públicos en 2013 no deberá superar ese 4,5% del PIB comprometido con las autoridades europeas. No es una pretensión fácil de satisfacer, en mayor medida si se añaden desviaciones en el correspondiente saldo presupuestario de años anteriores. En la mano del Gobierno español esta reducir la mayoría de los componentes del gasto público, pero no tanto conseguir los ingresos públicos previstos. Estos últimos dependen en gran medida de la fortaleza de la actividad económica, de la variación en las bases sobre las que giran los impuestos: la generación de rentas y la demanda de las empresas y de las familias. Y estas serán menos favorables de lo que reflejan las hipótesis macroeconómicas asumidas por el Gobierno, las mismas que definió en junio.

Es altamente probable que el PIB de la economía española contraiga su ritmo de crecimiento en 2013 bastante más de ese 0,5% en que se basan los presupuestos. Las variaciones negativas de la demanda interna serán probablemente superiores a las estimadas, entre otras razones por las contracciones en casi todas las categorías de gasto público más influyentes en la generación de rentas, en un entorno nacional e internacional que se ha debilitado de forma significativa en los últimos meses. Consecuente con esa debilidad añadida, el desempleo ascenderá hasta un nivel cercano al 26%, significativamente superior al estimado por el Gobierno. No hace falta insistir en la influencia que un desequilibrio de tal magnitud ejerce sobre la confianza y las decisiones de gasto de las familias y empresas, y sobre algunas partidas de gasto público. Es en este contexto en el que cobra toda su significación la repetida advertencia del FMI: la pretensión por sanear las finanzas públicas es un maratón, no una carrera de velocidad. La consolidación fiscal ha de acompañarse de medidas que respalden el crecimiento económico.

Las consecuencias de esas dudas que proyectan los presupuestos para 2013 podrían afectar a la principal partida de gastos, los intereses de la deuda, que ya supera los 38.600 millones de euros. La primera impresión que cabe deducir de las cotizaciones de los bonos públicos tras el conocimiento de estos presupuestos no es favorable. Lo será menos cuando se añadan a la deuda pública las desviaciones en el déficit publico de ejercicios anteriores al que ahora se presupuesta, así como las derivadas de la recapitalización que finalmente precisen los bancos españoles. Con todo, el factor que puede condicionar en mayor medida las cotizaciones de nuestra deuda pública es la prolongación de la ambigüedad en la que sigue inmersa la decisión de petición de ayuda financiera a las instituciones europeas para reconducir esos tipos de interés a niveles soportables.