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OPINIÓN

El rapto de Europa

La crisis europea focalizada en los países deudores, cuyos efectos se expanden por todo el continente, tiene su sustento en el incompleto diseño institucional de la Eurozona. Sin duda, ha habido comportamientos inapropiados durante los años de acumulación de desequilibrios y dejación de las responsabilidades de muchos Gobiernos en la resolución de sus propios problemas estructurales, pero la causa suficiente para explicar la crisis la encontramos en un marco institucional inconcluso en la Eurozona. Hasta ahora se ha centrado la estrategia contra esta crisis en una reducción de los déficits fiscales generados, principalmente, por la propia recesión, obligados por el crecimiento de los tipos de interés que están comprometiendo la financiación del conjunto de políticas públicas.

Las reformas nacionales están siendo timoratas, mientras que la revisión del marco institucional de la Eurozona avanza muy lentamente atrapada en juegos de equilibrios entre los países deudores y acreedores. Los primeros aspiran a algún tipo de unión fiscal que ayude a relajar el coste de su financiación, y los segundos no están dispuestos a ceder hasta comprobar la rigurosidad en la gestión fiscal de estos. Sin embargo, unos y otros viven encerrados en el mismo círculo vicioso, raptando a Europa su futuro. Si bien es necesario corregir el déficit, intentar cumplir unos objetivos fiscales —intervenidos formalmente o no— para ganar la credibilidad que permita discutir una unión fiscal solo aumentará la severidad de la recesión, complicando a su vez el cumplimiento de los propios objetivos. La Eurozona necesita completar el diseño como área económica, y un nuevo pacto —aunque sea a medio plazo, pero creíble— entre los socios comunitarios en tal dirección puede ser suficiente para aliviar la presión de los mercados, facilitar la corrección del déficit y reanimar la actividad.

La zona euro está configurada como un área monetaria única, pero la consolidación de su mercado interno continúa siendo reducida. El mercado de trabajo está muy lejos de alcanzar una integridad razonable, pero incluso el mercado de capitales, aun cuando ha mostrado una notable consolidación a nivel mayorista, presenta un marcado perfil nacional en el segmento minorista. En cualquier caso, la integración de los mercados de bienes y servicios puede suplir las disfuncionalidades del mercado de factores, como nos enseñaron Heckscher y Ohlin. Sin embargo, el mercado de servicios mantiene un sesgo local que la Directiva de Servicios apenas ha modificado y solo el mercado de bienes ha alcanzado una integración relevante. Así pues, el euro se estableció como moneda única sobre un mercado común con una consolidación parcial. Pero además, para empeorar el grado de adaptación del modelo, buena parte de las economías nacionales se han caracterizado por su reducida flexibilidad, que nada tiene que ver con la calidad del Estado del bienestar, como las economías nórdicas nos recuerdan. Bajo esta realidad, adoptar una política monetaria única suponía una herramienta de doble filo. Esta disfunción del diseño de la unión monetaria estaba en la base de los críticos —especialmente anglosajones, como Paul Krugman— al proyecto del euro. Sin embargo, los europeos elegimos seguir adelante porque aunque conocíamos los riesgos, había liderazgo suficiente para confiar en una estrategia de medio plazo con la que ir corrigiendo las deficiencias del modelo.

Países deudores y acreedores viven encerrados en un mismo círculo vicioso

En el inicio de la actual crisis, hace ya cinco años, el agregado de la zona euro no presentaba un cuadro macroeconómico preocupante, pero en su seno los desequilibrios nacionales habían alcanzado niveles insostenibles. La política monetaria había prestado obviamente mayor interés a la principal economía de la unión, Alemania, y los tipos de interés reducidos en la primera década del siglo se transformaron en tipos reales negativos en aquellas economías más inflacionarias. Por su parte, la agenda económica para elevar la consolidación del mercado interior, que debería haber ayudado a gestionar potenciales crisis por cuenta corriente, se incumplió. Desde la Estrategia de Lisboa hasta el presente, los planes para mejorar el nivel de cohesión han alcanzado unos resultados decepcionantes. Pero además, los Gobiernos nacionales que disfrutaron de financiación abundante y barata mostraron escasos incentivos a mejorar la adaptabilidad de sus economías. Así pues, durante más de una década unos países acumularon una deuda frente al resto y tras el shock en el otoño de 2008, que secó de liquidez los mercados financieros, los acreedores comenzaron a dudar de la capacidad de pago de los deudores. Las tornas cambiaron y la ausencia de financiación bloqueó el sistema, precipitando la actual recesión.

Sin duda, ha habido responsabilidades individuales en la causa de la crisis centradas en la lenta consolidación del mercado interior en la Eurozona y en la reducida tensión reformista de los Gobiernos nacionales. Pero, en todo caso, hay que ser conscientes de que si los deudores alcanzaron pasivos insostenibles, también hubo quien los financió con una laxitud relevante en el control del riesgo. Y este profundo error, de unos y otros, estuvo canalizado por ese entorno institucional inconcluso. De este modo, las responsabilidades en la generación de los desequilibrios son compartidas, como lo deben ser las soluciones, que no solo tendrán que corregir los mismos, sino centrar su esfuerzo en completar el marco institucional de la Eurozona y de los países miembros.

La estrategia actual está centrada en un ajuste fiscal profundo en las economías deudoras. Sin embargo, este ajuste dista dramáticamente del acontecido en los años noventa, cuando la caída del déficit vino acompañada de una reducción de tipos de interés que animó al sector privado, dado que la credibilidad del proyecto del euro adelantó varios años la esperada reducción de los costes de financiación. Actualmente, no hay horizonte alguno para una solución de los problemas institucionales que están generando la incertidumbre sobre el futuro de la moneda común más allá de los problemas fiscales de uno u otro país. La unión bancaria no será una realidad antes de 2014, la unión fiscal no tiene ni siquiera calendario potencial, mientras los ajustes adicionales que siguen marcando la agenda de los países deudores deprimen aún más la actividad del conjunto de la Eurozona.

Es necesario un nuevo Tratado de la UE como el firmado en Maastricht en 1992

En cualquier caso, parece que los países acreedores comienzan a compartir la necesidad de mayor integración fiscal. Alemania ha anunciado que está dispuesta a una unión fiscal siempre y cuando lleve aparejada la constitución de una institución comunitaria con capacidad de decisión sobre los presupuestos nacionales. Por otra parte, Francia abandera la necesidad de acometer reformas necesarias en el corto plazo, pasando por la unión bancaria y un sistema de mutualización de deuda, pero parece poco interesada en ceder soberanía. Y los países deudores apenas tienen espacio para estudiar cómo reducir sus déficits sitiados por lo mercados y con la esperanza de cumplir los objetivos para ganar credibilidad en el debate. La incógnita ahora es estudiar si existe algún margen de acuerdo entre todos que pudiera abrir un nuevo periodo de integración económica, sin el cual, y con independencia de la labor del BCE en el corto plazo, no habrá futuro para el euro.

En los últimos meses, la academia parece haber alcanzado un consenso, auspiciado por el Institute for New Economic Thinking, presentado en este diario en un pedagógico artículo de Guillermo de la Dehesa (El manifiesto de los diecisiete, 27-07-12). La incertidumbre es cómo canalizar políticamente tal acuerdo. Mantener un enfoque en etapas —en el que para avanzar en la institucionalidad de la Eurozona es necesario testar la responsabilidad fiscal de los países deudores, intervenidos o no— carece de viabilidad y falla de nuevo en el diagnóstico. Confiar en las instituciones comunitarias para liderar un avance político resulta complicado. Así pues, es necesario un nuevo Tratado de la Unión Europea que, como el firmado en Maastricht en 1992, contemple todos los vectores conjuntamente dado que las reformas (fiscales, bancarias, disciplinarias, consolidación interna) deben ir acompañadas de decisiones políticas profundas que afectan a la soberanía y a la calidad democrática de Europa, todas ellas endógenas a cualquier estrategia de resolución de la crisis.

En cuanto a España, parece improbable que pueda sobrevivir sin un rescate fiscal, más allá del anunciado para recapitalizar al sector financiero. Y al igual que en este último, además de financiación, el país necesita una hoja de ruta consistente que las autoridades nacionales parecen no atinar a diseñar. Sin embargo, seguir el modelo de los rescates previos nos conducirá por el mismo camino que a nuestros pares. De este modo, cualquier rescate debería forzar una aceleración de la reforma institucional de la Eurozona, en cuya ausencia la propia asistencia financiera y una aceleración del ajuste fiscal tendrían pocas consecuencias positivas. J

Jonás Fernández Álvarez es director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados.