El Gobierno de Cospedal anuncia el despido de cientos de interinos

El goteo de despidos en la Junta de Castilla-La Mancha continúa. Después de que, según fuentes sindicales, unos 15.000 funcionarios interinos se fueran a la calle en el último año, la mayor parte en los sectores de Educación y Sanidad, el Gobierno de Dolores de Cospedal pretende despedir a buena parte de los interinos que restan en la Junta. Sindicatos y la Junta de Castilla-La Mancha empezaron hoy a negociar el plan de recorte que, según comunicó el Gobierno del PP a los representantes de los trabajadores, implica la amortización del 43% de los puestos interinos, unos 360.

Los sindicatos temían que el ajuste alcanzara a un mayor porcentaje de la plantilla, como preveía una instrucción publicada el 11 de julio por el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, que hablaba de la amortización de 672 puestos de trabajo de funcionarios interinos, un 80% del total. Ese documento especificaba que “cada consejería y organismo autónomo deberá amortizar el 80% de los puestos de trabajo”. Días después, el consejero de Administraciones Públicas y portavoz regional del Ejecutivo, Leandro Esteban, desautorizó esta instrucción en público. Pero, según los sindicatos, en una mesa de negociación que se reunió a finales de julio, De la Fuente comunicó que Esteban le había dado orden de seguir con el ajuste.

Finalmente, la Junta aseguró esta noche a los sindicatos que el ajuste afectará al 43% de los interinos. Un portavoz del Gobierno manchego insistió en que la propuesta “desde el principio” era amortizar este número de puestos y justificó la necesidad de despidos por el “desdoble” de plazas durante el anterior Gobierno socialista. Los sindicatos siguen desconfiando de la propuesta y temen más despidos. A la cita de hoy acudieron UGT, CC OO y el sindicato de trabajadores de la Administración (STAS). Declinó la participación en la mesa el CSI-F por considerar que “se puede hacer bastante poco”. Los representantes de los trabajadores tacharon la negociación de “pantomima” y acusaron al Gobierno de “actitud dictatorial”.

Los sindicatos siguen desconfiando de la propuesta y temen más despidos. A la cita de hoy, que se prolongó hasta las 23.00, acudieron UGT, Comisiones Obreras y el sindicato de trabajadores de la Administración (STAS). Ha declinado la participación en la mesa el CSI-F por considerar que “se puede hacer bastante poco”. Los representantes de trabajadores tacharon la negociación de “pantomima” y acusaron al Gobierno de “actitud dictatorial” por no admitir ninguna propuesta. Gustavo Fabra, del STAS, aseguró que el Gobierno regional prevé más amortizaciones de puestos. La supresión afectará a todos los departamentos y provincias de Castilla-La Mancha, según denuncian los sindicatos.

El Ejecutiva regional "desautoriza" la instrucción y rebaja la cifra de afectados al 43%

Estos denunciaron que algunos despidos entrarán en vigor desde mañana. El viernes, al menos 32 trabajadores de la Consejería de Agricultura tuvieron constancia de su futuro despido tras aparecer como “cesados” en la página interna de acceso exclusivo para los empleados públicos. Como figuraba allí, su despido se haría efectivo el día 21 de agosto, un día después de la reunión de la mesa sectorial y sin esperar, pues, a las conclusiones a las que en esta podrían llegarse. El director general de la Función Pública habría anunciado a los sindicatos la intención de publicar mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación de puestos de trabajo donde se anuncia la supresión de las plazas.

Los sindicatos defienden que la Junta no tiene voluntad negociadora y aseguran que impugnarán judicialmente los despidos por considerarlos fraude de ley.

La razón de estos despidos estriba, según señala la Junta, en que "muchos puestos de trabajo de la Administración regional se han desdoblado, dividiéndose en varias plazas, una práctica irregular del Gobierno anterior, sin realizar análisis exhaustivos sobre la necesidad de puestos de trabajo con los medios disponibles”. Además, ha señalado que “la aplicación de estas medidas persigue el aumento significativo de la productividad de los funcionarios, garantizando así la prestación de los servicios sociales básicos”.

En agosto de 2011, tras haber ganado el Partido Popular las elecciones a la Junta de Castilla-La Mancha, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció un recorte de cerca del 20% de los Presupuestos Generales de la región para 2012 .El Ejecutivo manchego pretendía ahorrar entonces 1.815 milllones de euros entre 2011 y 2012

En diciembre de 2011, Cospedal concretó las medidas de este plan en lo era, hasta entonces, el mayor recorte a funcionarios que había llevado a cabo un Gobierno del PP. El viernes 2 de diciembre la propuesta de agosto aumentó en 350 millones a partir de 2012. El programa, que ascendía entonces a 2.165 millones, representaba el 25% del presupuesto de la comunidad. Entre las medidas más destacadas estuvo la elevación de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y la reducción en un 3% bruto el sueldo de todos los empleados públicos. Además, y pese a haber descartado tal posibilidad, en agosto la Junta preveía reducir el déficit mediante, entre otras medidas, la subida de impuestos. Se verían así afectados los precios de los hidrocarburos, el tramo autonómico del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el llamado canon eólico, entre otros.

A mediados de mayo de este año, y para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%, fijó un plan de ajuste que preveía recortes sociales muy duros. Según reveló el plan de ajuste que presentado al Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo de Dolores de Cospedal debía reducir sus gastos en 1.556 millones de euros, y de ellos casi 850 millones corresponderían al tijeretazo que efectúa en los servicios públicos.

El grueso del recorte que plantea el nuevo plan de ajuste irá a parar a la Sanidad pública, que pierde casi 540 millones de euros. Además, "se plantea la colaboración público-privada como una estrategia a largo plazo orientada a garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario público", según el documento. Los sindicatos aseguran que esta tarde el director general de la función pública, ha expresado que "los servicios sociales hay que pasarlos a manos privadas a medio plazo".

Este mismo agosto Castilla-La Mancha ha reducido también los equipos que trabajan en el sistema de la dependencia en un 57%. En total se destruyeron 104 puestos de trabajo vinculados al ámbito de los servicios sociales. "Ya nos advirtieron de que no se iban a mover de esta posición, pero teníamos esperanza de que el Gobierno entendiera que esto es un ataque frontal a los servicios sociales", dijo entonces a Efe Ramón González, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.