El Gobierno trata de evitar nuevas exigencias de Bruselas

En la partida de póquer entre Mariano Rajoy y Mario Draghi habrá que esperar a ver quién desvela antes sus cartas. Pero el resultado final está marcado: el indispensable auxilio del Banco Central Europeo (BCE), por el que el Ejecutivo español suspira, solo será posible si Rajoy pide al fondo formado por todos los Gobiernos del euro que actúe. Eso activaría una de las nuevas modalidades de rescate urdidas por el Eurogrupo para sortear la intervención total. En todas ellas, el fondo de rescate pone dinero (para comprar bonos, para conceder créditos a la banca o al Estado) a cambio de fijar condiciones al Gobierno auxiliado. Hasta que se muestren los naipes, la pelea de Rajoy es demostrar que basta con las condiciones ya impuestas, que no hay necesidad de exigencias adicionales.

“Lo digo ahora, quedé muy satisfecho con el Consejo Europeo de junio”, recalcó este viernes el presidente del Gobierno español, con el interrogante sobre una inminente petición de ayuda al fondo de rescate sobrevolando su discurso. Ese Consejo Europeo constituye la principal línea de defensa de Rajoy. En aquel encuentro se suavizaron las contrapartidas por acudir al fondo de rescate. En la interpretación más favorable, bastaría con reiterar el compromiso de que se cumplirán las condiciones ya pactadas con Bruselas para ajustar el déficit público o hacer reformas estructurales.

Aquí, Rajoy puede defender, sin interpretaciones, que lo aprobado en los últimos meses y, sobre todo, en las últimas semanas, debería saciar al resto de socios europeos. En recientes palabras de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde: “Lo que España ha hecho ya, y lo que se ha comprometido a hacer, no es mucho más de lo que le habríamos pedido si estuviera bajo un programa del Fondo”.

De la relevancia de las últimas condiciones aceptadas por España habla bien a las claras lo que Rajoy aprobó como contrapartida a que Bruselas le permitiera un año más para reducir el déficit. El 11 de julio, el presidente español anunció la subida del IVA al 21%, la supresión de la paga extra de diciembre a los empleados públicos y el fin de la deducción en el IRPF en las nuevas compras de viviendas. El líder del PP se había negado durante meses a atender estas recomendaciones de la Comisión. La diferencia es que en julio pasaron a ser obligaciones.

El contraste con lo que el Gobierno popular aprobó en diciembre, en su primer Consejo de Ministros, es radical: entonces, amén de los recortes de gasto público, aumentó el IRPF (la Comisión es partidaria de elevar la presión en impuestos indirectos, como el IVA), subió las pensiones, no tocó el sueldo de los funcionarios y recuperó la deducción por vivienda. Nada de eso estaba en el menú de opciones de Bruselas. Claro que entonces la prima de riesgo rondaba los 300 puntos básicos, la mitad que ahora.

Rajoy puede incluir también en la negociación las estrictas condiciones que ya operan sobre el sector financiero —una de las principales preocupaciones de Bruselas—, resultado del rescate a la banca española por hasta 100.000 millones, con un primer desembolso de 30.000 millones. “Por solo 30.000 millones sufrimos las exigencias de una intervención plena”, sintetizó el expresidente del Gobierno, Felipe González, en una entrevista con este periódico. Ahora, Rajoy puede darle la vuelta al argumento: con exigencias de una intervención plena, acudir otra vez al fondo de rescate no debería suponer más condiciones.

Pero que haya argumentos para defender esa tesis no quiere decir que el debate esté cerrado. Por varios motivos: las últimas exigencias de ajuste presupuestario se cerraron con una previsión económica demasiado optimista, sobre todo para 2013. El agravamiento de la recesión puede llevar a un desvío en los objetivos presupuestarios que Bruselas obligará a corregir inmediatamente, con medidas a su gusto.

El FMI ya advirtió de que la recesión también compromete el objetivo de 2014 y no tuvo reparos en recomendar una nueva subida del IVA. O en aplicar con toda la dureza posible la nueva Ley de Estabilidad para evitar el desvío del déficit en las comunidades autónomas, intervención incluida.

“Necesito que se me ayude en la batalla europea”, pidió Rajoy a la oposición. El éxito de sus gestiones se medirá por su capacidad para evitar que se impongan a España más contrapartidas. Pero si acude al fondo de rescate, lo que no podrá impedir es que el poder de Bruselas para exigir las condiciones ya impuestas se multiplique. Ahora, con el rescate bancario, si España falla, lo que se anularía sería un crédito para bancos en problemas. Si España incumple después de pedir al fondo europeo que compre bonos, la amenaza latente es más seria: dejar que las primas de riesgo escalen hasta asfixiar la financiación del Estado.