Los asesores fiscales consideran que la amnistía genera inseguridad jurídica

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que la normativa que regula la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno genera inseguridad jurídica tanto por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSO, como por el uso que la Agencia Tributaria haga de la información declara en el proceso. Por eso, la organización cree que es "necesario aprobar una ley que regule debidamente la declaración tributaria especial". Los asesores precisan que "dicha ley se debería tramitar con carácter de urgencia y por el procedimiento de competencia legislativa plena". Por eso, creen probable que hubiera que posponer la fecha límite para presentar la declaración tributaria especial.

Los asesores fiscales consideran que la amnistía podría ser inconstitucional por ser contraria al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional. En un informe, Aedaf dice que la aprobación de esta medida mediante ley ordinaria y no como orden ministerial evitaría la inseguridad jurídica que el recurso de inconstitucionalidad presentado produce y que constituye un obstáculo para quienes pretendan acogerse al régimen de regularización especial.

Además, los asesores fiscales consideran "conveniente" modificar la orden ministerial que amplía la amnistía fiscal para que se limite a aprobar el modelo de declaración y la forma de presentación, así como a introducir el resto de las cuestiones incluidas en la orden hoy en vigor en la ley citada en el punto anterior.

De esta forma, según Aedaf, se evitarían los efectos negativos en el caso de que prospere la petición de suspensión y se disiparían las dudas sobre el posible exceso reglamentario de la orden ministerial de referencia. Aedaf se muestra partidario de flexibilizar los procedimientos de comprobación e inspección, ya que parece "desproporcionado" que un contribuyente que pretenda acogerse a la declaración especial pierda esa posibilidad por el hecho de que se le notifique el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación. También considera "desproporcionado" que el derecho de los contribuyentes para presentar la declaración interfiera en el Plan de Actuaciones de la Administración Tributaria y propone que cuando se inicien procedimientos de comprobación o investigación con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto ley el contribuyente pueda solicitar la suspensión de los mismos.

Por otro lado, los asesores afirman que la norma genera "serias dudas" sobre el uso por parte de la Administración Tributaria de la información facilitada para regularizar los impuestos sobre la renta. "Esta falta de seguridad jurídica es, probablemente, uno de los principales motivos de recelo para acogerse a la Declaración Tributaria Especial", señala.