Argentina extiende las restricciones cambiarias a pensionistas españoles

Argentina ha emprendido desde hace varios meses una batalla contra la salida de dólares del país. Necesita mantener un superávit de 10.000 millones de dólares al año para no verse obligada a pedir dinero en el extranjero, ya que pagaría unos intereses elevadísimos. Y para mantener el superávit el Gobierno intenta convencer a los ciudadanos de que deben dejar de ahorrar en dólares. Desde principios de julio, las restricciones se extienden a jubilados que reciben pensiones de países extranjeros, como Italia y España, a los que antes se dejaba cambiar pesos sin limitaciones.

La propia presidenta, Cristina Fernández, quiso dar ejemplo el 6 de junio y anunció que convertiría en pesos sus ahorros en divisas, valorados en tres millones de dólares. Semana a semana el Gobierno ha ido estrechando el cerco contra la salida de divisas en lo que la oposición y la prensa más crítica han bautizado como cepo o corralito cambiario. En octubre los argentinos se vieron obligados a rellenar un formulario cada vez que deseaban comprar dólares. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente a la Hacienda española, determinaba si autorizaba la compra o no.

Sin embargo, a los pensionistas que percibían su dinero desde países extranjeros no les afectaba la medida. Los bancos en donde cobraban en Argentina les convertían los pesos a la moneda que deseasen. Pero desde el pasado 5 de julio, esos jubilados no podrán ya comprar dólares ni euros, como venían haciendo hasta ahora. Debido a la disparidad que existe entre el cambio oficial y el paralelo, disponible en cientos de locales repartidos por todo el país, la medida significa perder hasta un 40% de ingresos.

Las restricciones pueden suponer la pérdida del 40% de ingresos por la aplicación del tipo oficial

En la actualidad unas 80.000 personas reciben pensiones desde Italia y unas 24.000 desde España. De estas últimas, 7.000 son contributivas que perciben el equivalente a unos 500 euros anuales como promedio. En su mayoría se trata de personas que contribuyeron con su trabajo a las arcas públicas de los dos países y ahora España y Argentina les pagan de forma prorrateada un salario mensual.

En cuanto a las 17.000 pensionistas restantes, reciben desde España el dinero necesario hasta completar la renta mínima de subsistencia argentina, cifrada en 4.500 euros anuales. Solo pueden acceder a ellas quienes hayan nacido en España o al menos hayan residido diez años en el país. En total son 50 millones de euros los que llegan desde España a Argentina: 25 para las pensiones contributivas y 25 para llegar a la renta mínima de subsistencia.

La ruptura del acuerdo de doble imposición también amenaza con reducir las pensiones

El caso ha provocado ya varias denuncias ante la Defensoría de la Tercera Edad, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, según publicó el diario La Nación el pasado 14 de julio. En las dos últimas semanas se han producido numerosas consultas de jubilados en las embajadas de Italia y España.

A quienes perciben pensiones desde España se les puede sumar ahora un problema sobrevenido con la decisión de Argentina de romper el acuerdo fiscal con España para evitar la doble imposición. Este convenio, que se había firmado en 1992 y llevaba en vigor desde 1994, fue denunciado por el Gobierno argentino el pasado 29 de junio y dejará de estar vigente a partir del 1 de enero de 2013. La ruptura del acuerdo fiscal, que afectará sobre todo a las empresas españolas radicadas en Argentina, también podría acarrear consecuencias sobre los pensionistas. Algunos expertos fiscales creen que desde enero esos 24.000 jubilados podrían ver mermadas sus pensiones con un 8% de recarga fiscal en España.

La pesificación afecta a todos los argentinos, no solo a los pensionistas que perciben su dinero desde el extranjero. El mes pasado, el anciano Julio César Durán denunció al Estado tras ver frustrada su intención de comprarles diez dólares como regalo a sus nietos. Cristina Fernández lo tachó de "amarrete", agarrado, durante un discurso retransmitido por todos los canales de televisión del país: "Leí ayer, por ejemplo, en el diario El Popular, un abuelo, un abuelito, abogado, me acuerdo el nombre porque Julio César me impresionó y Durán era un amigo mío de La Plata, el juez que falleció, Julio César Durán, un abuelito que había decidido presentar un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares porque eran abanderados. Primero, un abuelito medio amarrete porque, la verdad, que si es abogado, 45 pesos o 49 pesos, regalarles a dos nietitos… La verdad que yo hubiera hecho un esfuercito más, ya en orden...Me sonó más, siendo abogado y siendo abogada yo también y conociendo el paño y a los colegas, me sonó más a preparar la chapita para luego comenzar con la industria del juicio, a la que son tan afectos". Julio César Durán respondió en la prensa diciendo que no era agradable el mote de amarrete.

De momento, ningún jubilado ha vuelto a reclamar en público el fin de las restricciones cambiarias.