Hacienda impone fuertes exigencias para las autonomías rescatadas

El Gobierno aprobó el pasado viernes el mecanismo de liquidez para las comunidades autónomas. Un instrumento financiero, que anunció que pondría hace cinco meses, y que ayudará a los territorios regionales a financiar los vencimientos de deuda.

Para ello, el Ejecutivo ha creado un fondo, Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dotado de hasta 18.000 millones de euros, de los cuales la entidad pública Loterías del Estado aportará 6.000 millones de euros.

Los mercados están cerrando las puertas a las comunidades que cada vez tienen más dificultad para refinanciar los más de 15.000 millones de euros de vencimientos pendientes. Ahora podrán pedir el rescate del Gobierno para que les ayude a pagar sus deudas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que limita las desviaciones presupuestarias, obliga a fijar el techo de gasto y límite de deuda para evitar los desequilibrios en las cuentas públicas, establece que ante medidas extraordinarias de liquidez del Estado habrá nuevas obligaciones presupuestarias y de información por parte de las comunidades.

Así lo refleja también el decreto ley 21/2012 sobre medidas de liquidez de las administraciones públicas aprobada el pasado viernes por el Gobierno. Esta norma configura la ayuda estatal como un rescate financiero a la comunidad autónoma: prevé la emisión de una delegación permanente del ministerio de Hacienda para controlar las cuentas regionales (al estilo de la troika), exige importantes requisitos de información e impone duras condiciones presupuestarias.

El Fondo de liquidez Autonómica impone condiciones financieras y presupuestarias. Entre las financieras el decreto que lo regula señala que la autonomía que se acoja a este mecanismo se someterá a los principios de prudencia financiera que fije el Tesoro. Una comunidad que pida el rescate al FLA no podrá, en principio, emitir valores ni concertar créditos en el extranjero, salvo permiso expreso del Gobierno. Deberá comunicar todas las operaciones de crédito a corto y largo plazo y cederá al Estado, con cargo al crédito concedido, la gestión del pago de sus vencimientos de deuda. Los recursos de su sistema de financiación responderán de la devolución del rescate.

Pero también se imponen condiciones presupuestarias o fiscales. Las comunidades deberán presentar y acordar con Hacienda un nuevo plan de ajuste, lo que sería el equivalente al memorando de entendimiento de los rescates europeos. Este plan contendrá nuevos recortes e gastos y subidas de ingresos (impuestos). Además, obligará al Gobierno regional a profundizar en la supresión de su sector público. Como parte de este plan de ajuste, la comunidad entregará un detallado plan de tesorería, con todos los calendarios y presupuestos mensuales de ingresos y pagos, el saldo de deuda, el perfil de vencimientos de los próximos 10 años y las necesidades de nuevo endeudamiento, entre otros datos. Ese plan de tesorería deberá ser actualizado en los cinco primeros días de cada mes. Además, este plan de ajuste deberá actualizarse al menos una vez al año.

El proceso requerirá la tutela de Hacienda sobre las cuentas de las comunidades autónomas. Ante incumplimientos de los citados planes de ajuste se activará el mecanismo coercitivo y sancionador que puede culminar con la intervención completa de la autonomía.