No siempre dos más dos son cuatro

Es un error pensar en el sector público como en una familia o en una empresa. Para una familia con déficit, dejar de gastar significa ahorro y desapalancamiento en la misma medida. Para las Administraciones públicas no. Por su tamaño, se convierten en un agente económico sistémico y pieza básica de un ecosistema en el que sofisticados mecanismos arruinan máximas como la que da título a esta columna. La eliminación de la paga extra de Navidad a sus empleados es un buen ejemplo.

Para entender lo que sigue es importante tener en la cabeza que el objetivo del Gobierno es reducir el cociente entre déficit público y PIB; y que el primero es la diferencia entre gastos (G) e ingresos (T). Recortar la paga extra supone reducir G y, por tanto, el cociente. Y aquí se acabaría el problema para el gestor de una empresa que quisiese equilibrar su contabilidad. Para el ministro, no.

En primer lugar, aparecen el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) de los empleados públicos y sus cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades. Al dejar de pagarles la extra, tributan menos y cae T. Y lo relevante aquí no es el tipo de retención, sino el marginal, el tipo al que pagarían por esa paga extra. Un porcentaje que en la mayor parte de España varía entre el 24,75% y el 52%. Es razonable pensar que para el conjunto de empleados públicos, alrededor de un tercio de su paga extra se queda en IRPF y cotizaciones.

En segundo lugar, los dos tercios restantes tienen por destino fundamental el consumo. Y aquí aparece el IVA (impuesto sobre el valor añadido). Tras la subida, el IVA medio que pagarán los españoles estará alrededor del 14% (existen tipos que van del 0% al 21%). Incluso dejando al margen impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y combustibles y aceptando que no toda la extra se gasta, cada 100 euros de ahorro en G contrae T en más de 40 por estos dos primeros mecanismos.

Pero existen más. El menor consumo de los empleados públicos va a minorar las ventas de comerciantes, hosteleros y empresas en general. Es el efecto multiplicador, en este caso negativo, que va a reducir en una segunda y sucesivas vueltas el valor de T. Además, la forma en la que el Gobierno ha gestionado el asunto está generando dosis añadidas de desconfianza y pesimismo en buena parte de la población. Aunque habrá que esperar a ver si los indicadores de confianza del consumidor confirman este deterioro, es probable que así sea, con lo que ello supondría para el consumo agregado y, de nuevo, para T.

Finalmente, por convención contable y ante la existencia de precios de mercado para la mayor parte de lo que hace el sector público, el valor de la producción pública que se incluye en el cómputo del PIB se aproxima mediante la suma de las remuneraciones de los asalariados públicos y otro pequeño componente que no viene al caso. Quiere esto decir, que la rebaja de salarios públicos contrae automáticamente el PIB. Obviamente no es lo mismo que el PIB caiga por esto que por el desmantelamiento de una rama productiva, pero la realidad es que eso hace aumentar el déficit y las deudas públicas y privadas en términos de PIB, que son las relevantes en las discusiones y acuerdos.

En conjunto, el efecto neto final de la eliminación de la paga extra sobre el déficit en términos de PIB va ser muy pequeño, desde luego muy inferior a las cuatro décimas que se están manejando. ¿Llegará siquiera a una? ¿Ha sido una decisión razonable para el Gobierno en términos de costes y beneficios económicos y políticos? La contabilidad pública y la privada tienen lógicas muy distintas.

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.