España subirá el IVA y hará más ajustes para lograr un año extra para el déficit

Las convicciones en Europa son tan rotundas como dicta Bruselas. Sobre todo para un Gobierno que pide una prórroga a sus socios europeos para cumplir con el objetivo de déficit porque se ve incapaz de equilibrar sus cuentas. El Eurogrupo certificó este lunes que suavizará la senda de consolidación, lo que permitirá a España aplazar la meta de déficit este año. Esta flexibilización supone un importante balón de oxígeno para el Ejecutivo de Rajoy, aunque la UE advierte de que los nuevos plazos exigen nuevas medidas de ajuste este mismo año. A cambio del tiempo extra, el Gobierno subirá el IVA —a pesar de que lo rechazó en múltiples ocasiones—, aumentará las horas de los funcionarios, lo que permitirá reducir el número de trabajadores eventuales, interinos y laborales, como avanzó este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En Bruselas se especula con condiciones muy duras: subida del IVA (asociada a una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social), recorte de las prestaciones por desempleo, un cambio en el cálculo de las pensiones, peores condiciones para los empleados públicos, despidos en la función pública y eliminación de la desgravación por vivienda. La Comisión aprieta de lo lindo a España. Estas condiciones, de aprobarse, son más exigentes que las recomendaciones que planteó a España el pasado mayo.

Según un borrador de la reunión del Eurogrupo, España ya no tendrá que cerrar este año con un déficit del 5,3% sino del 6,3%; el 3% previsto para 2013 se flexibilizará hasta el 4,5%, y no será hasta 2014 cuando la desviación presupuestaria tendrá que quedar por debajo del 3% del PIB.

Bruselas concede un año más para ajustar las cuentas, pero advierte de que “las autoridades españolas deberán adoptar sin demora medidas adicionales en 2012”. El Gobierno dispondrá de tres meses para aprobar más ajustes. Antes de octubre deberá presentar un informe sobre cómo logrará los objetivos hasta 2014. Pero hay más. El borrador establece que el Gobierno deberá adoptar nuevas medidas si “se materializan los riesgos sobre los planes presupuestarios”, así como acelerar la reducción del déficit en 2013 y 2014 si la coyuntura económica fuera mejor de lo previsto.

El Gobierno de Rajoy lleva desde el comienzo de la legislatura descartando una subida del IVA. Aducen que, según la ortodoxia fiscal, elevar este tributo cuando cae el consumo contrae aún más la economía. Pero el Gobierno no dispone de muchas opciones para lograr reducir el desajuste de las cuentas públicas cuando los recortes del gasto se difuminan con la caída de la recaudación —los ingresos por IVA caen más del 10% hasta mayo—. Y sobre todo cuando la propia Comisión Europea (CE) ya ha marcado el camino: entre las recomendaciones que planteó a España a finales de mayo se incluía la “ampliación de la base imponible del IVA”.

El ministro de Hacienda uno de los más esquivos con la medida, admitió este lunes que subirá el tributo. “Estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto”, aseguró durante su intervención en los cursos de verano de la Complutense en El Escorial, según Efe.

Con sus declaraciones el ministro logró dos cosas: por un lado avivó el debate sobre que la subida del IVA debe ir acompañada con una rebaja de las cotizaciones sociales; y por otro, justificó la próxima subida del tributo por el fuerte aumento del fraude. “Si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar no habría que subirlo tanto”, insistió. Y por si quedaban dudas precisó: “Es imposible que lo diga más claro. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, cumplirá con las recomendaciones de la Comisión Europea”.

Hacienda admite desde hace semanas que estudia qué productos gravados con tipo superreducido (4%) y reducido (8%) puede subir al tipo general del 18%. Los expertos advierten de que la medida es regresiva porque perjudica a las rentas más bajas. Pocos se atreven a cuantificar la medida, pero la anterior subida, aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2010, supuso un alza de la recaudación de 5.500 millones. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, aseguró este lunes tras reunirse con Montoro que el Gobierno no subirá el IVA del turismo.

Montoro también abundó este lunes en su tesis de que para ampliar la base imponible del impuesto, como pide Europa, es posible hacerlo a través de la lucha contra el fraude. “Tenemos un IVA que se paga poco en comparación con otros países”. Y sentenció: “Este debate no existiría si no existiera esa economía sumergida”. El responsable del Gobierno explicó que la recaudación tributaria ha caído en siete puntos porcentuales de PIB desde 1997, lo que supone unos 70.000 millones de euros —solo la recaudación del impuesto sobre sociedades se ha desplomado cerca de 30.000 millones desde 2007—. “No hay país del mundo que haya vivido eso, y es lo que lleva a un cambio de valores y de posición”, sentenció.

Además, Montoro avanzó que estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios. “Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado”. El Gobierno ya elevó la jornada laboral de los funcionarios en diciembre pasado, de 35 a 37,5 horas, cuando aprobó el primer decreto de medidas para reducir el déficit. Esta medida permitiría al Gobierno despedir a trabajadores interinos, eventuales o con contrato laboral si los funcionarios asumen tareas realizadas por estos. La Administración pública estatal cuenta con 592.531 trabajadores, de estos 135.404 no tienen plaza de funcionarios. El gasto en nóminas (33.151 millones) es el primero en importancia para la Administración central.

Algunas comunidades autónomas ya han avanzado en esa dirección. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aprobó hace unos meses una ampliación de la jornada laboral de los funcionarios que afectaba a 120.000 trabajadores públicos de Madrid. Castilla y León o Castilla-La Mancha son otras de las comunidades que también incluyeron un aumento de la jornada laboral en los planes de equilibrio financiero.

El ministro aseguró no obstante, que no contempla la idea de acabar con los “moscosos”, seis días libres de asuntos propios de los que disfrutan los funcionarios.