América Latina pone en verde la economía

Europa y su crisis monopolizan la agenda mundial desde hace dos años. También fueron determinantes en la séptima cumbre de líderes del G-20, celebrada en Los Cabos (México), y en la conferencia Río+20, auspiciada por la ONU, en la ciudad brasileña. Frente a lo apremiante —el paro, la recesión o el descalabro financiero en varios países europeos, España sin ir más lejos—, los Gobiernos mexicano y brasileño pugnaron, cada uno a su manera, por devolver el desarrollo sostenible a la primera línea de prioridades. El protagonismo empresarial y la falta de compromiso de las economías avanzadas son dos de las conclusiones más evidentes que dejan las dos cumbres mundiales que se desarrollaron en América Latina en la tercera semana de junio.

El renovado interés de los Gobiernos latinoamericanos en conciliar crecimiento, lucha contra la pobreza y protección medioambiental está más que justificado. Un informe del Banco Mundial vio la conferencia Río+20 —organizada dos décadas después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro— como un hito en los acuerdos mundiales sobre desarrollo sostenible y cambio climático.

Algunas de las actividades económicas más dinámicas, como las explotaciones agrarias o las extracciones mineras, han tenido como contrapartida deforestaciones y privatizaciones de recursos comunales

América Latina es una de las regiones que mejor han capeado la crisis, con tasas de crecimiento notables, lo que se traduce en una reducción de la pobreza, aún con elevados niveles de desigualdad. Pero en muchos casos, eso ha derivado también en una merma de sus vastos recursos naturales.

El informe del Banco Mundial detectaba dos amenazas fundamentales. Por un lado, América Latina es el área con mayor porción de su población, un 80%, en áreas urbanas. Y en la mayoría de los casos, las ciudades se han desarrollado de forma extensiva, cuando lo que facilita la gestión más eficiente del suministro de agua y energía o del transporte son modelos más compactos. Y sobre todo, algunas de las actividades económicas más dinámicas, como las explotaciones agrarias o las extracciones mineras, han tenido como contrapartida una intensa deforestación y la privatización de recursos comunales.

El Banco Mundial destaca también que en las dos últimas décadas se ha duplicado el territorio protegido. Además ensalza iniciativas público-privadas que han permitido el uso de energías menos contaminantes en el transporte urbano. Y abandera la puesta en común de experiencias empresariales para impulsar lo que denomina “crecimiento verde inclusivo”.

El G-20 promoverá una plataforma de diálogo entre Gobiernos, ONG, empresas y otros agentes sociales para impulsar proyectos que respeten el medio ambiente

La idea de que es compatible hacer negocio y proteger el medio ambiente —el llamado capitalismo verde, que tantos recelos genera entre ONG y otros colectivos sociales— recorre las propuestas lanzadas por el presidente mexicano, Felipe Calderón, en la cumbre de los Cabos, la primera cita al más alto nivel del G-20 celebrada en América Latina. Y también por primera vez, el comunicado final de los líderes de países ricos y emergentes recoge compromisos para “promover la prosperidad a través del crecimiento verde inclusivo”, en respuesta a una de las prioridades que se marcó el Gobierno mexicano.

“Debe ser posible seguir un modelo de desarrollo sostenible, que atraiga inversión y cree empleo, sin afectar de manera irreversible los ecosistemas y su biodiversidad”, proclamó Calderón en el inicio de la cumbre. Antes, en un gesto cargado de simbolismo, el presidente mexicano había anunciado la cancelación de un macroproyecto urbanístico en Cabo Cortés, en Baja California —el Estado donde se desarrolló el G-20—, por su elevado impacto ambiental.

Los intensos debates sobre cómo reforzar la convención de Naciones Unidas para proteger los mares desembocó en un vago compromiso por un uso sostenible de sus ecosistemas marinos

A propuesta mexicana, el G-20 promoverá una plataforma de diálogo entre Gobiernos, ONG, empresas y otros agentes sociales para impulsar proyectos de inversión que respeten el medio ambiente. Y también se compromete a facilitar el intercambio tecnológico a favor de los países menos desarrollados. El crecimiento verde, con las energías renovables como principal protagonista, fue también un asunto central en el B-20, el evento paralelo a la cumbre de líderes mundiales que reúne a más de un centenar de directivos de las principales multinacionales.

Si el fomento del desarrollo sostenible apenas ha echado a andar en el G-20, la conferencia de Río tomaba el pulso a compromisos que vieron la luz hace veinte años. Y el pulso es bajo. Escamado por el fiasco de la conferencia anterior, en Copenhague (Dinamarca), el Gobierno de Dilma Rousseff se las ingenió para sacar adelante un comunicado que pudiesen firmar los 193 participantes. Pero tuvo que renunciar a plasmar en el papel medidas concretas.

Pese a las peticiones de movimientos ecologistas, académicos y varios Gobiernos, en el documento final de Río+20 no se establecieron objetivos de desarrollo sostenible que vinculasen a los firmantes, a imagen de los Objetivos del Milenio en el programa de erradicación contra la pobreza de la ONU. Tampoco se logró respaldo para que el Programa para el Medio Ambiente se transforme en una agencia de la ONU con presupuesto propio.

En el documento final de Río+20 no se establecieron objetivos de desarrollo sostenible que vinculasen a los firmantes

La declaración final incluye el compromiso de fomentar la economía verde, pero relega a 2014 la decisión de cómo financiar proyectos de desarrollo sostenible; la mayoría de los países emergentes habían planteado la creación de un fondo para este fin de unos 28.000 millones de euros, pero la negativa de las economías avanzadas, entrampadas en la crisis financiera, impidió avanzar.

Los intensos debates sobre cómo reforzar la convención de Naciones Unidas para proteger los mares apenas desembocó en un vago compromiso de que cada país buscará la mejor manera de hacer un uso sostenible de sus ecosistemas marinos. Y aunque se renovó el compromiso de eliminar los subsidios a las energías fósiles, no se puso fecha a un mandato que no deja de incumplirse por países ricos (incentivos fiscales a las petroleras) y pobres (subvenciones a la gasolina).

A falta de medidas concretas de los Gobiernos, en Río+20 abundaron las propuestas de empresas y universidades. La iniciativa privada monopolizó los casi 700 proyectos de desarrollo sostenibles anunciados durante la conferencia, que según la ONU suman inversiones de cerca de un billón de euros.

“Hemos visto cómo muchas delegaciones exigían más ambición, pero a la hora de llegar al consenso, esos mismos países han tenido posturas muy conservadoras”, resumió la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, en una entrevista con EL PAÍS tras Río+20. “A la hora de poner dinero, los países desarrollados no han querido poner nada”, concluyó.