El Gobierno aprobará en “semanas” el plan de lucha contra el fraude fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles en el Congreso la política del “palo y la zanahoria” en materia fiscal. Así, frente a las críticas de la oposición a la decisión del Ejecutivo de poner en marcha una amnistía fiscal para mejorar la recaudación, Montoro ha anunciado que en las “próximas semanas” se aprobará el anteproyecto de ley que refuerza los poderes y competencias de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude. Entre otras medidas, esta iniciativa, que fue anunciada en enero y presentada meses después tras el Consejo de Ministros del 13 de abril, prevé limitar los pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros para los empresarios profesionales.

Montoro, que hoy ha defendido en solitario al Gobierno en la sesión del control, ha explicado que la amnistía fiscal supone una “oportunidad única de ponerse a bien” con la Agencia Tributaria, ya que a partir de ahora va a ser más difícil eludir a la labor del fisco, ha vaticinado.

El plan de lucha contra el fraude, ha insistido, incorporará nuevas medidas que irán "en paralelo" al nuevo proceso de regularización tributaria, que el FMI ha pedido que no se repita en sus últimas recomendaciones a España.

Gracias los “nuevos medios y procedimientos jurídicos" que tendrá la Agencia, el ministro se ha mostrado confiado en que servirá para “erradicar” la economía sumergida (que representa aproximadamente un quinto del PIB español, según estudios no oficiales). También, ha insistido, acabará con la tradicional pregunta de “¿con Iva o sin Iva?” que está al orden del día en las relaciones comerciales en España.

Con la limitación de los pagos en efectivo, según anunció hace unos meses el Gobierno, Hacienda quiere impedir la utilización de dinero negro (sobre todo en forma de billetes de 500 euros) en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas. Con este plan de lucha contra el fraude, el Ejecutivo pretende recaudar hasta 8.171 millones en 2012, fondos que ayudarán a cumplir con los objetivos de déficit público. Para el mismo fin, el Gobierno también ha decidido llevar a cabo la amnistía fiscal.

Además, también obligará a los contribuyentes con patrimonio en el extranjero a informar de ellos a Hacienda ya sean cuentas, acciones, valores, seguros de vida y bienes inmuebles.

Desde la oposición, el diputado socialista Pedro Saura ha calificado de "indecente e injusta" la amnistía fiscal porque permite blanquear capitales delictivos y ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el FMI la han puesto en tela de juicio. "Son ustedes los que han puesto en marcha algo indecente e injusto al poner a los pies de los defraudadores el Estado de Derecho", ha asegurado, tras lamentar las "órdenes firmadas" por el Gobierno y las comunicaciones internas del Tesoro "que dicen a los agentes que luchan contra el fraude que miren para otro lado".