Cómo obligar a los banqueros a pagar el rescate

La banca debe pagar el coste del rescate, aunque el dinero lo adelanta Europa. Y aunque es el presupuesto español, los contribuyentes, quien lo avala, lo anticipa y lo sufraga inicialmente, pagando intereses y un eventual mayor coste de la deuda pública.

Los banqueros deben pagar porque España ha solicitado el préstamo de hasta 100.000 millones para arreglar sus problemas. Porque el rescate no afecta a algunas entidades sueltas, sino al menos a un 30% del sector, como apunta el FMI, y pues, al conjunto. Porque son los beneficiarios directos de la operación de salvamento: también las entidades sanas, que se supone evitarán así el contagio de la mala imagen vecina. Porque, junto a las promotoras, son los grandes corresponsables de la exuberancia irracional del crédito inmobiliario, causa principal de la crisis española.

El presidente del Gobierno asegura que será la banca quien pague. Por si acaso, conviene garantizarlo a través de contrapartidas de la banca al Estado. Como estas:

1) Inyección de capital como último recurso. Prohibición de inyectar capital público sin previa reducción del valor de las acciones privadas. Operaciones tipo acordeón, de reducción/ampliación de capital.

2) Garantía de recuperación del dinero público, sean préstamos o subvenciones. Formalizada, por ejemplo, mediante un acuerdo vinculante entre el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que se nutre de cuotas anuales de las entidades: respondería como avalista en caso de impago de los préstamos por cualquiera de ellas. Para recuperar las inyecciones públicas de capital convendría un acuerdo parlamentario vinculante estipulando al detalle que las condiciones de reprivatización de las entidades nacionalizadas (como Bankia) cubrirán todos los costes directos e indirectos, incluidos intereses, de la subvención.

La olla social se pondrá a presión cuando el programa de rescate destape recortes sociales e incrementos de cargas impositivas

3) Pacto de rentas del capital. Acuerdo vinculante con la Asociación Española de Banca de moderación de dividendos mientras dure el programa de rescate.

4) Pacto de rentas. Ruptura de la cadena máximo riesgo/mínima rentabilidad/máxima remuneración, mediante la fijación de límites a las retribuciones desmesuradas. Establecimiento de un tope de un millón de euros a las remuneraciones individuales —equivalente a unas 100 veces el salario mínimo— para poder mantener el actual tipo marginal medio del IRPF (52%). Tipo del 70% (fórmula Hollande) para ingresos superiores. Tipo confiscatorio del 95% para cantidades desde cinco veces superiores. Solo autorizables en ausencia de expedientes de regulación de empleo.

5) Acoso a las prácticas de riesgo. Endurecimiento de las condiciones de acceso al —y mantenimiento en el— Registro de Bancos y Banqueros. Programa específico de la Inspección de Hacienda para consejeros y directivos financieros. Establecimiento de un régimen de incompatibilidades/periodos de carencia a los inspectores de Hacienda que abandonen el cuerpo y opten por el ejercicio privado de la asesoría fiscal.

6) Compensación automática de damnificados por la venta, con opacidad y en su caso engaño, de activos de riesgo como las acciones preferentes comercializadas como depósitos de máxima seguridad, una buena parte del saldo vivo de 8.500 millones de euros adquiridos por cerca de un millón de ciudadanos. Protección total de los clientes de menor nivel de ingresos/cultura financiera, quizá por la vía de un tope de inversión individual. Transparencia obligatoria de la CNMV sobre los expedientes abiertos e inserción obligatoria en los medios de sus conclusiones.

7) Desincentivación del tamaño excesivo. Si deben seguir existiendo los bancos sistémicos, "demasiado grandes para caer", lo que cada vez más expertos ponen en duda, urge al menos proceder a un aumento de las contrapartidas que atenúen las consecuencias presupuestarias y desestabilizadoras de su eventual rescate: mediante aumentos en sus ratios de capital y de sus contribuciones periódicas al FGD. Tanto a nivel español, como europeo.

Sin un nivel de garantías similar al apuntado, que exige pactos parlamentarios, acuerdos con el sector, implicación de los organismos reguladores y nuevas normativas, la aseveración o la promesa de que la factura del rescate la abonará el sector beneficiario, carecen de credibilidad. Quizá esa carencia no inquiete hoy al poder. Pero a buen seguro lo hará cuando la olla social se ponga a presión. Y llegará a la ebullición cuando el programa de rescate vaya desplegando sus elementos más antipáticos, como los nuevos recortes sociales e incrementos de cargas impositivas implícitas en el marco regulatorio del Fondo de Rescate europeo. Para entonces, si no se han estipulado antes las contrapartidas de la banca, será seguramente tarde.