La otra cara de Bankia

Apaguemos por un momento los focos sobre los rescates multimillonarios, los sueldos opulentos y las pensiones privadas que generan alarma social. Hoy se publicarán las cifras del paro registrado correspondientes a mayo: no serán precisamente alentadoras, a pesar de que no incorporan a aquellos que, desmoralizados, ni siquiera se apuntan ya en los servicios públicos de empleo. El viernes se conocieron las que proporciona la oficina de estadísticas de la Comisión Europea: el desempleo está en su máximo histórico en la zona euro desde que existen series históricas, y España aporta a ese dato el 24,3% de su población activa sin trabajo.

Esta es la otra cara de la crisis económica, la más lacerante y mayoritaria. De los 11 millones de clientes de Bankia, muchos de ellos estarán sin duda en paro, así como algunos de los cientos de miles de ciudadanos que a partir de julio pasado compraron acciones de la cuarta entidad financiera española. Hoy se analizarán también con más detalle los datos de los parados que han dejado de cobrar el seguro de desempleo por ser de larga duración y el número de hogares en los que no entra ningún sueldo. Pero ya existen otros indicadores que demuestran que la sociedad española se ha instalado en nuevas condiciones de existencia, cambios muy notorios en los hábitos y costumbres como consecuencia de la merma de su renta disponible, de las escasas expectativas de mejora (movilidad social) y del pesimismo sobre su futuro. Muchos de estas tendencias aparecerán sin duda en la memoria anual del Consejo Económico Social (CES), que preside Marcos Peña, de inmediata publicación.

Mientras tanto, se pueden avanzar algunas de ellas, que muestran las variaciones en las formas de vida instaladas en España después de cinco años de penosas dificultades económicas para la mayoría de la población:

» Cada vez más personas mayores están adquiriendo un protagonismo inesperado por su decisiva aportación social: no solo por su frecuente papel de abuelos cuidadores, sino porque sus pensiones se convierten en fuente principal de ingresos en un grupo cada vez mayor de hogares, en los que conviven con sus hijos y/o nietos desempleados. En el primer trimestre de 2012 había 422.600 hogares (un 21,7% más que en el mismo periodo del año anterior) en los que la persona de referencia era jubilada o pensionista y convivía al menos con una persona en paro.

» Los flujos migratorios han cambiado definitivamente de signo: más de medio millón de personas (un 26% más que en 2010) emigró desde España al extranjero en 2011, siendo de nacionalidad española el 12,3%. Así, el pasado año registró por primera vez en mucho tiempo un saldo migratorio negativo: fueron más los emigrantes que salieron de España que los inmigrantes que se establecieron en nuestro país.

» El aumento de la pobreza y de la desigualdad social constituyen las consecuencias más extremas de la crisis en las condiciones de vida de la población. Se incrementan los problemas de hacinamiento y de exclusión severa especialmente entre la población por debajo del umbral de la pobreza, los jóvenes y los que viven en alquiler. Los niveles de pobreza monetaria afectaban en 2010 al 20,7% de la población, pero un nuevo indicador más sofisticado eleva ese porcentaje hasta el 23,5% del total. En un solo año la población en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado en más de un millón de personas, hasta alcanzar los 11,6 millones.

» La mitad de los hogares ha visto empeorar su situación económica desde antes de la crisis. En el último periodo, solo ha mejorado para el 8,4% de los hogares, para el 42,9% había empeorado, mientras que para el 48,7% permanecía igual.

» Cambio de tendencia en el consumo. En 2010 las familias gastaron en consumo un 3% menos que un año antes. Las familias han optado por aplazar los grandes gastos (vehículos, muebles y grandes electrodomésticos), así como reducir los más superfluos (hoteles, cafés y restaurantes).

La gran pregunta es cómo va a resistir este deterioro la sociedad española si hay consenso en que el ajuste y la austeridad durarán al menos una década, un plazo que ninguna sociedad democrática puede permitirse. Máxime cuando el Gobierno solo confía en el largo plazo para corregir las peores tendencias.