El Gobierno se plantea avalar solo la deuda de las comunidades más austeras

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se mostró ayer especialmente resbaladizo a la hora de atender la creciente demanda de las comunidades autónomas que, ahogadas por sus graves problemas de liquidez, le piden poner en marcha los hispanobonos cuanto antes.

“Cada comunidad va a aguantar las consecuencias de sus decisiones políticas. No vamos a repartir el riesgo entre todas”, aseguró el ministró ayer durante una conferencia ante empresarios organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). El Gobierno parece descartar de esta forma el mecanismo preferido por las comunidades: Una emisión conjunta de deuda del Estado en representación de las comunidades, con unas condiciones más ventajosas de las que podrían lograr estas en el mercado.

Está previsto que este año las comunidades autónomas emitan unos 33.000 millones de deuda, entre vencimientos [18.000] y financiación del déficit autorizado [unos 15.000 millones]. Pero los mercados desconfían de su situación económica y exigen tipos de interés mucho más altos para colocar la deuda. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tuvo que pagar un tipo del 7%, superior al que paga Grecia o Portugal, en su última salida a los mercados para colocar 500 millones a tres meses.

Esta situación tiene casi paralizadas a las comunidades por los agudos problemas de falta de liquidez. Algunas como Cataluña han tenido que destinar anticipos del Gobierno para pagar las nóminas. Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla La-Mancha son las mas acuciadas por este problema.

“Estamos buscando una fórmula, que será por descontado de apoyo. Pero no se va a diluir la responsabilidad. No vamos a hacer ninguna fórmula de este tipo”, agregó el ministro.

Por eso, los principales responsables regionales piden ayudas para alivar sus tensiones de tesorería. La solución que esperan la mayoría de consejeros de Economía es que el Ejecutivo de luz verde a los hispanobonos. Pero desde Hacienda se descarta practicamente una emisión conjunta. Una de las soluciones que se está estudiando consiste en un aval del Tesoro para las comunidades que cumplan con la Ley de Estabilidad y con el objetivo de déficit fijado para este año, en el 1,5% del PIB para las regiones. Las que se desvíen de ese objetivo deberán aplicar nuevas medidas de consolidación fiscal (más impuestos o nuevos recortes de gastos) para garantizar el cumplimiento.

Por otro lado, algunas comunidades han planteado a Hacienda que elimine el límite de endeudamiento. Hasta ahora las autonomías solo pueden emitir deuda nueva para financiar el déficit permitido. El Gobierno fija, además, un calendario para autorizar estas emisiones. Por ejemplo, este año podrán emitir el 0,75% cuando se aprueben los planes de equilibrio financiero, a partir de mayo; y otro 0,75% en el segundo semestre cuando Hacienda compruebe la ejecución presupuestaria [este año los Gobiernos regionales pueden emitir deuda por un 1,5% del PIB, el déficit permitido].

Pero las comunidades consideran que la Ley de Estabilidad, que obliga a fijar un techo de gasto y limita el endeudamiento hasta el 13% del PIB, es suficiente para controlar la deuda regional. Creen que eliminando esta prohibición podrán aprovechar algunas ventanas de oportunidad en los mercados y diseñar con más eficiencia sus emisiones de deuda para buscar las condiciones más ventajosas.