Por una unión bancaria europea

En buena medida, todo lo que está sucediendo con la crisis de la deuda soberana y las dudas sobre la moneda única en Europa es la consecuencia de una unión económica y monetaria excesivamente fragmentada, con algunos defectos de fábrica que dificultan su funcionamiento y que pueden acabar con la reputación del proyecto europeo en su conjunto. Ahora parece cada vez más claro que una unión monetaria sin unión fiscal es disfuncional, como también que la unión fiscal no sirve si no lleva consigo la coordinación de políticas de crecimiento económico. Por todo ello, con independencia de que a corto plazo la eurozona pueda resolver sus problemas más acuciantes, la supervivencia del proyecto europeo en el futuro depende, precisamente, de si ese proyecto se quiere llevar a su verdadero fin o no. No existen uniones económicas europeas por mitades o cuartos. De seguir así, poco a poco se disgregarían y, desde luego, en épocas de inestabilidad, su supervivencia estaría claramente amenazada.

La ausencia de una verdadera unión europea bancaria es, en este contexto, un reto de primer orden. Sin ir más lejos, las tensiones que en estos días experimenta el sector bancario español —y cuya resolución se observa como un elemento clave en la estrategia de salida de la crisis— son, en parte, consecuencia de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, pero también lo son de fallos de diseño en la construcción del pretendido mercado único de servicios financieros en los años anteriores a la crisis. Si este mercado realmente existiera, los problemas de un banco español, de un banco belga o de un banco alemán serían problemas de toda la Unión Europea. Pero no es así. Con el pánico desatado con la caída de Lehman Brothers, en 2008, Europa se tiñó de unilateralismo, con rescates de bancos en buena parte de los Estados miembros.

Ahora que a España se le ha venido encima la crisis de la deuda, hablar de incrementos de déficit o deuda para solventar problemas bancarios es casi tabú. Estos días se habla de la creación de un vehículo parabancario en nuestro país al que las entidades financieras podrían transferir parte de sus activos inmobiliarios deteriorados, un instrumento potencialmente interesante. Dicho esto, incluso aunque los problemas bancarios en España se solventen (que hay capacidad para ello), otros sectores bancarios de países muy representativos dentro de la UE también parecen estar necesitados de una intensa reestructuración, y si las cosas no mejoran pronto van a ser también necesarias grandes cantidades de dinero público para que esos sistemas bancarios puedan remontar el vuelo.

Con todos los avances que se han producido en homogeneización de reglas y prácticas operativas, regulatorias y de supervisión, la fragmentación bancaria en Europa parece evidente. Si la unión bancaria europea existiese, los mercados interbancarios podrían haber tenido una mayor reactivación y los problemas de solvencia y eficiencia se hubieran resuelto de forma mucho más eficiente y rápida de lo que lo han hecho en un número importante de países.

Hay dos obstáculos: la resistencia política y la fragmentación de las redes de supervisión y seguridad

Al contrario que en otras industrias europeas, ni la tecnología, ni los estándares operativos, ni tan siquiera la protección del consumidor o las relaciones con el cliente suponen barreras significativas para lograr una unión bancaria europea. Estos días, en determinados círculos europeos se habla cada vez más de una creciente integración de bancos europeos como mecanismo que contribuya a resolver la crisis. Los obstáculos son fundamentalmente dos: la resistencia política y la fragmentación de las redes de seguridad, supervisión y resolución de crisis. En lo que se refiere a la resistencia política, ya era bien conocido antes de la crisis que la industria bancaria, como la energética o la del transporte aéreo, es empleada comúnmente como un instrumento de actuación geopolítica. Así, por ejemplo, en los primeros años de la década pasada fueron repetidas las intervenciones de autoridades de distintos Estados miembros de la UE tratando de impedir la entrada de competidores en mercados nacionales, principalmente mediante el veto de adquisiciones por parte de entidades foráneas de sus supuestos “campeones nacionales”.

Curiosamente, en España, si existía alguna resistencia a tal efecto, era principalmente la que mantenían las comunidades autónomas respecto a algunas cajas de ahorros, pero los procesos corporativos y la crisis bancaria en sí misma han eliminado en buena medida parte de estos problemas, creando instituciones cuya adscripción es ya más nacional que regional sin que ello tenga que tener perjuicio alguno —todo lo contrario— en los servicios ofrecidos a sus clientes. En este sentido, un mercado único bancario podría suponer también, como de hecho sucede en Estados Unidos, un mecanismo para absorber shocks asimétricos que afecten más a unas regiones (países en el caso de la UE) que otras, creando auténticos mercados internos de capital. Además, esto coadyuvaría a reducir las incertidumbres y asimetrías que el sector financiero puede causar en las balanzas de pagos o en los sistemas de pago mayoristas (por ejemplo, en el Target2), que pasarían a estar más integrados.

Ahora que a España se le ha venido encima la crisis de la deuda, hablar de incrementos de déficit o deuda para solventar problemas bancarios es casi tabú

En cuanto a la red de seguridad bancaria, la supervisión y la resolución de crisis financieras, este es un obstáculo operativo muy relevante. Es cierto que, por ejemplo, existía una homogeneización importante y generalmente efectiva en el tratamiento de la solvencia bancaria antes de la crisis, pero ahora se ha demostrado que era solo aparente. Así, por ejemplo, cada país ha querido someter a sus bancos a unos tests de estrés cuyo efecto supuestamente calmante ha sido más que dudoso.

Junto con la solvencia, el otro elemento de la red de seguridad bancaria —los seguros de depósitos— es aún un componente más fragmentado y sujeto a diferentes usos y prácticas. Y tal vez el elemento regulatorio más débil —y el que sería más determinante en estos momentos— es la ausencia de un mecanismo de resolución conjunto de crisis financieras.

En ausencia de un compromiso o soporte común de actuación para crisis bancarias, lo que cada país intenta es una suerte de salvar los muebles hoy y ya veremos mañana. Se habla de que los cortafuegos —como los que ahora la Unión Europea está poniendo en funcionamiento— podrían ser herramientas útiles de resolución conjunta de crisis. Pero esto solo sería posible si los cortafuegos fueran un mecanismo contingente de cohesión para prevenir y resolver problemas de insolvencia bancaria, con costes para todos los Estados y los menores estigmas posibles para los países beneficiarios. Y, al fin y a la postre, esto sería efectivo solo si la normativa de solvencia es verdaderamente común, los sistemas de garantía de depósitos se unifican (y no solo homogeneizan) y los fondos de soporte y eventual resolución de insolvencia cuentan con una contundencia y solidaridad verdaderamente europea.

Evidentemente, este tipo de unión bancaria europea incluye mayores facilidades para fusiones transfronterizas bancarias en la UE y otras alianzas e integraciones estratégicas al uso que, como sucede a escala nacional, podrían ser también consideradas como parte de una estrategia común de reestructuración bancaria. El concurso de inversores internacionales en el capital de entidades de otros países también sería un poderoso mecanismo de ayuda.

Este tipo de propuestas —difíciles, pero bastante menos utópicas que, por ejemplo, la unión monetaria que ya se logró— podrían parecer interesadas al estar hechas por un español, cuyo sector bancario podría, por ejemplo, beneficiarse en estos momentos de mecanismos de resolución verdaderamente europeos. Sin embargo, estoy plenamente convencido de que en algunos países de la UE existen entidades sistémicas autosostenidas por sus Gobiernos y que habrá una inevitable reestructuración para esos sectores bancarios en la que una mayor cohesión europea podría evitar importantes costes a sus contribuyentes.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía de la Universidad de Granada.