Crecimiento sí, pero con estabilidad

La polémica está servida. Tras varios años de ajustes intensos e ineficaces en algunos países de la zona euro se vuelve la vista a la política de incentivos aplicada en Estados Unidos en contraposición a la estricta política de ajustes exigida en la Unión Económica y Monetaria. Ahora se habla del pacto de crecimiento, pero el ya discutido y aprobado en la UE y suscrito por varios de los Parlamentos europeos es el pacto de estabilidad y crecimiento.

Como toda respuesta, la canciller alemana Ángela Merkel responde que primero es la estabilidad y después el crecimiento, pero muchos políticos comienzan a darse cuenta de lo difícil que es alcanzar el objetivo de estabilidad del déficit público sin que haya algún crecimiento de la actividad económica que permita incrementar la recaudación de ingresos del sector público y así subsanar parte del déficit.

Lo que ningún político ha expresado todavía es cómo se puede cumplir con el pacto de estabilidad y a la vez estimular el crecimiento. Lo único que se ha aportado hasta ahora es la posibilidad de suavizar el ajuste, prolongando en el tiempo el logro del objetivo de un déficit del 3% del PIB. Decisión que ayudaría, pero a la que se niega rotundamente Alemania. En todo caso, esto no soluciona la clave del problema, que está en cómo salir de la crisis y conseguir la vuelta a la confianza de los inversores, empresarios y consumidores.

España se encuentra en el centro del dilema. Cuando había crecimiento había estabilidad, e incluso superávit de las cuentas públicas a pesar de los despilfarros. Lo que ha cambiado ha sido que la crisis económica iniciada con los problemas financieros internacionales y con el pinchazo de la burbuja española en la construcción ha provocado el ajuste de la economía productiva con la caída de la demanda interior y exterior y ha reducido seriamente la recaudación de impuestos con el consiguiente aumento del déficit público.

Es imprescindible terminar con el saneamiento y la reforma del sector financiero

Conviene recordar que antes del inicio de la crisis en 2007, el conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó un superávit del 1,92% del PIB y el nivel de deuda española estaba en el 36,3% del PIB, uno de los más bajos de la zona euro. El deterioro actual de las finanzas públicas, con un déficit del 8,5% del PIB en 2011, se debe en gran medida a la caída de impuestos, aunque también al aumento de algunos gastos extraordinarios realizados por falta de previsión de la crisis. En porcentaje del PIB, los recursos (ingresos) y empleos (gastos) en términos de contabilidad nacional se han deteriorado, disminuyendo los ingresos y aumentando los gastos. En 2007, los ingresos eran el 41,13% y los gastos el 39,21%, mientras que los datos en 2011 son del 35,13% en los ingresos y del 43,65% en los gastos. El pago de intereses provocado por el aumento del déficit ha elevado el nivel de deuda pública y en el último trimestre de 2011 se ha alcanzado el 68,5% del PIB.

El Gobierno está solo en la defensa de los Presupuestos, y la contestación sobre las reformas es generalizada dentro de España, aunque es respaldada por las instituciones y autoridades internacionales. Sin embargo, en estas circunstancias España se siente abocada a recortes del gasto público y aumentos de los impuestos que en nada ayudan al crecimiento a corto plazo.

España se encuentra en el centro del dilema

Que las reformas estructurales son absolutamente necesarias me parece indiscutible, aunque sí lo es la forma en que se definen y se ponen en práctica. Es normal que los ciudadanos, en la medida en que ven recortados sus beneficios sociales, protesten y se resistan a los cambios. También parece razonable que las instituciones que se ven afectadas por los recortes presupuestarios se opongan, o al menos se quejen. Pero lo más importante son los argumentos en contra por la falta de ejemplaridad de los que más tienen, con indemnizaciones, sueldos y gastos vergonzantes en un momento en que el resto de la ciudadanía lo pasa mal o muy mal.

Pero ¿cómo se puede estimular el crecimiento si los recortes del sector público se aplican a las inversiones y a la investigación? Esta es la pregunta del millón. En primer lugar, es imprescindible terminar con el saneamiento y la reforma del sector financiero para conseguir que la financiación vuelva al sistema productivo. Solo así se podrá recuperar la confianza de los inversores. Sin inversión no habrá crecimiento. Es un error disminuir los recursos en educación e investigación, especialmente cuando los proyectos de investigación pueden ser los avances de la producción en el futuro.

No basta con promulgar decretos y leyes

También es urgente una buena implementación de las reformas realizadas. No basta con promulgar decretos y leyes. Se tiene que cuidar para que la reforma laboral produzca los efectos deseados facilitando la contratación y que no sirva exclusivamente para el saneamiento de los costes de las empresas o para su desaparición con la consiguiente reducción de empleo. El ajuste de las empresas públicas (nacionales y autonómicas) debe ser ejemplar, buscando su productividad. Es urgente solucionar la financiación de los Ayuntamientos, y la lentitud de los trámites no debe ahogar las medidas tomadas. De alguna manera hay que impulsar la creación de empresas, que son las únicas que pueden crear puestos de trabajo y generar la actividad necesaria para la recuperación.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).