Bruselas, el FMI y el BCE presionaron a España para subir el IVA

La presión de los mercados y de los organismos internacionales sobre España ha sido clave en el anuncio de una fuerte subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) anunciada esta semana por el Gobierno de forma implícita.

La prima de riesgo española, o rentabilidad extra exigida a sus bonos frente a los alemanes, considerados seguros, ha subido en abril hasta los niveles más altos desde que gobierna Mariano Rajoy. La entrada en recesión, las dudas sobre los retrasados Presupuestos de 2012, la desconfianza sobre el sector financiero, el aumento del paro y, en general, el agravamiento de la crisis contrastaban con la falta de una hoja de ruta del Gobierno para la reducción del déficit.

La semana pasada en Washington, España se convertía en la indeseada protagonista de las discusiones en la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, mantuvo reuniones con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Ambos, junto con Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), creen que España tenía que presentar medidas más claras de reducción del déficit que las que había anunciado en los Presupuestos. Y que tenía que hacerlo pronto.

En la última reunión del BCE, Draghi exigió abiertamente a España que tenía que hacer más, que tenía que cumplir. En el entorno del banco central se interpreta que la inactividad del BCE en los mercados de deuda es una forma de presión. Según esas fuentes, la relajación de la prima de riesgo y el éxito de las subastas derivados de las subastas de liquidez a largo plazo del BCE habían llevado a los Gobiernos a bajar la presión, a considerar que no era necesario cumplir la senda de reducción del déficit o que era posible retrasar la presentación de unos presupuestos por razones políticas, como interpretan que hizo España.

Por ello, en paralelo a la apertura del debate sobre austeridad y crecimiento, tanto el FMI, como la Comisión Europea y el BCE exigían a España que el programa de estabilidad 2012-2015 no fuese una mera enunciación de medidas ya realizadas, previsiones edulcoradas y reformas y ajustes genéricos, sino que querían concreción. Y, para ellos, la subida del IVA (que en España tiene uno de los tipos más bajos de Europa) era una de las medidas que podían transmitir la idea de que la consolidación fiscal va en serio.

A la presión exterior se suma la tozudez de las cifras. El Gobierno es consciente de que no puede reducir el déficit solo con recortes de gasto. Ya lo reconoció al subir el IRPF en uno de los primeros consejos de ministros y el impuesto de sociedades en la presentación de los presupuestos. Solo faltaba al IVA, uno de los impuestos con efecto más rápido sobre la recaudación. La subida del IVA, acompañada de una rebaja de las cotizaciones sociales, es una medida, además, que han recomendado diferentes organismos internacionales, pues supone una suerte de devaluación fiscal, al encarecer el consumo de productos importados y abaratar las exportaciones por la menor carga de mano de obra.

El problema era sobre todo de carácter político. Están muy recientes las críticas de Rajoy o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a la subida del IVA decidida por el anterior Gobierno.

El Gobierno había dado muestras de que su discurso sobre el IVA iba a cambiar. De decir que era un “disparate” sin paliativos, como hizo Rajoy en la oposición, había pasado a decir que no había que subir el IVA cuando cae el consumo, tratando de marcar distancias con la anterior subida y esperando que el consumo hubiera repuntado para cuando llegase el momento. Las cifras del propio Gobierno, sin embargo, desmontan también ese argumento. En 2010, el año en que el Gobierno de José Luis Zapatero subió el IVA, el gasto en consumo final de los hogares creció un 0,7%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, las previsiones presentadas este viernes por el propio Guindos apuntan a que el consumo final privado caerá un 1,4% este año y un 1,1% adicional en 2013.

En cuanto a las previsiones de déficit de la Seguridad Social para los próximos cuatro años parecen un anuncio de cerveza sin alcohol: 0,0%, 0,0%, 0,0% y 0,0%. No importa que la economía crezca o que la economía caiga, que las cotizaciones se rebajen (como ha anunciado el Gobierno para 2013) o se mantengan, que se cree o que se destruya empleo, que se prevea una inflación mayor o menor que aplicar al gasto en pensiones. El resultado es siempre el mismo: 0,0%.

El presupuesto de la Seguridad Social es uno de los que más dudas suscitan ya para el año en curso. Tras el pequeño déficit del 0,1% del año pasado, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 una previsión de equilibrio presupuestario.

Diversas fuentes consultadas creen que la cifra no cuadra con la realidad de los hechos. El gasto en pensiones ya está subiendo a un ritmo muy superior al presupuestado, lo mismo que las prestaciones por desempleo, mientras que se destruye empleo con gran fuerza y caen las cotizaciones sociales. Sin perspectivas de crecimiento hasta el año próximo, numerosos expertos creen que el déficit será de varios miles de millones.

Si, además, el Gobierno prevé una rebaja de las cotizaciones en 2013 para compensar una pequeña parte de la subida del IVA, estima que se va a seguir destruyendo empleo y prevé que el deflactor del PIB (y, por tanto, la inflación con que se calcula el gasto en pensiones) va a ser mayor que este año, el 0,0% del año próximo es aún más complicado. Pero la relativa mejora prevista para 2014 y 2015 tampoco se hará notar en las cuentas de la Seguridad Social, donde el 0,0% sigue siendo la previsión del Gobierno.