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Empleo prohíbe la jubilación obligatoria por convenio

El plan antifraude espera lograr 1.900 millones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (c); la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (c); la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El plan para combatir el fraude en la Seguridad Social aprobado este viernes por el Consejo de Ministros prohibirá que los convenios colectivos incluyan una edad de jubilación obligatoria una vez que se alcanza la edad de retiro. Así, para fomentar la prolongación de la vida activa, los convenios no podrán obligar a jubilarse a los trabajadores.

La nueva normativa, además, encarecerá las prejubilaciones al reducir de 500 a 100 trabajadores el tamaño de las empresas con beneficios que deberán contribuir en caso incluir a mayores de 50 años en sus despidos colectivos.

El Gobierno confía a la lucha contra el fraude a la Seguridad Social la recaudación de 1.900 millones este año, según recoge el Programa de Estabilidad 2012-2015. El nuevo plan prevé la modificación del Código Penal para perseguir fraudes en los que el Gobierno ha constatado que la sanción administrativa no basta, como empresas fantasma sin actividad que realizan contratos falsos para que sus presuntos trabajadores cobren prestaciones públicas o sociedades que empleen de forma simultánea a varios trabajadores en situación irregular, como los talleres clandestinos.

La nueva normativa, además, encarecerá las prejubilaciones

El plan contempla que los empresarios que defrauden a la Seguridad Social devuelvan íntegramente las cuotas si quieren evitar responsabilidades penales e intensificar las inspecciones de oficio en sectores en los que se identifiquen “posibles bolsas de fraude”.

El periodo de prescripción de los delitos, además, se ampliará de 5 a 10 años, así como las sanciones previstas, que irán más allá del tope de 187.515 euros actuales.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el plan trata de evitar que el fraude a la Seguridad Social “ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema”, que cerró el año pasado con un déficit del 0,09% del PIB.