El Gobierno permitirá a los turistas pagar hasta 15.000 euros en efectivo

El Gobierno ha anunciado hoy que tomar medidas cautelares para evitar que los defraudadores que no pague a Hacienda se declaren en insolvencia o traten de llevar a cabo un alzamiento de bienes con vistas a eludir su responsabilidad con la Agencia Tributaria y la "imprescriptibilidad de las rentas no declaradas". Actualmente, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos pendientes de cobro por valor de 6.000 millones de euros.

Según ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el objetivo de estas medidas es "evitar que, al final del proceso [de inspección fiscal], no se encuentre nada por que se han levantado bienes y ha desaparecido la sociedad". Por este motivo, ha añadido, se procederá a realizar embargos preventivos sobre los supuestos defraudadores y las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

Junto a ello, Montoro también ha destacado que se refuerza la función del inspector de Hacienda al establecer sanciones de entre 1.000 a 100.000 euros para los particulares que traten de "obstaculizar, frenar o negarse a inspección". En el caso de las empresas, el rango se amplía a entre 3.000 y 600.000 euros.

La medida está incluida en el anteproyecto del plan de fraude fiscal que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y con el que pretende recaudar 8.171 millones de euros este año para aliviar el déficit público. Sobre este punto, sin embargo, Montoro ha recordado que la previsión de potenciales ingresos no está incluida en los presupuestos con vistas a reforzar la credibilidad de las cuentas públicas. Aunque "seguro que se recauda más", ha añadido el ministro.

Excepción para los turistas

La prohibición de las operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para empresarios y autónomos y la obligación de declarar las cuentas bancarias abiertas en el extranjero son otras dos de las medidas del programa. Para los turistas, sin embargo, se establece un mínimo más alto en 15.000 euros "para no perjudicar" esta actividad, ha añadido Montoro.

Este plan irá acompañado de la primera amnistía fiscal aprobada en España desde comienzos de los años noventa. Los defraudadores que saquen a la luz su dinero negro podrán hacerlo pagando como sanción un 10% de lo regularizado.

Una de las medidas del plan contra el fraude avanzadas esta semana por el Gobierno se centra en perseguir los billetes de 500 euros, que suponen un 70% del efectivo en circulación y son los preferidos de la economía sumergida. Así, los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en los que intervenga un empresario profesional tendrán que realizarse a partir de ahora mediante tarjeta o con una transferencia bancaria. De lo contrario, los infractores se enfrentarán a una multa del 25% de la cuantía del pago.

No obstante, si una de las partes lo denuncia ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, Hacienda no aplicará la sanción a la parte que lo haya comunicado.

Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y esta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas.

Modelo de otros países

La medida está inspirada en las limitaciones para el pago en efectivo vigentes en Italia (1.000 euros) y Francia (3.000 euros para profesionales y 1.500 euros para el abono de salarios), desde 2011 y 2010, respectivamente. Para algunos expertos, España debería fijar el límite también en los 1.000 euros.

Por otra parte, el plan incluirá la obligación de declarar las cuentas abiertas en el extranjero, tanto los titulares, como los beneficiarios o los que tienen poderes para operar con ellas.

Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 publicadas en su día por el Gobierno, la Agencia Tributaria situará en su punto de mira a deportistas y artistas, a las importaciones procedentes de Asia y a las operaciones con pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios dentro de la lucha contra el fraude fiscal.

"Alarma social"

En concreto, Hacienda explica que, en el marco del plan, se hará "especial hincapié" en las conductas fraudulentas que generan "alarma social". En este contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los "entramados" societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas "para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares".

Dentro de la economía sumergida, los planes de Hacienda priorizan también las emisiones de facturas falsas irregulares, en especial, de los contribuyentes que tributen en régimen de estimación objetiva, así como los tramos de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias.

Así, dentro del régimen de módulos, se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares.

El plan contempla también prestar especial atención al comercio electrónico, con la finalidad de realizar un análisis de los flujos financieros y reales de las empresas que operen en este sector y detectar ventas ocultas no declaradas.