La CMT y la CNE se rebelan contra el plan del Gobierno de quitarles poder

El Gobierno quiere convertirse en el gran y casi único superregulador de sectores básicos como las telecomunicaciones y la energía, despojando de la mayoría de los poderes a los actuales reguladores de ambos sectores, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La CMT, creada en 1996, ha sido el organismo encargado de vigilar el funcionamiento de la competencia y la entrada de operadores alternativos. Consecuentemente, sus poderes han sido muy amplios. Pero el Gobierno ha decidido recortarlos hasta el mínimo y asumir directamente la mayoría de sus funciones, dejando casi en un cascarón vacío a la hasta ahora todopoderosa CMT.

Así, aprovechando la reorganización de los organismos reguladores, Industria despoja a la CMT (o al organismo que la sustituirá) de competencias tan básicas como la portabilidad (cambio de compañía conservando el número), la asignación de numeración, el registro de operadores, el servicio universal y la resolución de conflictos entre operadores, según consta en el anteproyecto de Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La CMT se ha rebelado contra este tijeretazo y ha remitido a Industria un duro informe contra el anteproyecto en el que destaca que es el regulador de telecomunicaciones de la UE que cuenta en la actualidad con un menor número de competencias, frente a todas aquellas que otorgan las directivas europeas a las autoridades nacionales de regulación (ANR) independientes.

El sector ha acogido dividido este proyecto de reforma. En el espíritu de la misma, el Gobierno asume las tesis de los grandes operadores del sector, los que disponen de mayores infraestructuras, como Telefónica, Vodafone y Ono, que siempre se han quejado del intervencionismo de la CMT en favor de los pequeños operadores.

Si se consuma la reforma, la única gran competencia que conservará la CMT, que pasará a ser una sección de la nueva CNMC, será el análisis de los mercados, un estudio periódico —cada tres años— para vigilar que funcionen correctamente y en competencia los diferentes segmentos (móvil, fijo, Internet, etcétera). Pero perderá potestades tan relevantes como la resolución de conflictos entre compañías, salvo que una de ellas sea considerada operador dominante en un mercado. Es decir, que si, por ejemplo, Jazztel y Orange mantienen una disputa sobre ADSL, sería Industria la que dirimiera.

También pierde el poder sobre los mecanismos y plazos de la portabilidad en un país como España en el que cada año más de 10 millones de abonados cambian de compañía.

La otra gran cuestión que subyace de la reforma es que, si se restan todas esas competencias a la CMT, el regulador estaría sobredimensionado tanto en infraestructuras como en personal.

Los planes del Gobierno tampoco caen bien en la CNE. El regulador del sector energético, que ha tenido un encontronazo reciente con Industria a cuenta del sector eléctrico, también lamenta en su informe sobre el proyecto el traslado al Ejecutivo de funciones como la actual capacidad de la CNE para vetar operaciones corporativas, conocida como Función 14, como las que tuvieron que ver con las adquisiciones de Endesa o Unión Fenosa.

Industria también arrebata a la CNE las prerrogativas de inspección y de sanción, así como las relacionadas con la calidad de suministro y salvaguardar el equilibrio patrimonial de las sociedades.