España reclama a Bruselas que adelante 5.500 millones en ayudas por la sequía
El Gobierno quiere acelerar la entrega de los fondos agrícolas previstos para 2012
La sequía que vive España desde el pasado otoño inquieta cada vez más al Gobierno. En un contexto de cuentas públicas espartanas, el Ministerio de Agricultura ha decidido pedir ayuda a Europa para aliviar los daños que la falta de agua está causando en el campo. El titular del departamento, Miguel Arias Cañete, hace entre el lunes y el martes frente común con Portugal para solicitar a la Comisión Europea que adelante las ayudas previstas en la política agraria común para 2012.
La propuesta, que se lanzará este martes después de tratar en la primera sesión del lunes temas relacionados con la pesca, se formula en el Consejo de Agricultura y Pesca que celebran durante dos días los ministros de los 27 países comunitarios. Además, Cañete tendrá oportunidad de plantear sus problemas directamente al comisario del ramo, Dacian Ciolos, en una reunión junto a los representantes de otros cuatro países, convocada para hablar de los problemas en el sector hortofrutícola.
España es el segundo mayor receptor de ayudas comunitarias al campo
A corto plazo, España aspira a que la Comisión adelante las ayudas que corresponden a los agricultores por la política agraria común (7.500 millones anuales, de los que 5.500 son ayudas directas a los agricultores), de forma que, en lugar de percibirlas a final de año, se puedan cobrar antes del verano, según fuentes diplomáticas. España es el segundo mayor receptor de ayudas comunitarias al campo, solo superado por Francia. En conjunto, la política agraria común distribuye anualmente casi 60.000 millones de euros entre todos los Estados miembros, lo que representa un 40% del presupuesto de la UE. Entre octubre y marzo, las lluvias han caído a la mitad respecto de la media histórica en España, según Agricultura, que no tiene cuantificadas las pérdidas que la sequía ha ocasionado a agricultores y ganaderos. La situación, “sin ser dramática, sí es preocupante”, según describe un documento de este departamento.
Más a largo plazo, España admite que hace falta una mayor atención a este problema, que afecta a todos los países sureños, y por ello Cañete aboga porque los próximos presupuestos comunitarios (2014-2020) incluyan algún fondo específico. Es de esperar que los representantes de otros Estados se unan a España y Portugal en sus demandas, que se tratarán mañana en el Consejo. Más allá de ese punto, los titulares de Agricultura debatirán las claves para reformar la política agraria común, que Bruselas pretende poner en marcha en 2014.
Los ministros se han centrado casi monográficamente la jornada de hoy en otro asunto crucial para España: los cambios en la política pesquera. De momento, los países están lejos de llegar a un acuerdo sobre esta materia, que plantea un choque entre las propuestas de la Comisión y las necesidades financieras de los países.
La flota pesquera española se arriesga a perder un tercio de las subvenciones
Tanto en agricultura como en pesca, la Comisión quiere asegurarse de que las ayudas directas recaen donde se necesitan, con un mayor apoyo respecto a las prácticas más sostenibles para el medio ambiente. Los países miembros comparten este enfoque, pero recelan de las medidas concretas para lograrlo, pues requieren, en general, de un mayor esfuerzo económico para el sector y para los presupuestos públicos en un momento en que los recursos escasean.
Fuera ya del Consejo, Bruselas prepara ya sus armas para lograr un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. El anterior está ahora en suspenso desde que el Parlamento Europeo lo dejó sin efecto en diciembre, por lo que los barcos españoles no pueden faenar en aguas marroquíes. La Eurocámara discrepaba de las condiciones negociadas con Rabat y por eso se opuso a la prórroga por un año más del anterior acuerdo, como pedía la Comisión. Representantes de Bruselas se reunirán el próximo lunes con los países para preparar la estrategia. España quiere mejorar las posibilidades de pesca respecto del acuerdo anterior. Las negociaciones se avecinan largas, aunque Cañete aspira a concluirlas en seis meses.
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