España y el pacto fiscal

El anuncio de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno español, de que España no se atendrá al objetivo fiscal acordado por el anterior Ejecutivo probablemente transformará el debate sobre el sistema de gobierno europeo. El mismo día de la firma del pacto fiscal, uno de los países más grandes de la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea ha puesto a prueba su espíritu.

Conforme al marco actual, España se habría visto obligada a reducir su déficit público al 4,4% en 2012 y por debajo del 3% en 2013, desde un nivel aproximado del 8,5% en 2011. Esta es una vía de consolidación fiscal muy ambiciosa. Aunque es cierto que las consolidaciones fiscales tienen menos efectos negativos en tiempos de crisis de confianza puesto que permiten recuperar la fe de los inversores internacionales, su impacto general en la economía sigue siendo negativo. De hecho, partiendo de una tasa de desempleo que supera el 20%, la consolidación habría conducido a un aumento significativo del paro. Por eso, aunque recortar el gasto hubiera reducido el déficit español, habría sido cruel para España el atenerse a las normas.

Aunque las consolidaciones fiscales tienen menos efectos negativos en tiempos de crisis de confianza ya que permiten recuperar la fe de los inversores internacionales, su impacto en la economía sigue siendo negativo

Desde un punto de vista europeo, el aparente desafío de España a las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es preocupante. A la Comisión no le queda más alternativa que seguir adelante con el proceso. De hecho, el Consejo decidió en marzo de 2009, tras una recomendación de la Comisión y basándose en el pronóstico económico de esta, que España debía corregir su exceso de déficit antes de 2012. En aquel momento se esperaba que España ajustara su déficit por debajo del 3% en 2012. En noviembre de 2009, el Consejo decidió que solo se tenía que corregir el déficit por debajo del 3% antes de 2013 y una decisión del Consejo de julio de 2011 volvió a confirmar la vía de consolidación anual. Cualquier desviación de la vía del déficit fiscal tiene que ser examinada en detalle por la Comisión. Solo si las circunstancias excepcionales en 2011 justifican el bajón de 2011, la Comisión podría decidir que se permita un retraso adicional de la vía de ajuste. Y solo después de la decisión del Consejo se permitiría al Gobierno español desviarse de esa vía. Si la Comisión llegara a una conclusión diferente, tendría que empezar los siguientes pasos del proceso, sabiendo que el éxito sería bueno para Europa, pero malo para España.

La decisión de la Comisión se vigilará muy de cerca. Está claro que después de haber seguido una línea dura en Bélgica, el desviarse de la línea dura confirmaría la sospecha de los Estados miembros pequeños de que los grandes reciben un trato especial. Y lo que es más importante, España se consideraría un ejemplo práctico del valor del nuevo pacto fiscal. Un tratamiento poco estricto a España se interpretará como una muestra de que no necesariamente se sostiene el más alto grado de compromiso político con la disciplina fiscal a través de un tratado fuerte.

El pacto fiscal que debía restaurar la confianza entre sus miembros y que se considera “un paso hacia la unión política”, se ve en apuros porque establece una unión fiscal incompleta

Con vistas al futuro, se pueden extraer varias lecciones importantes. En primer lugar, el actual sistema fiscal en Europa está incompleto. Pretender que un Estado miembro imponga grandes recortes presupuestarios en medio de una grave recesión con un desempleo elevado es imposible sin ayuda externa. De hecho, las federaciones fiscales como la de EE UU tienen normas de presupuestos equilibrados para los Estados subnacionales. Sin embargo, la viabilidad de estas normas depende del hecho de que las prestaciones por desempleo y otras funciones de estabilización se realizan en parte a escala federal. En el caso de una gran crisis negativa en una de sus partes, la federación permite la afluencia neta de recursos fiscales a la parte afectada.

En segundo lugar, el actual sistema institucional se considerará inadecuado para la creación de los eurobonos. Después del riesgo moral en Italia del año pasado y el aparente incumplimiento de las normas por parte de España el día de la firma de las mismas, disminuirá todavía más la confianza de los grandes países acreedores en que el actual sistema institucional será capaz de impedir que los demás países se beneficien a costa de ellos. El resultado del próximo debate entre Madrid y Bruselas influirá decisivamente en la disposición a seguir adelante con los eurobonos. También preveo que será un condicionante esencial para la inclinación de Berlín a aumentar los cortafuegos.

Por consiguiente, el pacto fiscal, que se suponía que debía restaurar la confianza entre sus miembros y que se considera “un paso hacia la unión política”, se ve en apuros porque establece una unión fiscal incompleta. Europa debería proponer ahora un sencillo trato a España. España debe atenerse a las normas y a cambio recibiría pagos importantes del presupuesto europeo (por ejemplo, mediante una asignación especial de fondos estructurales y un préstamo a interés cero para recapitalizar el sistema bancario) con el fin de atenuar el efecto de la consolidación. Esta solución mostraría el camino sensato a seguir para la creación de una verdadera unión fiscal.

Guntram B. Wolff es subdirector de Bruegel