El Gobierno teme problemas para las firmas españolas en Argentina

 La española Repsol-YPF es no solo el mayor contribuyente fiscal en Argentina, sino una de las compañías que mejores relaciones ha mantenido con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, en diciembre, sin que ningún directivo de la empresa acierte a explicarse las causas, cambiaron las tornas. De repente, una quincena de inspectores se presentaron en sus instalaciones y abrieron 420 expedientes administrativos. A partir de ahí, la escalada verbal por parte de los dirigentes argentinos fue en aumento. Fuentes del Gobierno español consideran que la razón de ese cambio de actitud es el estado de la economía argentina. Y temen que eso pueda repercutir en otras grandes empresas presentes en el país como Telefónica, Gas Natural o Endesa.

En un documento del Ministerio de Exteriores al que ha tenido acceso este periódico se indica que la “complicada” situación económica que atraviesa Argentina, con “fuertes tensiones inflacionistas y un déficit de divisas” obedece a la “fuga constante de capitales (21.000 millones de dólares sólo en 2011) y el acaparamiento de dólares por parte de la población”, a los “vencimientos de deuda que tiene que afrontar el país (13.000 millones de dólares en 2012)” y a “los aumentos de las importaciones de productos petrolíferos, propiciado por una agresiva política de subvenciones que está potenciando el aumento del consumo interno”.

El documento señala, además, que en Argentina está en marcha la Ley de Emergencia Económica, que “otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, como la posibilidad de fijar las tarifas de los servicios públicos o la ordenación del sistema financiero”. A consecuencia de esa ley se han congelado las tarifas públicas, “a pesar de que la inflación supera el 23%”. O sea, suben los costes, pero no los precios que se cobra a los usuarios por los productos y servicios. “Hay importantes empresas españolas que se están viendo afectadas por esta normativa”, indica el informe.

La fuga de capitales y la acaparación de dólares son males endémicos

La semana pasada viajó a Argentina al nuevo secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia. A pesar de que conoce muy bien el país por su trabajo anterior en la Embajada española en Buenos Aires, poco pudo hacer Gracia por los intereses de las empresas españolas. Fuentes empresariales indicaron que Gracia fue recibido por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero ella rechazó abordar ninguna cuestión referida a Repsol. Sin embargo, el Gobierno español niega que ese encuentro estuviera en la agenda y que se hubiese producido en ningún momento. En cualquier caso, al secretario de Estado no le fue posible entrevistarse con ningún responsable económico del Gobierno ya que, entre otros factores, su visita coincidió con el accidente de tren donde murieron 51 personas. Su encuentro con el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, fue calificado como “áspero”.

La sombra sobre la posible nacionalización o intervención por parte del Gobierno sobre Repsol-YPF planea desde hace dos meses. Su presidente, Antonio Brufau, viajó la semana pasada a Buenos Aires y comunicó a sus directivos: “En el último mes YPF viene siendo objeto de algunas críticas y de advertencias por parte de las autoridades nacionales y provinciales, así como de notificaciones de diferentes expedientes administrativos, incluyendo amenazas de sanciones o restricciones con dudoso fundamento legal”. Al día siguiente, el ministro de Planificación, Julio de Vido, declaró que el Gobierno “no amenaza”, sino que “exige el cumplimiento de las leyes y defiende los intereses de todos los argentinos”.

El ámbito político y económico argentino está pendiente del discurso de apertura del curso legislativo que la presidenta pronunciará este jueves en el Congreso. Ahí sentará las líneas maestras de la actuación del Gobierno. Desde el Ejecutivo español se muestran confiados en que la situación mejorará. “En el corto plazo, a la presidenta argentina le esperan días difíciles, porque está previsto que emprenda el recorte de las subvenciones, que no es algo popular. Pero si no suben las tarifas, las empresas no tendrán dinero para seguir invirtiendo. A largo plazo, el recorte de subsidios será una medida muy positiva”, indicaron fuentes de Exteriores. “Estaremos vigilantes sobre los próximos acontecimientos. Esperamos que las leyes se apliquen de igual manera sobre un sector y no sobre una empresa en particular”, añadieron las fuentes.

El problema es que los precios suben un 23% y las tarifas públicas se congelan