Los proveedores que perdonen deuda a la Administración cobrarán antes

Cobrar menos para cobrar antes. Esa parece ser la oferta que hace el Gobierno a empresas y profesionales autónomos asfixiados por la crisis, que esperan desde hace meses o años a que los Ayuntamientos paguen lo que les deben. “El descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente” y “la antigüedad de la factura” son los dos únicos criterios para dar prioridad a los cobros a los que se hizo referencia tras el Consejo de Ministros celebrado el viernes, aunque faltan por conocer todos los detalles concretos del plan.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había anunciado en el Senado que el viernes el Gobierno aprobaría “un procedimiento para hacer frente al pago de los proveedores de todas las Administraciones Públicas de España, en el plazo de semanas, en los próximos meses”. Lo que trascendió ayer del Consejo de Ministros fue mucho menos de lo anunciado. Y anticipa que el proceso tardará meses, no semanas, en ponerse en marcha.

Para cobrar facturas de los Ayuntamientos, los proveedores deberán esperar, en el mejor de los casos, a mayo. Si la deuda es con los Gobiernos autonómicos (la partida más voluminosa), ni siquiera está claro cuándo podrán hacerlo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a informar de que el proceso se pondrá en marcha en un Consejo de Política Fiscal que Hacienda convocará “en breve”, según fuentes del Ministerio.

Se buscará un sistema que tenga el menor impacto en las cuentas públicas”

Soraya Sáenz de Santamaría

Las organizaciones que representan a los principales proveedores de la Administración calculan que la deuda comercial de Gobierno, comunidades y ayuntamientos ronda los 40.000 millones. La vicepresidenta eludió hacer una estimación sobre el importe de la deuda. Y tampoco dio detalles sobre cómo será el plan de financiación que, según Montoro, debía estar listo el viernes. Hasta el punto que la referencia del Consejo de Ministros, divulgada después de la conferencia de prensa, aunque parca, dio alguna pista más que las sucesivas respuestas de Sáenz de Santamaría, que omitió durante su comparecencia cualquier explicación sobre esa posible quita pese a las numerosas preguntas sobre los detalles de la nueva medida.

“Hemos aprobado un mecanismo que permita hacer frente al pago de estas deudas, que aclare la situación de una vez por todas”, afirmó la vicepresidenta, quien lamentó “la delicada situación por la que pasan pymes y autónomos por la morosidad de las Administraciones Públicas”.

La nota distribuida tras el Consejo de Ministros dio alguna pista más de lo que se ha plasmado en un decreto ley, pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero tampoco solventó todas las dudas, e incluso generó algunas nuevas. En ella se precisa que las entidades locales podrán endeudarse para financiar las obligaciones de pago que se abonen a los proveedores. "El mecanismo de financiación que se aprobará en las próximas semanas, y al que los Ayuntamientos podrán acogerse, estará vigente durante 2012. Este mecanismo fijará como criterios para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la factura", señala la referencia del Consejo de Ministros. Lo confuso de las palabras hizo a algunos interpretar que se trataría d euna prioridad para cobrar el principal sobre los intereses.

La vicepresidenta omitió en la rueda de prensa los elementos de prioridad para cobrar lo pendiente

Sáenz de Santamaría confirmó que habrá un cambio legislativo que permita avales “puntuales” del Gobierno central a otras Administraciones para facilitar el plan financiero. “Se buscará un sistema que tenga el menor impacto en las cuentas públicas”, respondió, otra vez elusiva, Sáenz de Santamaría cuando se le inquirió sobre un posible aumento de la deuda pública como consecuencia de esta operación.

Del plan financiero, pendiente del visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, apenas se conoce el esqueleto: tras un convenio con el ICO, los bancos harán un préstamo a las Administraciones por el importe de lo adeudado al proveedor. El Gobierno central avalará la operación, y si el ayuntamiento o comunidad en cuestión no paga, retendrá ingresos fiscales que les corresponden por el sistema de financiación. Está por cerrar a quién endosa el banco el coste de la operación (el interés que aplique al préstamo), aunque la idea básica es que sea el propio proveedor el que lo asuma.

Lo que sí detalló la vicepresidenta es el calendario exigente que se le plantea a los ayuntamientos. Antes del 15 de marzo deben comunicar a Hacienda la lista de facturas sin pagar que acumulan hasta el 31 de diciembre de 2011. Los contratistas que no estén incluidos podrán recurrir y el ente local deberá contestar en 15 días. Si no lo hace, se le dará la razón a la empresa que alegue. Antes del 31 de marzo, las corporaciones municipales deben presentar también un plan de ajuste para detallar cómo piensa hacer frente a la financiación de las deudas reconocidas, un plan al que Hacienda debe dar el visto bueno en un mes. Y en mayo, si todo va como está previsto, los bancos abrirán las ventanillas de cobro.