¿Rigidez o estabilidad presupuestaria?

La propuesta de estabilidad presupuestaria presentada el viernes 27 de enero en el Parlamento tiene su punto de partida en una filosofía compartida con el PSOE, que es la que emana de la modificación constitucional, pero se aparta en tres aspectos clave, que podríamos enmarcar en el antes, el durante y el después del proceso de consolidación en el que está embarcado el sector público español. Esos tres elementos de discordia son lo suficientemente importantes como para que nuestra valoración del proyecto no pueda ser positiva.

Vayamos por partes.

La primera crítica tiene que ver con el enfoque que el Gobierno quiere dar al contexto de la Ley. Su objetivo es hacer creer a todos -opinión pública española, mercados y gobiernos europeos- que ellos acaban de llegar y tienen que enderezar una situación que desconocían y de la que, desde luego, no han formado parte. El problema de ese relato es que todo el mundo sabe que es falso. Cuando proponen, tajantes, en el artículo 11.4 que los ayuntamientos no pueden tener déficit, todo el mundo sabe que el alcalde que más ha incumplido ese precepto está sentado en el Consejo de Ministros; cuando en el artículo 13.1 afirman que las Comunidades Autónomas no pueden superar el 10% de deuda, todo el mundo sabe que la que más incumple ese ratio, la valenciana, lleva 16 años gobernada por el PP. El problema de ese adanismo irreal es que le quita credibilidad al conjunto de la propuesta; como la fe del converso, que para purgar sus pecados se muestra exagerada, tiene dos riesgos: que se intente cumplir y que no se intente. Para detallarlo, veamos en que se concreta tanto en la transición hasta 2020 como después.

En la transición se plantean restricciones a manta, que diría el castizo, sin importar mucho que sean contradictorias entre sí. Da la sensación de que los conflictos de competencias latentes en el nuevo Ejecutivo se han manifestado en este Anteproyecto, donde cada uno ha dejado caer su idea en un artículo, sin importar mucho que el de al lado haya dicho otra cosa. Veamos. El punto b de la disposición transitoria primera fija una regla de convergencia lineal del déficit estructural, a razón de 0,8 puntos por año, lo que nos llevaría al equilibrio estructural en 2020. Esto es una apuesta clara, pero incompatible con la del punto a de esa misma disposición transitoria, que fija otra regla, que se olvida de la descomposición del déficit en sus componentes estructural y cíclico y fija que la deuda debe bajar dos puntos siempre que el PIB crezca dos puntos. Incluso en ese mismo apartado se atreven a imponer una versión dura de ese mismo tipo de regla simple, que impone reducción de la deuda para cualquier tasa de crecimiento positiva. Por ejemplo, si conseguimos un crecimiento del 0,5% en 2013, incapaz de generar reducciones del paro y claramente por debajo del potencial, no es que tengamos que ajustarnos a un menor déficit estructural (porque va convergiendo a 0) y a un menor déficit cíclico (porque seguimos en la fase baja del ciclo, pero menos), sino que habría que bajar directamente la ratio de deuda. Ello implica que cualquier atisbo de recuperación económica será severamente abortada con una política severamente contractiva, que actuará como espada de Damocles, lo que de hecho imposibilita la recuperación.

El origen diverso y disperso que subyace a este intento de presentarse en Bruselas con los deberes hechos se aprecia claramente cuando se define, en el artículo 3.2, estabilidad presupuestaria directamente como saldo nulo o positivo de las cuentas: esto, más que estabilidad, es un corsé que desestabiliza a toda la sociedad, y es además contrario a todo lo acordado, en Europa, en la reforma constitucional y en el conocimiento económico. No encaja tampoco con buena parte de los artículos que se apoyan en la distinción entre los componentes cíclico y estructural del déficit para asumir que si cuando el sector privado deja de gastar, el sector público hace lo mismo, no sólo no sirve para estabilizar la economía, sino que agrava sus problemas.

España necesita una senda creíble de consolidación fiscal que no deje las tareas para mañana, pero que no pretenda correr más de la cuenta y asfixiar la economía con esfuerzos contraproducentes. Sobre esa senda se dieron pasos importantes en la legislatura pasada, en transparencia con la publicación trimestral de la ejecución presupuestaria de todas las administraciones y en consenso con la reforma constitucional. Sería conveniente que se continuasen esos esfuerzos con los cambios que el nuevo Gobierno considere oportunos, pero sin que el afán rupturista pretenda esconder los errores propios del pasado y el enorme descontrol del presente bajo una estrategia equivocada que puede ensombrecer todavía más nuestro futuro inmediato.

Pedro Saura y Diego Peñarrubia son profesores de Análisis Económico de la Universidad de Murcia.