Guindos: "La reforma laboral va a ser extremadamente agresiva"

El Gobierno tiene claro que va a levantar ronchas con la reforma laboral. Hace nueve días en Bruselas era el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien lo admitía ante un micrófono indiscreto que recogió sus palabras cuando conversaba con su homólogo finlandés: “La reforma laboral me va a costar una huelga general”. Ayer, en la misma ciudad, fue el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien lo hizo hablando con el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. “Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y va a ver extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reduciendo la indemnización por despido”. Horas después fuentes de Economía matizaron que el ministro quería decir que la reforma iba a ser “extremadamente agresiva en la lucha contra el paro”.

Ante los periodistas, Guindos había sido mucho más moderado. “Es una reforma laboral completa”, declaró, usando el mismo adjetivo que sus compañeros del Ejecutivo, “que yo creo que va a la raíz de los problemas del mercado laboral español”. Cuando pensó que no había micrófonos se soltó el corsé.

El Ejecutivo sabe que las medidas que aprueba hoy van a levantar las iras de los sindicatos. Reducir la indemnización por despido siempre lo hace. Esa es, como confirman las palabras de Guindos, la intención del Gobierno. Así se explican las confesiones de Rajoy en Bruselas y la poca información que ha trasladado el Ministerio de Empleo a los sindicatos y los empresarios hasta ahora. Para rebajar el coste del despido, la ministra Fátima Báñez ha elegido una doble vía. Por un lado, ha decidido que los contratos ordinarios con 45 días de indemnización por año trabajado en caso de despido improcedente pasen a ser una excepción, y que la norma sean los de 33 días, ahora llamados de fomento de la contratación indefinida. La reforma laboral de 2010, la del Gobierno de Zapatero, ya lo intentó. Pero visto que el contrato ordinario sigue siendo el más usado, se puede concluir que fracasó.

También la reforma de 2010 buscó reducir el coste del despido (uno de los problemas del mercado laboral español, según los organismos internacionales) abriendo la puerta a la vía más barata para rescindir un contrato, la procedente. Y ahora el PP va a profundizar en esa vía, según apuntan varias fuentes conocedoras de la reforma que aprueba hoy el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Empleo acotará más el poder de los jueces para decidir sobre despidos

Para lograrlo basta con que se amplíe el abanico de causas previstas en la ley para recurrir al despido justificado, como hizo Zapatero al permitir despidos por pérdidas previstas en el futuro. Así se acota el poder del juez para decidir si un despido es procedente (20 días por año trabajado) o no (45 o 33 días, según el tipo de contrato), apuntan también fuentes gubernamentales. Estas fuentes confirman que el Consejo de Ministros aprobará hoy un decreto ley. Así la reforma entrará en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque luego en el trámite parlamentario pueda sufrir cambios.

El decreto también hará otros cambios que levantarán la oposición sindical, entre ellos la supresión de la autorización de la autoridad laboral de los despidos colectivos (expedientes de regulación de empleo). Ahora el visto bueno de la Administración es preceptivo para que el ERE salga adelante. Esto conlleva negociaciones entre empresarios y sindicatos que suelen traducirse en un aumento de las indemnizaciones que contempla la ley (20 días por año trabajado). La supresión de este paso supone, de forma indirecta, otra rebaja en el coste del despido.

Tanto esta última medida como las anteriores son demandas históricas de la patronal CEOE que los sindicatos rechazan, por lo que el enfado de estos últimos está garantizado. De hecho, las centrales de trabajadores ya están muy molestas por la actitud del Ejecutivo, que no les ha consultado e informado sobre los detalles del texto, como se ha hecho en otras ocasiones. Esto último también lo confirma la patronal, donde no gustan los cambios que va a hacer la reforma en la estructura de la negociación colectiva, dando primacía absoluta a los convenios de empresa. Sí que agrada, en cambio, la intención de limitar la prórroga automática de convenios.