La ley ómnibus borra la ley y el consejo de Política Industrial

Derogadas. El borrador de ley de simplificación de trámites del Gobierno catalán, la ley ómnibus, elimina la Ley de Política Industrial y el Consejo de Política Industrial. La ley es de 2009 y el consejo de 2010 y son instrumentos creados para la reactivación económica del sector más castigado de la economía catalana. La eliminación se produce en un contexto muy adverso para el sector, tal y como el mismo director general de Industria, Joan Sureda, recordaba la semana pasada en una conferencia en el Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC): el peso de la industria ha caído 8,2 puntos sobre el PIB en una década, el paro en el sector alcanza un 18%, las inversiones caen y en tres años ha desaparecido un 10% de las empresas.

Fuentes del Departamento de Empresa y Empleo, del que dependen las políticas industriales, defienden la derogación porque, aseguran, se trata de una ley que constituye únicamente "una gran declaración de principios" en un sector donde "ya existen directivas europeas reguladoras". El departamento ve la norma "intervencionista" y recuerda que la ley ómnibus mantiene la agencia de promoción Acció y el consejo de relaciones laborales, reconocido como útil por patronales y sindicatos. Se trata, resumen las mismas fuentes, "de un cambio de enfoque" en un sector cuyas políticas, sostienen, deben hacerlas las mismas industrias.

La derogación de la ley y el consejo ha sido recibida como un mazazo por los sindicatos, que recuerdan que nacieron del Acuerdo Estratégico, una hoja de ruta con un centenar de medidas para la reactivación económica que Gobierno, patronales y sindicatos acordaron en 2008. "Se pasa de la política industrial a la política digital", manifestó ayer el secretario de política sindical de UGT, Camil Ros: "no se cuenta con los agentes sociales y las políticas o los asesores se decidirán a dedo". La portavoz de CC OO, Dolors Llobet, consideró que la Generalitat "busca eliminar organismos de participación". "Es volver a la época del presidente Jordi Pujol, que decía que la mejor política industrial es la que no se hace", coincidieron Ros y Llobet. Pimec y Foment del Treball declinaron comentar las derogaciones, a la espera de estudiar con detalle el conjunto de la ley de simplificación y qué otras afectaciones tiene para sus instituciones.

El exconsejero de Innovación, Universidad y Empresa, Josep Huguet (ERC), impulsor de la ley que se quiere derogar, se mostró enojado on la "obsesión desmanteladota" del actual Gobierno. "Fue una ley pionera que obligaba a hacer planes estratégicos, a planificar y pactar entre las partes interesadas... en industria no puedes cambiar cada cuatro años, las políticas piden continuidad", concluyó. El diputado del PSC Jaume Collboni, cuestionó "que el Gobierno tenga política industrial" y aseguró que "todo lo que ha hecho, como el plan estratégico de la motocicleta, lo ha hecho a instancias del Parlament".