La Generalitat quiere recortar por ley las competencias del Conca

Torpedo a la línea de flotación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conca): su independencia. El flamante organismo creado con la idea de dotar a Cataluña de un ente similar a los anglosajones Arts Councils para fomentar y organizar la política de apoyo a la cultura y las artes con independencia del Gobierno y las coyunturas políticas podría quedar herido de muerte de prosperar el anteproyecto de ley de la Generalitat que lo despoja de buena parte de sus atribuciones. Según este texto, la Ley Ómnibus de simplificación y agilidad de la Administración, el Conca perdería una gran porción de su autonomía y su capacidad de otorgar subvenciones para quedar subsumido en el Departamento de Cultura. La iniciativa se enmarca en el proceso de reorganización y concentración de la Administración cultural pública que encabeza el consejero del ramo Ferran Mascarell. Fuentes del Conca no negaron la alarma que ha provocado en el organismo el anteproyecto, aunque recalcaron que, de momento, "nadie se está cargando el Conca" y que se están llevando a cabo conversaciones entre este y el Departamento de Cultura que han de modificar la futura ley. En el Conca son conscientes de que va a haber "algún cambio", pero se juzga la sumisión a Cultura incompatible con el espíritu fundacional. De prosperar la ley que lamina el Conca, "dimitiría todo el mundo" en el ente.

La oposición teme que el Ejecutivo aproveche para eliminar controles

El proyecto de articulado de la ley de simplificación administrativa prevé la derogación de la ley del Conca, así como cambios sustanciales o derogaciones de un centenar de normas legales. El objetivo del Gobierno de CiU es acabar con organismos que frenan el crecimiento económico o que dificultan los trámites administrativos. Con esta intención se modifican sustancialmente las leyes que afectan a la Biblioteca de Cataluña, al Archivo Nacional y el Museo de Historia. Más allá del ámbito cultural se modifica el reglamento de obras de los entes locales, se aplican cambios en la Ley de Urbanismo y se flexibilizan las normas para constituir asociaciones además de establecer sustanciales modificaciones a los requisitos para abrir instalaciones turísticas. Además, se modifica la ley de la Agencia Catalana del Agua con el objetivo de abrir nuevas vías de financiación.

La oposición teme que esta ley sea un coladero de todo tipo de iniciativas del Gobierno para desregular algunos sectores y dejar desprotegido al consumidor final.